* La tortura en tiempo real ocurre bajo la complacencia del Estado

* El informe de Diego: vivir en el metaverso y la realidad alterada

* Agripino: del reclamo de justicia a la autopromoción

1.- Feministas torturadas dentro de los muros de la presidencia de Irapuato

Lo que ocurrió el domingo primero de mayo en Irapuato no fue, de ninguna manera, un asunto menor. La alcaldesa Lorena Alfaro, el secretario de seguridad, Víctor Armas y los mandos directos de la corporación tienen grave responsabilidad en lo ocurrido.

Los actores políticos del municipio y del estado, oficialistas y opositores, no le han dado la debida dimensión a la gravedad de los hechos acontecidos después de que concluyó la marcha y la redada represora.

Después del choque de las policías contra las manifestantes, 28 mujeres, cinco de ellas menores de edad, y un varón, sufrieron retención al interior de la presidencia municipal donde se les sometió a maltrato físico y sicológico sin ninguna justificación legal, con lo que se incumplieron los estándares del debido proceso y los protocolos nacionales e internacionales de respeto a los derechos humanos.

Fue una verdadera venganza personal de las integrantes de la “policía de género” del municipio de Irapuato, contra las integrantes de colectivas feministas pero también contra personas que nada tenía que ver con la protesta y que tuvieron el mal tino de estar en la zona centro de Irapuato cuando se desató la represión.

Los hechos del 1 de mayo en Irapuato fueron más graves que la acción directa ocurrida contra las integrantes de colectivos de buscadoras el 10 de julio de 2020, donde la carga policial para impedir la toma de una carretera provocó la fractura de un pie de una joven y la detención de 4 mujeres; tampoco se equiparan con la represión desatada el 22 de agosto de ese mismo año en León contra una manifestación en contra del violencia sexual de elementos policiacos contra una joven, Evelyn, donde la detención de una veintena de mujeres con lujo de violencia, con todo y lo grave que fue, quedó solo en ese episodio.

En Irapuato se dio una acción concertada que no puede ser ajena a a una complaciente tolerancia de los mandos superiores, para someter por al menos 3 horas a las detenidas a una violenta sesión de terror sicológico, amenazas, golpes y vejaciones ocurridas en el patio de la presidencia municipal, justo en el lugar que debe ser la casa de la civilidad y del respeto a la ley por tratarse de la sede de un gobierno electo democráticamente.

El símbolo es ominoso y contrasta poderosamente con la declaración de la alcaldesa Lorena Alfaro esa misma noche, cuando aseguró que no se tendría tolerancia con quienes violan la ley, justo cuando a unos metros de donde ella grababa el mensaje estaba ocurriendo una flagrante violación a la ley por parte de la misma policía de género “debidamente capacitada” según decían la alcaldesa y su jefe policiaco, para empatizar con las mujeres que sufren violencia.

Fue una actuación ilegal del gobierno municipal que, incluso si se justificaran las detenciones por los daños efectuados en las instalaciones del municipio, quedarían invalidadas por la indebida actuación de los uniformados.

Sencillamente fue una venganza, algo que vulnera de forma absoluta la calidad moral de una institución pública y la deja en calidad de actor faccioso y no de autoridad.

Sin embargo, son pocos los que han reparado en ese hecho y peor aún, han venido respaldos institucionales a la actuación de la alcaldesa, como el que manifestó el gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez, quien ni siquiera tuvo la menor empatía para mencionar los hechos de violencia contra los jóvenes en su informe de gobierno, como si no pasara nada.

Al otorgarle su apoyo político a Alfaro, el gobernador está convalidando las violaciones legales y de derechos humanos practicados por la policía de Irapuato, pues ni siquiera hizo un deslinde.

Y aunque el cuestionado procurador de los derechos humanos de Guanajuato, Vicente Esqueda, ya descubrió que la ley le permite abrir carpetas de quejas de forma oficiosa, sin embargo, su filiación panista hace que subsistan las dudas sobre su actuación. Esqueda es cónyuge de la secretaria general del PAN, Rosario Corona, cuyo dirigente, el irapuatense Eduardo López Mares, ya salió a respaldar a Lorena Alfaro y a señalar que “la marcha estuvo infiltrada” y a denunciar “las lesiones de las policías”, cuando en ningún video de los que se conocen se ha apreciado a manifestantes agrediendo a policías, cuya superioridad numérica era total.

El PAN nacional ha cuestionado con dureza y con razón la criminalización de las protestas feministas en la ciudad de México. El hacer lo mismo en Guanajuato, donde gobiernan sin contrapesos, dejaría en claro que esa postura es solo oportunismo político.

Este caso dará aún muchas lecciones y tendrá consecuencias políticas en el futuro inmediato.

2.- Propaganda sin gobierno: la baja marginal de homicidios como logro

Con poco que anunciar como logros del gobierno en el cierre de su tercer año, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, no obstante que retraso dos meses su informe, acabó nutriendo la rendición de cuentas con promesas de mejor futuro, obras por realizar y mercadotecnia poco eficaz.

Uno de los anuncios que llamó la atención, y que fue colocado en espectaculares por todo el estado, fue esa especie de campeonato mundial al revés derivado de ser el estado donde se ha registrado “la mayor reducción de homicidios”. Se trata, por donde se le vea, de un genuino autogol.

En el país ha venido descendiendo la tasa de homicidios y Guanajuato no es la excepción, si la disminución porcentual es mayor aquí es por las altísimas cotas que se alcanzaron a partir del 2018, llegando al punto máximo en el 2020.

Es decir, tras la violencia homicida derivada de la inacción del gobierno de Miguel Márquez y de la incompetencia mostrada por los funcionarios del área de seguridad Alvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa, que ahí siguen tan campantes, el que hoy los homicidios regresen no a los niveles de 2016 o 2017, sino a los del 2018, es un logro para este gobierno tan carente de ellos.

Si se toma las cifras del Sistema Nacional de Seguridad de los primeros trimestres de cada año, 2022 registra 766 asesinatos, superiores aún a los 741 de 2018 y más del doble de los registrados en 2017, cuando apenas se cometieron 322 homicidios dolosos.

El logro que Diego presumió en su despliegue de propaganda es la baja de 2021 que situó en 3,516 el número de homicidios dolosos, mil abajo de los 4,490 de 2020. Sin embargo, el dato se equipara con las 3,540 víctimas del 2019 y está por encima de las 3,290 del 2018 y más del doble de las 1,423 del 2017.

Como se puede ver hay muy poco que festejar, pero además el presumir en espectaculares esa “marca” del primer lugar “en reducción” resulta una absoluta falta de respeto a las víctimas de homicidio doloso y a sus familias; a las colectivas de buscadores que siguen batallando con la escasa disposición de Zamarripa y su séquito de funcionarios; y a los ciudadanos de Guanajuato que en buena parte de los municipios siguen sobresaltándose cotidianamente con los hechos de sangre que tiñen sus calles.

Por cierto, marzo de 2022, el mes en que debió realizarse el informe pospuesto por la veda electoral, regresó a las cifras altas registradas en el año terrible de 2020: 413 homicidios dolosos.

Alguien debe detenerse a explicarle a Diego Sinhue que gobernar no tiene nada que ver con romper récords o subirse a podios, tampoco con ser popular a golpes de inversión publicitaria, ni con posar como artista de la televisión.

Gobernar es algo mucho más serio y sobrio que esa parafernalia pueril y ese deseo de sobresalir, aunque no haya los merecimientos para ello.

3.- Agripino vuelve a chocar con la colmena por su excesivo protagonismo

Empujado por su endeble circunstancia, por la mala imagen que tiene entre el estudiantado y por sus ansias de sobrevivir políticamente, el rector de la Universidad de Guanajuato pasó de una legítima preocupación a un excesivo protagonismo en el caso de Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante asesinado por el disparo de un miembro de la Guardia Nacional.

Su presencia en la marcha de los estudiantes de Ciencias de la Vida del campus Irapuato de la UG, el jueves 28 de abril, estaba plenamente justificada y fue arropada por los estudiantes.

Sin embargo, en la manifestación del martes 3 de mayo en la capital, justo donde se encuentra el núcleo estudiantil más crítico, la presencia de Agripino distó mucho de ser natural: envió a funcionarios y empleados de la rectoría a “producir” la protesta, empleó drones y transmitió la marcha en vivo con la infraestructura universitaria, en lo que se dejó sentir como un afán protagónico del rector.

De no haber sido por la madre de Ángel Yael, quien con gran templanza calmó los ánimos y bajo cuyo discurso se agazapó el rector Agripino, los reclamos hubieran subido de tono como ya empezaba a pasar.

En muchos universitarios queda la sensación de que Agripino no se limitó a encabezar una indignación colectiva como era su obligación, sino que al pasar de los días, lo vio como una posibilidad de recuperarse políticamente tras el descalabro que aún arrastra por el paro del 2019.

El rectorado del penalista silaoense ha entrado en su recta final y su paso por la universidad está marcado por el oportunismo, el lucimiento personal, el despilfarro de los fondos universitarios y la desconexión total con la base estudiantil.

Manejar los relevos de los campus y su propia sucesión pueden ser asuntos explosivos de proseguir esa ruta de choque entre las necesidades crecientes y desatendidas de la comunidad extendida de la universidad y el arrogante patrimonialismo de su burocracia dorada.