En campaña, cuando prometer no empobrece, el aspirante panista a la gubernatura de Guanajuato firmó, sin que le temblara la mano, los once compromisos contra la corrupción que le pusieron enfrente las distintas agrupaciones de la Confederación Patronal de la República Mexicana en el estado de Guanajuato.

Al aceptar la propuesta, impulsada a nivel nacional por el sindicato patronal, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se comprometió a concretar desde su gobierno los siguientes puntos:

1. Asegurar Fiscalías Generales independientes y autónomas.
2. Acatar y publicar observaciones de auditorías.
3. Eliminar archivos de papel, cumplir con la ley de archivos y de transparencia.
4. Publicar voluntariamente la “3de3” de todo el gabinete.
5. Unificar Padrón de Beneficiarios de los servicios públicos.
6. Establecer requisitos para proyectos de infraestructura y disponer toda la información en datos abiertos.
7. Impulsar la Ley General de Adquisiciones y Obras Públicas.
8. Informar oportunamente sobre pasivos, pagos pendientes y obras inconclusas.
9. Realizar las compras a través de CompraNet nacional.
10. Reducir al mínimo los pagos en efectivo.
11. Respaldar independencia y eficacia del Sistema Anticorrupción

A cuatro meses: ni tres de tres, ni fiscal, ni nada. Foto: Especial.

Al día de hoy, cuando se han cumplido cuatro meses del nuevo gobierno, se sabe que el mandatario no piensa en una fiscalía autónoma, sino en ratificar a quien ha sido el procurador carnal de dos exgobernadores y va por su tercero.

Además, en abierto despreció a la figura de autonomía, ni siquiera piensan celebrar un proceso abierto para designar a Carlos Zamarripa, sino simplemente darle pase automático, incluso contrariando la postura nacional del PAN sobre la Fiscalía General de la República.

En Guanajuato no son públicas las observaciones de las auditorías. Tampoco se ha avanzado en la digitalización de archivos y su puesta en línea en datos abiertos.

El gabinete no ha hecho públicas sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflicto de intereses. Ni siquiera se habla de eso.

El sistema estatal anticorrupción cojea, lo conforman mayoritariamente funcionarios y la reducida participación de los ciudadanos, cuyo comité está incompleto, está por demás acotada en el sistema.

Las compras se mantienen en el mismo nivel de opacidad. Recientemente se realizó una nueva adjudicación de los medicamentos y el material de curación del Seguro Popular a las mismas empresas cuestionadas que favoreció Miguel Márquez en todo el sexenio.

El incumplimiento siquiera de una ruta que muestre la intención de cumplir los puntos firmados en campaña, en un acto que hoy parece meramente propagandístico y no la aceptación de un compromiso serio, ha originado dos tibios recordatorios de la Coparmex que ni siquiera han merecido una respuesta del gobernador.

Para los medios el tema tampoco parece ser noticia, como si ocurrió en México con el incumplimiento del gabinete obradorista, oportunamente reclamado en una de las ruedas de prensa matutinas en Palacio Nacional lo que obligó a la reafirmación del compromiso de parte del presidente de la República.

La próxima designación de Zamarripa como Fiscal General, pese a múltiples evidencias de su mal desempeño, tanto en resultados como en respeto a los derechos humanos, será la prueba palpable de que Sinhue nunca contempló llevar a la práctica los planteamientos del sector empresarial y que de parte de este no hay ni siquiera la intención de exhibir el desplante.

Hoy que la guerra contra el robo de combustibles emprendida por el gobierno de López Obrador pone en evidencia el auge de ese delito en Guanajuato, practicado con total impunidad a lo largo de los años en que Zamarripa ha sido a la vez procurador y jefe de facto del área de seguridad preventiva, resulta más inexplicable que nunca la decisión de sostenerlo contra viento y marea.

¿Dirán algo los empresarios guanajuatenses sobre la burla de que han sido objeto o continuarán acudiendo a sentarse en mesas de consejo simbólicas donde se les usa como escenografía para intentar generar una legitimidad perdida hace mucho tiempo?

Veremos si ante el desgaste del gobierno panista de Guanajuato que está entregando las peores cuentas en su historia, el sector empresarial asume el rol de vigilante desde su espacio en la sociedad civil o sencillamente se presta a la gran simulación.

De ser así, ¿con qué cara podrán intervenir en comicios venideros para pedir a los candidatos que asuman nuevos compromisos? Las buenas ideas ameritan congruencia, y el cambio de paradigmas necesita consistencia. Rendirse así, a las primeras de cambio, le restaría calidad moral a la Coparmex de Guanajuato, ese insumo tan necesario en los tiempos que corren.