Arnoldo Cuellar

DÍAS DE GUARDAR Domingo 26 de septiembre de 2021

In Análisis Político, Días de Guardar, POPLab on septiembre 26, 2021 at 12:53 pm

* Zamarripa y su «verdad histórica» hacen agua

* Libia García descuida la elección de notarios auxiliares

* Se instala la Santa Inquisición en el PAN de Guanajuato

Arte: @PincheEinnar

1.- El fiscal no convence, pero el gobernador le aplaude

Sin duda se esforzó y aplicó a su vasta estructura, pero no fue suficiente. La explicación del fiscal Carlos Zamarripa de cómo se construyó el atentado y su explicación sobre el móvil, provocaron una andanada de descalificaciones, memes y un generalizado escepticismo.

Lo que se aprecia es una verdad a medias construida sobre la base de tortura, intimidación y algo de tecnología, nada nuevo bajo el sol tratándose del fiscal de Guanajuato.

Tal y como ocurrió en los homicidios de Juan Antonio Acosta Cano y de Alma Barragán Santiago, donde rápidamente se detuvo a los sicarios que apretaron los gatillos, pero nada se dijo de los autores intelectuales y de las motivaciones políticas, esta vez también se nos está contando una historia parcial.

En los tres casos, y no parece casualidad, aparecen políticos provenientes del PRD involucrados en las situaciones.

En el caso de Juventino Rosas, junto con el sicario fue detenido el director de vialidad del municipio gobernado por el líder moral de lo que queda del Sol Azteca en Guanajuato, Serafín Prieto Álvarez. El funcionario no fue imputado por el homicidio de Acosta Cano, sino que fue entregado a la FGR por posesión de drogas, armas y dinero en efectivo, de su suerte nada se sabe al menos oficialmente.

En Moroleón, el asesinato de la candidata de Movimiento Ciudadano ocurrió cuando punteaba en las encuestas y amenazaba la hegemonía del grupo político encabezado por el alcalde con licencia Jorge Ortiz Ortega, dos veces gobernante por el Partido de la Revolución Democrática, pero contendiendo por el PAN a una diputación local en la pasada elección.

Ahora, el bombazo de Salamanca, que cobró dos vidas, tiene a una tercera en peligro e hirió a 3 más, ha sido atribuida por la fiscalía a un matrimonio uno de cuyos integrantes es hijo y hermano de políticos del PRD, vinculados al mismo grupo político, el que lideró por lustros Fernando Arredondo y que heredó Hugo Estefanía.

La vinculación entre robo de combustible, auge del Cártel de Santa Rosa y gobiernos municipales perredistas no parece casualidad. De esto nada dicen las investigaciones de Carlos Zamarripa quien seguramente conoce muy bien lo que ocurre en esas zonas del estado gracias a sus juguetes tecnológicos como la grabación de llamadas, las cámaras en las carreteras y entradas de las ciudades.

Al tratar de explicar el bombazo de Salamanca por una querella personal, hablando imprecisamente de millones de pesos y creando una historia de fantasía con solo algunas piezas de un vasto rompecabezas, el fiscal de Guanajuato ha fortalecido la incredulidad de la opinión pública y ha arrastrado al gobernador a un nuevo descrédito.

La trama de poder político, crimen, negocios financiados ilegalmente y, al final, impunidad, sigue oculta, quizás porque Carlos Zamarripa tiene sus propias razones para no develarla.

Al avalarlo y felicitarlo tan desaforadamente pese a lo débil de sus hipótesis, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez se hace cómplice del deterioro de la paz de Guanajuato.

La gran pregunta es si lo hace por propia voluntad o porque no tiene opción, frente al entramado de intereses que sostienen su gubernatura y que no lo dejan tomar decisiones ni en defensa propia.

2.- Notarios auxiliares, los puros cuates

Le pasó a Libia Denisse García Muñoz Ledo lo mismo que ya le había ocurrido a su antecesor Luis Ernesto Ayala: realizar un proceso viciado y opaco para resolver la asignatura pendiente de atender la carencia de notarios públicos que afecta a Guanajuato.

Ocurre que los secretarios de gobierno, cada vez más disminuidos por el recorte de funciones a la dependencia, ahora tampoco pueden intervenir mucho en esta área ante el poder que ostentan notarios influyentes con vastas conexiones políticas.

Antes era Jorge Arturo Zepeda, hoy el líder moral del notariado es Luis Mariano Hernández Aguado, quien hizo sentir su poder al colocar a su hermano como el representante del colegio de notarios en el jurado que presidió el otorgamiento de fiats de notarios auxiliares y que resulto un verdadero fiasco.

Cinco nuevos notarios auxiliares, todos con conexiones con funcionarios poderosos, familiares, laborales y políticas, hicieron explotar el proceso y generaron la inconformidad de la mayor parte de los postulantes, aún soterrada por los temores a las represalias que siempre paralizan a este gremio.

Notable ha sido la tibieza con la que ha actuado el Colegio Estatal de Notarios, a cargo del celayense Alejandro Lara, que no ha tenido hasta el momento de redactar estas líneas, ningún posicionamiento al respecto.

El colmo de colmos es que uno de los beneficiados con designación de notario auxiliar es Arturo Reyes Pérez, cuya esposa es Ana Victoria Torres Martínez, directora de notarías del gobierno del estado.

Otro de los agraciados es Jorge Arturo Zepeda Padilla, hijo de Jorge Arturo Zepeda Orozco, presidente del Colegio de Notarios de León.

El problema es que nadie sabe bien a bien como se calificaron los exámenes, no hay posibilidades de apelar el resultado y pedir una revisión de resultados y se ha generalizado la sospecha de que hubo algún tipo de manipulación a través de la plataforma en la que se realizó la prueba.

La situación no abona a la muy buena impresión que ha venido causando Libia Garcia como representante de una renovación generacional en el PAN y la primera mujer secretaria de gobierno y dueña de una probada experiencia legislativa.

Lo delicado es que el otorgamiento de estas licencias auxiliares era una especie de ensayo para proceder a emitir nuevas patentes notariales que vienen haciendo mucha falta en el estado, después de 20 años de sequía de permisos.

El resultado de este proceso no abona el terreno para esperar juego limpio en la solución de ese reto.

3.- «Deslealtad democrática» el delito que el PAN atribuye a Carlos Arce

Los nuevos Torquemadas panistas, encabezados por Román Cifuentes y Eduardo López Mares, líderes saliente y entrante del PAN, consideran que realizar críticas a un candidato panista que evidentemente ha incurrido en conductas lesivas de la convivencia social, constituyen «deslealtad democrática» y ameritan sanción.

Haciendo lo mismo que critican en Andrés Manuel López Obrador, los jerarcas panistas de Guanajuato parecen considerar que el ungimiento de un candidato por su partido automáticamente los purifica y los convierte en dechados de virtudes, de tal manera que quien se atreva a criticarlos incurre en falta, que se agrava si es integrante del partido.

Con su intento de expulsar a Carlos Arce Macías, cuadro histórico del PAN en Guanajuato y líder de opinión, el panismo está mostrando su peor cara: la de la intolerancia y la incapacidad para el debate democrático.

Resulta hasta cómico que el delito cometido sea el de «deslealtad democrática», todo un contrasentido, cuando la democracia es sobre todo discusión y contraposición de ideas.

Naturalmente, todo se explica cuando se conoce que el procedimiento viene impulsado por el entorno del propio Alejandro Navarro un político dicharachero al que lo que se le da mejor es hacer videos cómicos en las redes sociales. Bien se puede entender que allí no haya espacio para la confrontación de ideas y el debate ilustrado.

Que Navarro quiera expulsar a Carlos Arce, uno de sus críticos más consistentes en la capital del estado, no extraña. Que el costo político de esa aventura autoritaria lo vaya a asumir el nuevo dirigente panista López Mares, puede ser un grave error, del cual no tendría necesidad una dirigencia cuya mayor encomienda es gobernar la sucesión del 2024 y reunificar al panismo.

El proceso no será sencillo, ni silencioso, y sin duda terminará en el tribunal electoral del Poder Judicial Federal. Conoceremos los alegatos inquisitoriales de la dirigencia panista – yunquista de Guanajuato y los que defiendan el derecho a la libertad de expresión de Arce y de su abogado, el estudioso Juan Antonio García Villa.

El tema se volverá de corte nacional, pero aquí tendremos asiento de primera fila.

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