* Pésima noticia: Guanajuato normalizó la violencia

* Márquez, presente en los escenarios de crímenes políticos

* PILBA: impulso a la industrialización con fraudes a pobladores

1.- Dos aspirantes a alcaldes asesinados en 2021 y la respuesta es el silencio

La clase política en Guanajuato se muestra pasmada frente a la presencia del crimen organizado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, ese abandono ha sido más notorio este año, cuando la violencia se hizo presente en las campañas políticas.

Esta elección ya cuenta con 3 aspirantes a cargos de elección asesinados, triplicando el saldo rojo del 2018.

El precandidato Juan Antonio Acosta Cano fue víctima de un ataque artero mientras se ejercitaba en la ciudad de Santa Cruz de Juventino Rosas en la segunda semana de enero. La búsqueda de la alcaldía por tercera ocasión lo convertía en un aspirante con altas posibilidades de ganar la elección para terminar con un ciclo de seis años del perredista Serafín Prieto, hoy candidato a diputado local.

Dos meses y medio después a fines de marzo, Alejandro Galicia y Juan Ignacio de la Cruz Ávila, un candidato a regidor y un delegado del PRD en Apaseo el Grande, fueron atacados mientras buscaban bardas para su publicidad de campaña. El primero falleció y el segundo quedó gravemente herido.

Ahora, en la recta final de las campañas, sesenta días después, ocurre el salvaje ataque en medio de un mitin en contra de la candidata de Movimiento Ciudadano en Moroleón, Alma Rosa Barragán, asesinada al tiempo que herían a otras cuatro personas, entre ellos dos menores.

No son los unicos incidentes: un candidata a diputada del Verde es hostilizada y perseguida en una comunidad de Acámbaro, registrándose disparos en contra de su comitiva. Se han consignado amenzas y también la existencia de territorios a los que no se puede ingresar.

Estas circunstancias evidencian lo que muchos ciudadanos saben y han sufrido en carne propia: la inseguridad es una realidad, los territorios donde el estado se replegó ante la delincuencia existen a lo largo y ancho del estado, pero particularmente en los municipios donde se enquistó el cartel de Santa Rosa de Lima, cuyas células continúan activas y causando daño pese a la insistente propaganda del estado sobre su desmantelamiento.

La política, por más que viva en un capelo alejada de los ciudadanos, finalmente está siendo alcanzada por el desastre que ella misma ha provocado por su ineficacia, su negación y su renuncia a confrontar los problemas que padecen aquellos a quienes dicen servir.

Sin embargo, el abandono va más allá. Hemos visto países y comunidades donde la violencia sufrida por personajes de la clase política ha servido para reacciones fuertes, simbólicas, de rechazo al deterioro que significa la aparición del crimen en la vida pública, incluso para concitar la solidaridad de los ciudadanos y hacer frentes comunes.

Eso no está pasando en Guanajuato. Fue notable la ausencia de personajes de la política y del gobierno en las exequias de la candidata aesinada en Moroleón. Incluso de parte de segmentos del gobienro estatal se llegaron a filtrar versiones que pretendían criminalizar a la candidata con argumentos sobre su familia, lo cual fue rechazado por integrantes de la dirigencia nacional y local de Movimiento Ciudadano.

De cualquier manera, la intención de criminalizar tuvo sus efectos, uno de ellos fue el abandono de la candidata por su partido y por el gobierno que debería preservar la seguridad y la tranquilidad no solo de los comicios, sino de la vida diaria.

La gran pregunta es, si las sospechas que se han sembrado sobre la candidata tienen algún viso de realidad, porque el estado no actúo antes. De no tener elementos y limitarse a la maledicencia, sería una gran mezquindad que se soslaye un crimen y se busque minimizarlo denigrando a la víctima.

Con una actitud así, el estado renunciaría a su papel de garante de un estado de derecho para ponerse al nivel de las bandas criminales que están desestabilizando el proceso de renovación de poderes en Guanajuato.

Ya pasó una vez, cuando Carlos Zamarripa en lugar de investigar el asesinato de José Remedios Aguirre, candidato de Morena a la alcaldía de Apaseo el Alto, lo criminalizó al vincularlo con sus presuntos victimarios por la recepción de llamadas telefónicas. El involucramiento de la víctima con actividades delictivas se convierte en un instrumento para no esclarecer el crimen y de paso naturaliza la violencia política.

Eso, por cierto, no ocurrió en el caso del político panista José Antonio Acosta, cuyo asesino material fue detenido, aunque la investigación no ha ido más allá para localizar a sus asesinos intelectuales, pues incluso la detención de un funcionario municipal de la administración perredista de Juventino Rosas, realizada al mismo tiempo que la del presunto asesino material, se derivó al fuero federal por posesión de armas y drogas.

Con un estado que elude investigar los delitos y prefiere la maledicencia y el desprestigio, con funcionarios y directivos partidistas que no saben como expresar su rechazo a la violencia y prefieren abandonar a las víctimas, con la renuncia a enfrentar la delincuencia frontalmente y con todos los recursos al alcance, las élites políticas de Guanajuato se condenan y nos condenan a un mayor deterioro de la paz.

No pueden, pero tampoco se van.

2.- las huellas de MMM en Juventino Rosas, Moroleón y Dolores Hidalgo

Un precandidato panista muere asesinado en Juventino Rosas. Un candidato independiente sufre un atentado en su domicilio con bombas molotov en Dolores Hidalgo. Una candidata de Movimiento Ciudadano es asesinada en un mitin en Moroleón. En los tres municipios hay una constante: el activismo del ex gobernador Miguel Márquez Márquez.

Juan Antonio Acosta Cano, buscaba no solo la alcaldía de su municipio natal, sino desplazar a un cacicazgo consolidado del perredista Serafín Prieto, jefe político de un PRD estatal que fue desfondado por Márquez al llevarse al PAN a las estructuras de Acámbaro y Moroleón. Pero también Acosta era un hombre cercano al ex gobernador de quien fue colaborador de confianza desde el DIF estatal durante el gobierno de Juan Carlos Romero Hicks.

El asesinato de Acosta tenía una sola intención: impedirle ganar la elección y que desplazara un poder regional que se consolidó al mismo tiempo que crecía el cartel de Santa Rosa de Lima en la zona. Imposible no vincular política y crimen organizado, algo que la fiscalía de Carlos Zamarripa ha dejado de lado hasta ahora.

En Dolores Hidalgo, Miguel Márquez es el operador que incorpora al PAN a un priista, el ex alcalde Adrián Hernández Alejandri, desplazando a una debilitada estructura panista cuya insubordinación de todas maneras preocupa y obiga al de Purísima a reforzar su activismo y reunir al candidato con los sacerdotes de la región y con los inconformes blanquiazules en un verdadero llamado a las armas.

En ese contexto se produce el intento de amedrentamiento al candidato independiente Julio González, en marzo de este año, cuando se arrojan bombas molotov contra su domicilio.

En Moroleón, Márquez se llevó completa la estructura del PRD, que ha gobernado ese municipio casi una década, al convencer al alcalde Jorge Ortiz de pasarse a Acción Nacional, del que ahora es candidato a diputado y su ex directora de recursos humanos, Grecia Pantoja, quien busca la alcaldía.

En ese contexto ocurre primero el atentado contra el candidato a diputado local del PRD-PRI Juan Guzmán, ex jefe de Ortiz cuando fue alcalde, en lo que parece un auténtico pleito de familia. Guzmán resultó ileso del ataque a balazos sobre su vehículo de campaña.

No tuvo esa suerte la candidata de Movimiento Ciudadano, Alma Rosa Barragán, cuando sufrió un ataque a mansalva en un mitin donde los disparon alcanzaron a cuatro asistentes. Barragán realizaba una campaña festiva y con muchos recursos, la cual estaba logrando opacar la de Grecia Pantoja una candidata más bien gris y absolutamente dependiente del aparato de Jorge Ortiz.

Un municipio más donde también se ha presentado violencia es Acámbaro, donde la candidata ecologista a diputada Sarahí Figueroa, fue atacada en la comunidad de Tócuaro. En ese lugar ocurrió también el trasvase de cuadros perredistas al PAN, como la candidata a alcaldesa Claudia Silva Campos, ex diputada del sol azteca, operada por el mismo Miguel Márquez.

¿Serán simples coincidencias? Porque hay quienes aseguran que en política no existen las casualidades.

3.- “Nos engañaron”: campesinos desplazados por parque industrial en León

La industrialización, tan presumida por los gobiernos de Guanajuato, tiene numerosas deudas con sus habitantes.

Podríamos hablar de de los empleos precarios, la sindicalización de protección, la contaminación de tierra, aire y agua y los recursos públicos invertidos para beneficio de particulares.

Pero hay más. La denuncia de los campesinos de comunidades aledañas al parque PILBA, emblema de la feneciente administración municipal de León encabezada por Héctor López Santillana, actor estelar de la atracción de inversiones, retrata de cuerpo entero el carácter excluyente de esa política.

Promesas realizadas alegremente para sacarles a los agricultores las firmas y autorizaciones necesarias para armar el polígono industrial, pero incumplidas a la vuelta de los años, ponen en evidencia una estrategia de tierra quemada que no tuvo empacho en sacrificar personas para lograr sus metas.

Un desarrollo equilibrado, acorde con los criterios humanistas que solían inudar los documentos básicos del PAN y los discursos de sus prohombres, hubiera sido la piedra de toque para combatir rezagos como el de la desigualdad ancestral.

No pasó así y si ocurrió lo contrario: personas que tenían un modo honesto de ganarse la vida y de tener satisfactores por encima del promedio, hoy están en peligro de caer en la pobreza al sufrir la pérdida de sus haberes a cambio de compromisos firmados que fueron incumplidos por promotores particulares que tenían el respaldo de los gobiernos.

Esa es también una trasgresión del estado de derecho del que se dice defensor el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, valor que solo parece existir en las frases de propaganda y no en la realidad.

Empresarios como Jesús Aguilar Portugal, dueño de Banterra, han podido llevar a cabo esos despojos porque tenían la protección oficial. Es hora de que el estado escuche a quienes han sido sus víctimas.

El desarrollo logrado con el sacrificio de personas no puede ser considerado progreso, tampoco constituye una garantía para nadie, sobre todo para las empresas atraídas por las atractivas condiciones ofrecidas para su instalación.

¿Sería demasiado pedir en un estado que ha hecho un estandarte de su bonanza económica, garantizar el correcto cumplimiento de los compromisos contraidos por los proyectos de industrialización?

Es una pregunta que en un verdadero estado de derecho ni siquiera tendría que llegar a formularse.