La crisis que viene enfrentando el clima de seguridad en Guanajuato tiene nuevas complejidades que no parece que vayan a resolverse con soluciones providenciales y menos con ocurrencias.

Ahora no solo se trata del frente interno de atención a los ciudadanos domiciliados en la entidad, que de por sí es importante.

Hoy en día, la entidad es también un escaparate internacional gracias a los centenares de industrias provenientes de todo el mundo que se han asentado en nuestro suelo.

Por eso la situación tiene en verdad preocupados a los responsables políticos del estado, principalmente el gobernador Miguel Márquez y los alcaldes de las principales ciudades del estado.

Sin embargo, la calidad de las propuestas que se escuchan y que se formalizan para atender la crisis de inseguridad, no son del mismo tamaño que la preocupación.

Lejos de atender el tema con la asesoría pertinente y con la construcción de un amplio esquema de alianzas con grupos de la sociedad, con otras fuerzas políticas y con los tres niveles de gobierno, seguimos en la lógica de las ocurrencias, del botepronto, del ensayo y el error.

El tema ha originado bandazos desde el principio mismo del sexenio. Aunque parezca un mantra, sigue siendo necesario repetir que Escudo fue un proyecto insuficientemente analizado, sobrevalorado, oneroso, carente de evaluaciones y, por todo ello, fallido.

La responsabilidad absoluta de ese fracaso es del gobernador Miguel Márquez, por ser el máximo responsable de las decisiones del gobierno estatal.

Sin embargo, no puede soslayarse que el mandatario fue llevado a esa decisión por dos funcionarios en los que confiaba y al parecer lo sigue haciendo “ciegamente”: el zar de la seguridad, Carlos Zamarripa; y su alfil, Álvar Cabeza de Vaca.

Hoy, ante el crecimiento del conflicto, la búsqueda de soluciones ha pasado en pocos meses de la idea de formar fideicomisos en conjunto con los empresarios, para financiar la depuración y fortalecimiento de las policías, a la importación de una brigada de policías militares a los que se les ha prometido la construcción de una base con todas las comodidades en Irapuato, financiada por el estado y los municipios.

Sin embargo, para ser congruente, Márquez también debería revisar en su propio equipo las consecuencias del fallo que significó desperdiciar casi tres mil millones de pesos que no han tenido utilidad alguna para frenar el ingreso de grupos delictivos desde otras entidades, pero tampoco la proliferación de la delincuencia local.

De no depurar su equipo de seguridad, de mantener su fe ciega, Márquez asumirá de forma directa la responsabilidad de haber hundido al estado en los peores índices de inseguridad en la historia reciente, algo de lo que ni la presencia del ejército podrá salvarlo.

Por lo pronto, de funcionar como se quiere y se busca la presencia militar en Guanajuato quienes primero estarán bajo observación, además de los grupos delictivos que circulan por la entidad, serán los propios funcionarios de la seguridad en Guanajuato, quienes por lo menos por omisión, han permitido que el panorama se oscurezca en los últimos años en la entidad.

El acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, realizado en forma exprés y sin pasar por instancias como el Congreso o los consensos que si se privilegiaron en el caso de Escudo a principios del sexenio, con sectores sociales y empresariales, parece una muestra clara de la desesperación de fin de sexenio.

Todo parece indicar que el gobernador del Estado, que juró servir a los guanajuatenses con base en la ley y al límite de sus fuerzas, no quiere más broncas y está solo a la búsqueda de soluciones providenciales o quizá simplemente de ganar tiempo.

Por otra parte, resulta preocupante que no se mantenga en la parte relevante de las prioridades del estado la necesidad de mejorar los cuerpos policiales de los municipios, una tarea a la que solo se le ha entrado de refilón, más con propaganda que con acciones y sin solución de continuidad.

Cuando Márquez se embarcó en Escudo, aunque se trataba de dinero de los guanajuatenses y el acierto o el error nos afectaría a todos, las consecuencias de esa decisión repercutirían exclusivamente en su etapa de gobierno.

Hoy, los resultados de decisiones como el retiro de apoyo financiero a los fideicomisos ciudadanos para mejorar las corporaciones municipales o la construcción del cuartel militar en Irapuato, incidirán totalmente en el próximo gobierno, del que solo nos separan 17 meses.

¿Qué hubiera dicho Márquez si el contrato de Seguritech se hubiera realizado en las postrimerías del gobierno de Juan Manuel Oliva o en el interinato de Héctor López Santillana? Las críticas desde el propio gobierno no se hubieran hecho esperar.

La desesperación de Márquez con la inseguridad, la nula intención de profundizar en las causas del problema, el rechazo para asumir autocríticamente las responsabilidades y para compartir las decisiones que impactarán en el futuro, pueden ser pésimos consejeros.

Lo grave es que, como en la inutilidad de Escudo, todos terminaremos pagando un alto costo.