* La muerte de Ángel y el espectáculo de los políticos guanajuatenses

* Patrullas que no andan, fiscal que no investiga, gobernador que no gobierna

* La ultraderecha del PAN se atrinchera en el Congreso

1.- Ni policía ni guardia nacional cuidan a ciudadanos y todos se lavan las manos

El asesinato del estudiante de la Universidad de Guanajuato Ángel Yael Ignacio Rangel a manos de un elemento de la Guardia Nacional, y las lesiones causadas a Edith Alejandra, otra estudiante, como suele ocurrir con eventos altamente traumáticos para la comunidad, exhibieron de nuevo la precariedad de los políticos y los responsables de la seguridad y de la persecución de los delitos en Guanajuato.

Con oportunismo y volviendo mediático su presunto duelo y su preocupación, las instancias locales se volcaron a las redes sociales para lamentar el trágico suceso ocurrido en la comunidad del Copal, donde se ubica el campus de la División de Ciencias de la Vida de la Universidad de Guanajuato.

Como desde el principio se viralizó la responsabilidad de la Guardia Nacional en el injustificado ataque a los estudiantes, los políticos panistas de Guanajuato no tuvieron empacho en salir a condenar, a exigir justicia y prometer esclarecimientos.

Diego Sinhue Rodríguez, Lorena Alfaro, Libia García, Juan Carlos Romero y muchos más hicieron patente su consternación y repudio en las redes sociales, lo que desde luego no está mal. Sin embargo, las acciones que deberían seguir a la manifestación de duelo, para sancionar y prever la no repetición de la indebida actuación de un cuerpo de seguridad que en lugar de traer paz genera violencia contra la sociedad, dejaron mucho que desear.

Hasta el lento y omiso procurador de los derechos humanos, Vicente Esqueda, recordó que existen las aperturas de quejas de oficio y velozmente abrió una que solo tendrá el destino de ser turnada a la instancia nacional.

El gobernador se apresuró a declarar que la presencia de la Guardia Nacional y del ejército seguirá en las calles de Guanajuato, ante la carencia de policías municipales confiables. Sin embargo, no se sabe que en ningún municipio del estado se esté trabajando para depurar y fortalecer a esas corporaciones.

Esta misma semana nos enteramos por la Comisionada de Seguridad, Sophia Huett, que los ataques a agentes municipales ocurren por filtraciones desde los centros de comando, control y comunicaciones (C4) de los propios municipios, dependientes de los secretarios de seguridad. Rápidamente fue desmentida por Alejandra Gutiérrez y Alejandro Navarro, mostrando que ni entre los políticos locales del mismo partido se ponen de acuerdo.

Sinhue ha sido de los gobernadores que más apoyos han demandado al gobierno federal para la militarización de la seguridad, ante el panorama desastroso generado por el auge de los homicidios dolosos en Guanajuato, que apenas vieron una ligera disminución en 2021, insuficiente para tranquilizar a la población, pero suficiente para presumirla con bombo y platillo en decenas de espectaculares con motivo del cuarto informe de gobierno.

Que Guanajuato sea “el primer lugar en disminución de homicidios” en 2021 solo nos habla de la monstruosa cantidad de crímenes que ocurrieron en Guanajuato en los años anteriores. La entidad ni siquiera ha bajado al número 2 en número de asesinatos y la disminución refleja la ocurrida a nivel nacional. Definitivamente, no es algo para presumir.

La precisión del fiscal Carlos Zamarripa de que el guardia nacional entregado al ministerio público de su dependencia sería entregado para su procesamiento a la Fiscalía General de la República por tratarse de un servidor público federal, deriva de un tecnicismo legal muy conveniente para lavarse las manos y evitar garantizar la exigencia de justicia de los familiares de Ángel y de los universitarios.

La debilitada estructura legal de la FGR en Guanajuato ha sido constantemente denunciada por su ineficacia y su corrupción, asimismo funciona casi como una extensión de la Fiscalía Estatal cuando les conviene.

Este mismo sábado se pudo conocer que el elemento de a Guardia Nacional que disparó contra Ángel Yael había quedado en libertad por disposición de un juez federal. El rector de la UG posteó un reclamo en sus redes al que le debería seguir una impugnación legal apoyada por la institución a la que le sobran los expertos en la materia penal.

El reclamo de Luis Felipe Guerrero Agripino, quien tras la dura lección del paro de 2019 no tuvo de otra que acompañar las marchas y salir a dar la cara por la indignación de los universitarios, se quedará trunco si todo lo reduce a lo mediático y no toma posturas de fondo para que el caso camine en las instancias federales y no quede impune. Su condena abstracta a la militarización de las tareas de seguridad parece un tanto demagógica si solo se reduce a la declaración ocasional y no a una política de profundidad para ofrecer paz en los campus y no solo frente a las amenazas externas.

Ya hace tres años surgió la demanda de seguridad por los delitos de que eran víctimas los estudiantes de campus periféricos a los centros urbanos como los de Irapuato y Salamanca e incluso los de la capital del estado. La pandemia abrió un paréntesis sobre esos reclamos, pero el regreso a clases los traerá de vuelta y el rector no puede limitarse a acciones reactivas o a la simulación si no quiere provocar que la comunidad estudiantil, que vuelve a mostrarse enérgica y solidaria en sus planteamientos, le reclame su inacción.

Hoy, el presunto asesino de un estudiante es un elemento de un cuerpo federal y las exigencias irán justificadamente contra ese nivel de gobierno. Pero si las autoridades locales, estatales y universitarias no toman en serio acciones para que se sancione el delito flagrante y se prevea la no repetición, la indignación se volverá en su contra.

Quede ahí como señal inequívoca de la falta de entendimiento del momento que se vive, la puerta cerrada de la casa municipal de Irapuato para impedir la entrada a una manifestación pacífica de jóvenes. Quede ahí la ausencia de la alcaldesa Lorena Alfaro, por estar de viaje internacional para “promover el turismo”, mientras en el municipio que gobierna asesinan policías y estudiantes.

La Guardia Nacional está cuestionada por estos políticos, aunque la avalaron en su momento. Sin embargo, no pueden prescindir de ella porque está haciendo el trabajo que sus policías no pueden hacer y en los que tampoco confía la población. Es el peor de los mundos y todo se reduce a un debate de declaraciones sin que nadie orqueste una sola acción para cambiar el estado de cosas.

Pero, eso sí: vivan los informes, las campañas mediáticas y los viajes al extranjero, mientras la realidad se derrumba cada día a zonas más profundas de barbarie e inestabilidad.

Dijo el clásico: no entienden que no entienden.

2.- Las patrullas de postín y la mentira como herramienta de gobierno

Una y otra vez hemos señalado desde estas líneas que a los actuales gobernantes de Guanajuato no les interesa el rumbo del estado, la atingencia de sus políticas públicas ni la evaluación y posible corrección. Les interesa, solamente, la simulación: los likes en las redes sociales y la popularidad ansiada y nunca alcanzada en las encuestas.

Hoy no hay que especular demasiado, pues los hechos mismos los desnudan y obligan a que lo confiesen.

Tres años después de aquella campaña para tratar de limpiar la imagen de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, en la cual se utilizaron vehículos de lujo decomisados por la Fiscalía para convertirlos en superpatrullas, nos enteramos gracias a una investigación periodística del diario Correo, que los caros artilugios, potenciados por campañas en medios y elogios de la prensa adicta al gobierno, no circularon más que unas cuantas decenas de kilómetros.

Diego Sinhue Rodríguez, convencido por Sophia Huett, avaló esa mentira. Su equipo de prensa y relaciones públicas subió videos a las redes y hasta utilizaron al piloto de rally Benito Guerra para darle cuerpo a la falsedad.

El uso de las “superpatrullas” fue sumado a la “estrategia” denominada “Golpe de Timón”, con la que Diego Sinhue pretendía justificar su decisión de ratificar a Carlos Zamarripa como procurador y propiciar su conversión en Fiscal, así como darle otros seis años en el cargo a Alvar Cabeza de Vaca.

Hoy, medio sexenio después, sabemos que las patrullas deportivas solo fueron una premeditada añagaza con fines exclusivamente propagandísticos. Sin embargo, lo que si es real es el estado catastrófico de la seguridad, la elevada impunidad y la generalización de las masacres, el asesinato de policías y la falta de respuestas de la autoridad.

Pese a ello, el gobernador no tiene el menor reparo en llamar a Carlos Zamarripa “el mejor fiscal del país”; este no tiene inconveniente en atacar a sus críticos, que son legión, en su mismísimo informe de actividades, donde todos sus resultados presumidos son desmentidos por la realidad cotidiana.

Diego y Carlos acaban de viajar a Washington para realizar acuerdos con la agencia de norteamericana de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, supuestamente para el rastreo de las armas con las que se cometen delitos en Guanajuato y así contribuir al freno a la inseguridad.

Quizás, en otros tres años, podamos enterarnos que se trata de una nueva fábula como la de las patrullas de postín y que esos acuerdos no caminaron ni siquiera unas decenas de kilómetros, porque solo eran para tomarse la foto y postear algunos tuits.

Para entonces será otro sexenio perdido en la construcción de la paz en Guanajuato y una clara evidencia de que Guanajuato carece, en estricto sentido, de gobierno, mientras sobran los publirrelacionistas que cobran como altos funcionarios.

3.- Congreso contra ciudadanos: panismo radical y sectario saca la cabeza

Llevando de cabús a 3 de los 4 diputados del PRI, Alejandro Arias, Ruth Tiscareño y Gustavo Adolfo Alfaro, la mayoría panista del Congreso del Estado decidió litigar la sentencia de amparo favorable obtenida por el colectivo Amicus para obligar a ese órgano a la asignación de recursos públicos destinados a garantizar los derechos de la diversidad en sexual en Guanajuato.

Lejos de propiciar un acercamiento con los activistas, de dialogar y escuchar sus puntos y observaciones, el Congreso anunció por medio del secretario general el panista Christian Cruz, un recurso de revocación.

Se trata de un ente que se ha querido pintar a si mismo como parlamento abierto y que en algún momento se autodenominó como la casa del pueblo, peor que hoy parece responder solo a las visiones más radicales y sectarias de la ultraderecha panista y su visión reduccionista de la realidad.

Luis Ernesto Ayala va así en sentido contrario de políticas públicas auspiciadas por el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez, como el reconocimiento burocrático a los matrimonio igualitarios, algo que el propio gobernador o se animó a anunciar por su cuenta sino que envió para ello a la secretaria de gobierno, Libia Denisse García.

Resulta muy significativo que una de las escasas materias en las que se aprecia discrepancia entre los poderes públicos de Guanajuato, de ordinario alineados a niveles de ignominia, sea en el espacio de los derechos humanos.

La situación habla de pugnas en el PAN profundo, pues habría que recordar que Christian Cruz fue secretario particular de Miguel Márquez Márquez, el ex gobernador que sigue activo en la vida pública y a quien muchos observadores de la política local identifican ya como el actual jefe del Yunque, el ala ultraderechista del PAN en Guanajuato.

Hace algunas semanas y justo como reacción a la validación de los matrimonios de personas del mismo sexo por medio de una circular administrativa de la secretaria de gobierno, María Eugenia de Márquez, ex primera dama del estado, apareció para anunciar una fundación de defensa de “los valores familiares”.

¿Se avecina una guerra entre panistas ultra y liberales? No sería descartable, sobre todo en el marco del proceso de selección del candidato de ese partido a la gubernatura.

la parte cómica de esta historia es la de ver a la actual dirigencia priista, encabezada por una potosina recién llegada al estado y un diputado que cotiza sus lealtades en metálico, como apéndice el ala más conservadora del PAN.

Siempre se pueden alcanzar cotas mayores de indignidad cuando vas cuesta abajo en tu rodada.