• Guanajuato, el paraíso de los corruptos
• Se consolida reinado en la UG
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1.- Miguel Márquez: la corrupción no quita popularidad

Hay por lo menos seis casos emblemáticos de la opacidad y la cancha abierta a la corrupción con la que se manejó el gobierno de Miguel Márquez Márquez, el gobernador que engañó a la mayor parte de los guanajuatenses y se retiró del gobierno con la mayor popularidad de un mandatario en tiempos recientes ya habiendo dejado a un delfín que le sigue rindiendo pleitesía.

Veamos uno por uno.

1. La adquisición de los derechos de uso de la videotecnología denominada Escudo, que le costó a Guanajuato nada más seiscientos y fracción de millones de pesos cada año y cuya ineficacia resultó desastrosa y tiene hoy a Guanajuato sumido en una espiral de violencia. Esos dos mil 700 millones de pesos fueron un pago exagerado a una empresa vinculada al priismo del estado de México que hizo negocios a lo largo y ancho del país en el sexenio de Enrique Peña Nieto: Seguritech. El que Márquez junto con Carlos Zamarripa y Alvar Cabeza de Vaca los haya dejado entrar a Guanajuato y llevarse carretadas de dinero no parece haber sido gratuito. La negativa a transparentar los pormenores de la operación y el encubrimiento que realizaron el Congreso, la Secretaría de la Transparencia y la ASEG hablan de una operación de estado cuyo objetivo primordial no fue la seguridad, sino el saqueo del erario estatal.
2. La compra de medicamentos a las dos mismas empresas durante seis años, con un encarecimiento del 100 por ciento sobre los consumos del sexenio anterior, es otra gran fuente de sospecha sobre el manejo eficiente y honesto de la administración Márquez. Cada contrato fue entregado después de haber declarada desierta una licitación. El pago anual rondó los dos mil millones de pesos, cuando la adquisición de medicamentos durante el gobierno de Juan Manuel Oliva, a través del ISSEG de Miguel Salim, también teñido de sospecha, apenas llegaba a los 800 millones anuales. Doce mil millones de pesos entregados a dos empresas sin competencia, permiten un amplio margen de maniobra para la corrupción por debajo de la mesa, sea para el pago de campañas o para el bolsillo directo de un intermediario, como el famoso Gallo Barba, quien estuvo al tanto de esta operación desde su arranque.
3. El tráfico de terrenos industriales en Guanajuato Puerto Interior, gobernado por un consejo que presidía Miguel Márquez, es otro ángulo de la opacidad y la corrupción del pasado sexenio. La incorporación de las 500 hectáreas del rancho de la familia Valdovinos, permitiendo el incremento exponencial de su valor, fue una medida que sobrecargó los costos de GPI produciendo beneficio a particulares. La operación fue llevada personalmente por Márquez y operada en sus detalles por Luis Quiroz, quien hoy sigue al frente del complejo. Mientras que Gerardo Valdovinos es ahora funcionario público en el elefante blanco denominado Parque Xonotli, donde además parece que lo único que ha germinado es corrupción. Además, la venta de 80 hectáreas aledañas al Aeropuerto Internacional de Guanajuato a una filial de Seguritech, Sky Plus, a un precio irrisorio: 156 pesos el metro, cuando la zona alcanza hasta 40 dólares metro cuadrado. Por cierto, el parque aeroespacial sigue sin despegar, aunque Seguritech no pierde por el bajo costo de adquisición de la tierra, incluso la pura especulación con el terreno les permitirá concretar utilidades.
4. El manejo discrecional de la publicidad gubernamental, que en los dos últimos años de Miguel Márquez alcanzó un ritmo de un millón de pesos diarios, creó la oportunidad para la corrupción de funcionarios como Enrique Avilés y Fernando Olivera, que fueron equipo en la Secretaría de Turismo y luego se desdoblaron para abarcar esa área y la de comunicación social. Las empresas fantasma para dobletear la facturación de publicidad, la invención de páginas Web exprés para asignarles contratos exprés y la contratación de páginas en publicaciones del extranjero de las que no existen testigos, pusieron en evidencia los riesgos de operar con total opacidad ese gasto, como sigue ocurriendo hasta la fecha. Pese a que una auditoría ha encontrado responsabilidades, ambos funcionarios no han sido molestados ni con el pétalo de un citatorio. El primero de ellos se dedica a operar campañas negras en redes sociales y el otro es funcionario del gobierno panista de Tamaulipas.
5. La asignación de la concesión de un libramiento carretero de paga a Grupo México, en el municipio de Silao, realizado justo en pleno arranque de las campañas electorales del 2018, cerró el gobierno de Márquez con el signo del favoritismo, la opacidad y de nuevo el fuerte olor de corrupción que conllevan los privilegios desde el poder a grupos económicos. Cumpliendo con la forma de la ley, que otorgaba la posibilidad de dar esos beneficios sin licitación pública, Márquez nunca explicó porque se autorizó una base de 2 mil millones de pesos como costo de la obra, a partir de la cual se calcularía el costo del peaje. El libramiento apenas mide 18 kilómetros, lo que da un costo de 122 millones de pesos por kilómetro, lo que la hace la carretera más cara de México, que tiene además costos muy superiores a los de otros país, debido en buena medida a la corrupción. Esta opaca asignación fue convalidada por el naciente sistema Estatal Anticorrupción presidido por la académica Arminda Balbuena, quien orquestó que la Universidad de Guanajuato interviniera como revisor de la asignación solo para validar su “legalidad”, no así la racionalidad de los arbitrarios costos del proyecto que cargarán su recuperación en las espaldas de los usuarios guanajuatenses a lo largo de treinta años.
6. La opaca compra de los terrenos para el nuevo estadio de futbol de León, su venta en cómodas anualidades al grupo privado que administra el club de la ciudad y la incertidumbre sobre los beneficios de la plusvalía al resto del enorme predio aledaño, al que además se le beneficiará con accesos y urbanización a costa de recursos públicos. Márquez se ufanó de “su legado” a la afición futbolera, pero como ha ocurrido particularmente en el estado de Hidalgo, origen del Grupo Pachuca, seguramente no dio ese último paso sin huarache.

Estos hechos, que sucedieron con escasa polémica pública y con Márquez gozando de su alta popularidad, nos muestran lo atrasado que estamos como sociedad moderna para exigir la rendición de cuentas.

Todo el discurso público que nos quiere poner a la par de Singapur y llevarnos al terreno de la innovación y la “mentefactura” (cualquier cosa que eso signifique), se rompe en pedazos cuando apreciamos que en materia de moralidad pública estamos a la par de las sociedades más atrasadas del mundo.

Y mientras ello pasa, nuestros adalides encargados del combate a la corrupción, se entretienen tomándose selfies con los funcionarios a los que deben vigilar, firmando convenios intrascendentes, convocando a concursos de ensayos sobre la corrupción y organizando foros de debate para reconocer que “no vamos tan mal” y que “ahí la llevamos”.

Como vemos, la corrupción (en abstracto) probablemente esté muy preocupada por tan tremendo activismo, pero en lo que hace a los corruptos de carne y hueso, esos… esos pueden dormir tranquilos.

2.- Agripino disfrutará 4 años más, los universitarios los sufrirán.

Justo en los mismos días que la acreditada y autónoma Junta Directiva de la Universidad de Guanajuato se debatía arduamente entre las opciones de reelegir a Luis Felipe Guerrero Agripino o reelegir… a Agripino, el rector-candidato-rector rechazaba la demanda de las activistas de género de la institución de abrir ventanillas para atender las denuncias sobre acoso sexual en todos los campus de la institución.

El pretexto fueron los costos. Sin embargo, parece que eso nunca fue pretexto para realizar las faraónicas ceremonias de informe del rector y apertura de cursos que ya ni siquiera se realizan en el espacio universitario, sino que se han trasladado al auditorio del estado, provocando un monstruoso acarreo de estudiantes y trabajadores que tampoco debe resultar barato.

Es decir, en la UG de tiempos de Agripino hay dinero para el culto a la personalidad, pero no hay un peso para cuidar la integridad de sus estudiantes. Y pese a esa enrevesada ordenación de prioridades, los destacados integrantes de la Junta Di(vertid)rectiva, no tuvieron empacho en otorgar otros cuatro años al candidato único que fue Agripino sin hacerle una sola recomendación sobre su forma de ejercer el poder absoluto en una institución de educación superior absolutamente secuestrada.

Dice Agripino que la Universidad se debe involucrar más en los problemas de la sociedad, como lo es la inseguridad y el deterioro del medio ambiente.

Quizás sería más racional plantearse metas más modestas y que le competen de forma absoluta: proteger a sus estudiantes y dotarles de un entorno seguro; elevar la calidad de sus programas educativos y sus métodos de evaluación; promover el debate interno y el intercambio de ideas actualmente ahogadas por un autoritarismo vertical; mejorar la transparencia de su ejercicio presupuestal.

Es una utopía, desde luego. Tras su entronización por un segundo periodo, lo más seguro es que Agripino se dedique a afianzar su núcleo de poder para seguir gobernando a la Universidad a trasmano, como ya lo hace Márquez a nivel estatal y como ha ocurrido en otras instituciones educativas estatales en el país. Así que no le pidamos peras al olmo.

3.- El cuestionamiento a Zamarripa se hace internacional

Nunca fue una gracia democrática del PAN el haber mantenido a Carlos Zamarripa como procurador en el arranque del nuevo sexenio, solo para hacerlo beneficiario del “pase automático” y convertirlo en el primer fiscal general del estado.

Traicionando su vocación original de propiciar el fortalecimiento de los espacios ciudadanos y de empoderar a la sociedad, el gobernador y los diputados del PAN decidieron construir una hegemonía policial que dominará la vida pública de Guanajuato por la próxima década.

Esa situación, observada ya por grupos de activistas, organismos empresariales y líderes de opinión en la entidad, ahora está bajo la lupa de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, de acceso a la justicia y de debido proceso.

El caso Zamarripa se convierte en emblemático de la ausencia de participación ciudadana, de la falta de autonomía de la procuración de justicia y de construcción de liderazgos personalistas por encima de los entramados institucionales.

Más allá de lo que ocurra con el amparo que está en revisión en el Juzgado Tercero de Distrito de León, la presentación de por lo menos dos Amicus Curiae de organizaciones como la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, de académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de la Fundación para el Debido Proceso y de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, colocan el debate sobre el #FiscalCarnal de Guanajuato en otra arena.

Los costos de haber torcido el espíritu de la reforma penal para mantener una estructura apegada al panismo en la nueva Fiscalía, ya no serán solo de Zamarripa y su pandilla, sino de todo el panismo de Guanajuato y, señaladamente, del gobernador Diego Sinhue Rodríguez, el principal responsable, por acción u omisión, de haber propiciado una aberración cuyos resultados ya están a la vista en el baño de sangre que vive Guanajuato.