* Las campañas más violentas y más pobres de la historia

* Javier Barajas asesinado: las víctimas siguen solas

* Diego Sinhue sale de compras a escondidas

1.- Sin respuestas, partidos normalizaron la violencia

Como si no les importara, como quien oye llover, los tres niveles de gobierno y los partidos políticos minimizaron y, peor aún, normalizaron la violencia que se vivió en las campañas que cerraron esta semana en Guanajuato.

Si asesinaban a un candidato, lo urgente era buscar un sustituto. En ningún momento se vieron diálogos entre las fuerzas políticas y de estas con el gobierno para manifestar un rechazo abierto y contundente a la violencia.

La llegada de una nueva secretaria de gobierno, la primera mujer en ese cargo, no significó una diferencia, pese a la voluntad con la que arribó a la responsabilidad la panista Libia Denisse García. Al igual que su antecesor, solo vio y dejó pasar los acontecimientos.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez ni siquiera se ha reunido con los partidos, ni antes ni ahora, para todos los efectos lo que prevalece ahí es la incomunicación.

Sin embargo, su jefe político hasta la fecha, el ex gobernador Miguel Márquez, estuvo activo en las campañas impulsando candidatos panistas y, allí donde no los había, saqueando las exiguas reservas opositoras.

Esa actitud menos hace posible la existencia de un diálogo fluido.

Los partidos, además, se encuentran descabezados: el PAN tiene un jefe político de adorno que en los hechos solo resultó un testaferro del exgobernador; Morena se la pasó en disputas por el liderazgo, incluso con las campañas ya iniciadas; al PRI lo dirige una política de paso que no perdió oportunidad para agandallarse una chamba por tres años; el Verde tiene a su dirigente en su tercera campaña fallida en el municipio de León; Movimiento Ciudadano debió recurrir a un coordinador nacional para salir a protestar por el asesinato de su candidata en Moroleón, sin atreverse a pisar ese municipio.

En esas condiciones, ¿quién puede dialogar con quién?

Durante los años del auge del huachicol, de la guerra entre cárteles y del aumento de los asesinatos en Guanajuato, ningún partido tuvo la entereza para encabezar una política que convocara a la paz en Guanajuato. Ahora la violencia llega a sus filas y se muestran igual de inertes: lo ven pasar, no tienen ninguna postura al respecto.

¿Son esas instituciones las que buscan el voto para conducir los destinos de los municipios de Guanajuato y del Poder Legislativo del estado?

Sobra decirlo, no tienen en sus manos ninguna solución a nuestros problemas, aunque seguirán repartiéndose la riqueza que producimos todos sin devolver nada a cambio.

El problema, lamentablemente, es más grave que la disputa que nos han vendido de chairos contra fifís.

Y sus secuelas continuarán, pase lo que pase en la elección.

2.- La muerte de Javier Barajas, otro descuido del estado

El asesinato del joven abogado Javier Barajas Piña, hermano de la maestra Lupita cuya desaparición se convirtió en un caso emblemático a nivel nacional, nos viene a recordar de manera brutal que el fenómeno delictivo que convirtió a Guanajuato en un estado de entierros masivos sigue vivo entre nosotros.

Más allá de la triunfalista concepción del gobierno estatal, que tras la captura del Marro y la ocupación de Santa Rosa de Lima quiso cantar victoria y sacar bandera blanca en la guerra contra los grupos delictivos, la realidad es que no tenemos un estado de derecho funcional, que la autoridad se encuentra replegada y que la criminalidad sigue campeando impune en amplias zonas del estado.

Y es que la lucha contra la acentuada descomposición de la paz en Guanajuato no puede ni siquiera iniciarse si el estado no reconoce sus enormes fallas, sus erradas concepciones y se deshace de los funcionarios que permitieron el crecimiento del fenómeno criminal a niveles insospechados.

Allí siguen en sus cargos, con más poder que nunca, sometiendo incluso a los nuevos funcionarios que llegaron de la mano de Diego Sinhue, el fiscal Carlos Zamarripa y su asociado el secretario de seguridad Alvar Cabeza de Vaca, quienes por años negaron la existencia de desapariciones y de fosas, ocultando la información y tendiendo una cortina de simulación y mentiras sobre una realidad que finalmente estalló el año pasado.

Allí anda recorriendo el estado y haciendo gala de su influencia en el PAN el exgobernador Miguel Márquez, el mismo que dijo que no había desaparecidos sino mujeres que se iban con el novio y jóvenes que se iban de migrantes.

Mientras, las débiles comisiones de Búsqueda de Personas y de Atención a Víctimas reciben infinitamente menos dinero del que se gasta alegremente en comprar publicidad a medios de comunicación, televisoras y páginas web que maquillan la realidad al gusto del gobierno, con desinformación y noticias falsas.

En ese clima, de negación, de irresponsabilidad, el asesinato de Javier que agrava el pesar de una familia guanajuatense que debió salir a buscar a una de las suyas por más de un año hasta encontrarla finalmente en una fosa, es un rotundo “yo acuso” a la insensibilidad de un gobierno que prefiere celebrar sus raquíticos logros burocráticos al tiempo que elude sistemáticamente la realidad que vive la gente en las calles.

3.- Estadio León: el negocio de Diego Sinhue, Juan Carlos Muñoz y Jorge Torres

A escondidas, lo más lejos posible de una pulcra operación pública, el gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez fondeó con 55 millones de pesos de dinero público al comité de la Feria de León, encabezado por Juan Carlos Muñoz y Jorge Torres para comprar un lote de 5.8 mil metros cuadrados del predio donde se ubica el estadio de la ciudad.

La primera ocasión que Sinhue anunció la decisión de comprar el estadio ganado en un juicio por el ex directivo del León Roberto Zermeño y el empresario celayense Héctor González, durante el último Sapica, la respuesta fue un repudio casi unánime de la opinión pública de la ciudad, incluyendo al ayuntamiento panista.

Probablemente fue ese rechazo lo que motivó que la compra se haya realizado de manera subrepticia, al mejor estilo de los gobiernos de Juan Manuel Oliva y Miguel Márquez, que quedaron marcados por el sello de la corrupción.

Es inconcebible que solo se haya adquirido un predio que está aislado de la feria y separado por el estadio León, con el pretexto de realizar infraestructura para prevención y seguridad, así en abstracto.

Es más probable que el pago exprés de 55 millones de pesos realizado hace 10 días no sea más que el anticipo de los 500 millones que pretenden los audaces jugadores que son Zermeño y Gonzalez por las 6 hectáreas del polígono del estadio.

¿Es tan urgente reforzar la feria de León cuando aún no salimos de la pandemia, aún no regresan los estudiantes a las aulas y el sistema de salud ha mostrado su precariedad?

¿Además, porqué hacerlo de la peor forma posible, escamoteando la información a la población?

El PAN de 30 años muestra un olvido total de su ADN democrático y ciudadano con el que resistió 50 años de autoritarismo y de corrupción priista. bastaron unos cuantos años de poder para vencer sus valores ancestrales.

Con esas credenciales, difícilmente pueden postularse como al alternativa ante el peligro de un nuevo autoritarismo.