* General Motors, el contrato colectivo que abrió la caja de Pandora

* Organizaciones de búsqueda le marcan la pauta al gobierno

* La mayor elección reducida a un plebiscito adelantado

1.- Contratos de protección, el secreto del milagro industrial de Guanajuato

Durante 25 años, la planta General Motors de Silao había operado con una opacidad total en cuanto a su situación laboral. El sindicato cetemista titular del contrato colectivo, con sede en Coahuila, renovó las cláusulas durante ese tiempo sin tomar el parecer de los trabajadores, bajo la lógica del «es lo que hay, lo tomas o lo dejas».

En el acuerdo se encontraban la propia empresa que desde su filial mexicana reportaba utilidades estratosféricas a su matriz, en buena medida basadas en el bajo impacto salarial; así como los sucesivos gobiernos de Guanajuato, que ofrecían la paz laboral y la ventaja competitiva de mano de obra barata, como atractivos del paquete para captar inversiones.

Ese paraíso, un sueño de opio sostenido por el sudor, el sacrificio y el deterioro de la calidad de vida de las familias trabajadoras de Guanajuato, que a unos les redundó en ganancias de fábula y a otros en fama política y estadísticas al alza, parece estar llegando a su fin.

La globalización se construyó como una venta de grandes oportunidades a las periferias para incorporarlas a los flujos de capital y de trabajo mundiales, aprovechando sus ventajas comparativas.

Sin embargo, el traslado de puestos de trabajo fue lesivo de los derechos de los trabajadores en los países desarrollados, al disminuir oportunidades de empleo y presionar sobre las conquistas contractuales ganadas a lo largo del tiempo.

La inconformidad llegó a la política como lo mostró la elección de un outsider como Donald Trump para la presidencia de los Estados Unidos, con el apoyo de un voto de resentimiento y desesperación de las capas bajas y medias de la población blanca norteamericana, impactadas por el nuevo arreglo económico global.

Trump fue un tenaz crítico del TLC e influyó para que incluso desde el ala demócrata se endurecieran medidas de protección de derechos laborales en el nuevo TMEC, que tienen, sobre todo, la función de emparejar la cancha para que las asimetrías entre los tres países que lo integran no terminen impactando a los trabajadores norteamericanos por una muy clara competencia desleal.

Pero nada de eso estaba en el radar de los dinosaurios cetemistas comandados por Tereso Medina que perpetraron al más viejo estilo un fraude en las votación del nuevo contrato colectivo de trabajo de la planta Silao de General Motors, lo que terminó en la suspensión del proceso por parte del gobierno federal, protestas de poderosos sindicatos norteamericanos y canadienses y, finalmente, en una advertencia del gobierno norteamericano para que los derechos laborales sean respetados, so pena de sancionar arancelariamente las importaciones de esa planta.

Más allá del «intervencionismo» que tímidamente salieron a denunciar los voceros cetemistas; o del petate del muerto que agitó Hugo Varela, dirigente de esa central obrera en Guanajuato, en el sentido de que «se quieren llevar las empresas a Estados Unidos», lo cierto es que las reglas del juego han cambiado con la reforma laboral y con las nuevas cláusulas del TMEC, por lo que las viejas centrales obreras mexicanas deberán enfrentarse al reto de cambiar sus métodos o iniciar su retirada.

Lo mismo ocurrirá con las políticas de atracción de inversiones del gobierno de Guanajuato, que en el discurso maneja conceptos como «mentefactura» y «mano de obra capacitada», cuando en realidad se ha utilizado como atractivo el castigo salarial a los trabajadores locales.

Parece ser que este 2021 será más trascendental por otro tipo de votaciones y no por las contiendas electorales que se resuelven en unas semanas: las que ocurran al interior de la diversificada planta industrial cuyo crecimiento cambió la faz del estado durante el último cuarto de siglo.

2.- Caravana de Búsqueda, de nuevo la sociedad se adelanta al gobierno

La caravana internacional de búsqueda de desaparecidos, una iniciativa del coahuilense Julios Sánchez Pasillas, padre de Thania, una joven desaparecida en 2012, llegó a Guanajuato esta semana y fortaleció la lucha que ya habían emprendido los grupos de familias buscadoras locales desde el año pasado.

Juntos, los colectivos de Guanajuato y de otras partes de México, finalmente dejaron atrás la negación de las autoridades gubernamentales de Guanajuato, que a tiros y tirones han debido enfrentar la realidad largamente ocultada: Guanajuato es un lugar violentado, con cientos y quizá miles de víctimas, que hasta ahora no han tenido el acompañamiento de los servidores públicos, a ningún nivel de responsabilidad.

La resistencia de quienes directamente responden de las políticas de seguridad y de reacción contra el crimen, resulta casi natural: la exhibición de la violencia y de la existencia de víctimas, la magnitud de la crisis humanitaria, les cuestiona directamente su discurso de propaganda y eficiencia, algo que por cierto ya solo ellos creen.

La que no se entiende, sin embargo, es la resistencia de los políticos, secuestrados por la versión edulcorada de personajes como Alvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa, cuando ellos tienen la posibilidad de allegarse información por otras vías.

Aunque Diego Sinhue Rodríguez aceptó reunirse con los colectivos de búsqueda hace un año, no sin antes haberse producido un hecho de represión por parte de los responsables de seguridad, en los hechos la reunión quedó solo en promesas incumplidas, en demagogia.

Decepcionante, por ejemplo, fue el papel del ex secretario de gobierno, Luis Ernesto Ayala, a quien no le importó abandonar su cultivada imagen de funcionario eficiente y de respuesta rápida, para convertirse en otra imagen decorativa tan improductiva como la de Sophia Huett, la vocera de seguridad que le colocaron como apéndice para hacer la tarea de equilibrar la mala imagen de Zamarripa y Cabeza de Vaca y que tampoco funcionó.

Merced a ese desarreglo, los temas en la agenda que dejó pendientes el gobierno de Miguel Márquez se acentuaron en la gestión de Sinhue con un agravante: el disminuido liderazgo del nuevo gobernador propiciado en buena medida por la permanencia del exgobernador en el escenario público.

De no ser por la sociedad civil, las víctimas, los activistas que los acompañan y la cobertura de medios de comunicación locales y nacionales, la agenda de transparentar los efectos de la inseguridad, indispensable para combatir el abandono a quienes han sufrido secuelas por la ola de violencia desatada en el estado, seguiría estancada y acumulando una gran presión.

Fue la lucha de estos colectivos, su tenacidad, su valentía al afrontar el desdén, las amenazas y la represión, lo que ha movido al pesado paquidermo de la indiferencia oficial. Ya hasta la fiscalía del estado, tan renuente a aceptar el problema de las desapariciones y la realidad de las fosas, incluyó en su portal y en una aplicación herramientas para denunciar desapariciones.

Más allá de la eficacia de estos elementos, que deberán ser probados en la práctica, lo más relevante es el cambio de actitud.

Al igual que las marchas y los paros de estudiantes de todo el estado en el 2019, fue la acción social lo que obligó a la autoridad estatal a abrir puertas y ojos para aceptar la realidad del estado.

Y aunque habrá que esperar por los resultados de medidas como la visita a los Semefos y la información vertida en los encuentros con internos de Centros de Readaptación del estado, lo cierto es que forzar el cambio de actitud oficial fue un logro altamente significativo.

Las víctimas se han convertido en motor de cambio ante un gobierno que colgó su ética y su compromiso social en el desván del disfrute del poder.

Habrá que seguir el ejemplo.

3.- Elecciones convertidas en un juego de sí o no

No parece estarse jugando nada en las elecciones locales de Guanajuato. Las encuestas conocidas hasta ahora arrojan una lectura simple: lo que está en juego es la aprobación o el rechazo de la gestión presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

Y en Guanajuato puede saberse de antemano cuál es el resultado.

La entidad más panista de México, altamente conservadora, refractaria a visiones populistas e ideologías de izquierda, peor también al pluralismo y el respeto a la diversidad, mantendrá su posición de rechazo al obradorismo, aunque quizá con un menor margen que en 2018, principalmente por variantes como el abstencionismo.

Con un gobierno estatal que resulta más bien gris, con gobiernos municipales que se replegaron por la pandemia o que se dedicaron a la comicidad política como en la capital del estado, parece que hay poco para debatir en las urnas sobre continuidad y cambio, menos con un panorama casi apocalíptico como el vivido el año pasado.

Así que el mayor motor para acudir a la cita del 6 de junio parece ser uno solo, en coincidencia con el clima de polarización que se vive en el país: se está a favor o en contra de lo que representa la Cuarta Transformación con sus sesgos, sus contradicciones, su confusión, pero también su novedad y su cercanía con sectores que estaban olvidados del debate político tradicional.

Accidentes como las subidas y bajadas de candidatos, las fracturas de planillas, el trasvase de personajes entre partidos hace no mucho antagónicos o las alianzas de lo que antaño eran ideologías disímbolas, parecen pasar a segundo término ante el choque de trenes adelantado para refrendar o no la continuidad del proyecto lopezobradorista.

Desde luego, también están los que ven todas las opciones insatisfactorias, y que no son pocos: distancia hacia la gestión que la 4T ha realizado del voto de confianza que le fue depositado, pero rechazo al regreso al anterior modelo, empeorado por un reduccionismo que lleva la crítica al nivel del meme y olvida la mínima propuesta.

Así van cerrando unas campañas a las que llamar insulsas pareciera un subsidio.

Sin embargo, cuando los liderazgos políticos de un país se empequeñecen, es cuando llega la hora de los ciudadanos.

Esperemos.