Miguel Márquez se queja del gobierno federal por la inseguridad; sin embargo sus dos únicas salidas al fenómeno criminal: el fallido contrato de Escudo a la empresa Seguritech y la asociación con el Ejército, provienen de ese ámbito.

El gobierno de Guanajuato ha enfrentado el crecimiento de la violencia criminal en el estado con una política predominante: la elusión.

La única ocasión en la que el gobernador de Guanajuato ha lanzado mensajes contundentes en pro de un programa de seguridad, encabezando además una campaña mediática y de relaciones públicas de varios meses para convencer de su propuesta, fue cuando contrató la inversión multimillonaria de Escudo a la empresa Seguritech.

El emporio del empresario Ariel Picker Schatz, integrante de la poderosa comunidad judía de la ciudad de México y cercano a Enrique Peña Nieto desde sus tiempos de gobernador en el Estado de México, recibió fuera de concurso un contrato de arrendamiento de más de 600 millones de pesos anuales, lo que vendrá a sumar al final del gobierno de Márquez casi los 3 mil millones de pesos.

Sin embargo, la inversión que hoy es más recordada que nunca, pese a los esfuerzos del gobernador y sus funcionarios responsables de la política de seguridad para hacer olvidar el costo y las circunstancias de la contratación, anunciada un 28 de diciembre de 2012 en medio del periodo vacacional, se ha convertido en el más grande fracaso de este gobierno.

Y lejos de que el gobernador de Guanajuato se comporte como representante de sus ciudadanos y reclame la falta de resultados de un proyecto oneroso y fallido, parece que le interesa más defender a la empresa a la que nunca se le han pedido explicaciones.

En su origen como proyecto, Escudo fue vendido como la herramienta que permitiría a las fuerzas coordinadas de seguridad en Guanajuato tener un mapa de imágenes del estado, de su ciudades y de los accesos carreteros en tiempo real, a fin de permitir una reacción táctica rápida e informada.

Eso no ha pasado. Ni delitos que utilizan fundamentalmente las vías de comunicación, como el del robo y trasiego de combustible, ni la actuación de comandos de sicarios que actúan en las ciudades y las carreteras del estado han sido no solo impedidos, sino que ni siquiera se ven frenados.

Hoy Márquez asegura que la responsabilidad del crecimiento de la inseguridad, exponencial y nunca antes visto, es de la reforma penal que creo el sistema adversarial que privilegia la presunción de inocencia. Lo dice sin haber recurrido a ningún experto jurista, la mayoría de los cuales discreparía de la simpleza de su razonamiento, sino únicamente porque así se lo han dicho sus colaboradores quienes, al igual que él, privilegian las justificaciones sobre las explicaciones.

En medio de ello Márquez ha adoptado otro plan que parece una nueva fuga de sus responsabilidades: encargar la seguridad del estado a una brigada militar que actuará aquí pagada por el estado y los municipios, pero que no garantiza resultados y sí en cambio un desplazamiento de una parte importantísima de la soberanía del estado.

Vistas así las cosas, no parece muy congruente que Miguel Márquez y sus acólitos culpen del incremento delictivo en Guanajuato al gobierno federal, cuando dos de sus más importantes asociaciones para enfrentar el problema son el vendedor de sistemas de seguridad favorito de Los Pinos y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Lo dicho, todo tiende a confluir en una sola explicación: el gobernador quiere eludir su responsabilidad y su juramento constitucional de velar por sus gobernados, aunque caiga en evidentes contradicciones.

Y lo peor es que no se cansa de hablarnos de valores. Ese sí es un doble discurso magistral.