Arnoldo Cuellar

¿Quién cuida a Miguel Márquez?

In Botepronto, sinembargo.mx, Zona Franca on abril 25, 2017 at 11:44 pm

Lecciones desatendidas: instancias de fiscalización que podrían frenar excesos de la actual administración estatal, están subordinadas y sometidas al Ejecutivo, como ocurrió en el Veracruz de Duarte y la Sonora de Padrés.

Si algo reluce como una constante en los casos de los gobernadores que se encuentran bajo la mira de las instancias de fiscalización de sus entidades y de la Federación, es la inexistencia de mecanismos de control en cada uno de los casos.

Los Duarte, los Borge, los Padrés, los Medina, los Granier, todos pudieron hacer lo que hicieron porque ni los órganos de fiscalización de sus Congresos, o bien ya autónomos, ni sus contralorías internas, realizaron nunca la función para la que fueron creadas.

Dice el académico y exfuncionario Diego Valadez en su artículo de esta semana en Reforma:

“En su mayoría los gobernadores disponen de los cargos administrativos como de patrimonio propio; casi todos los congresos aprueban la cuenta pública a destiempo y sin revisión; los funcionarios no están sujetos a controles políticos, y a menudo los gobernantes locales alternan la coacción con la liberalidad como métodos para intimidar o persuadir a los discrepantes en los congresos y en la judicatura.”

Parece un retrato exacto de lo que ocurre en Guanajuato, donde el gobernador Miguel Márquez tiene a su servicio a la secretaria de la Transparencia, Isabel Tinoco, de una manera que no se había visto por ejemplo en el gobierno de Juan Manuel Oliva.

El propio Márquez, como Secretario de la Gestión Pública, anterior nombre de la dependencia fiscalizadora del Ejecutivo, logró cambios en la Secretaría de Obra Pública de Genaro Carreño, al detectar graves desórdenes administrativos. Luis Ernesto Ayala, su sucesor en el cargo, sancionó al propio Carreño y a José María Anaya, secretario de Desarrollo Agroalimentario, además de fincar responsabilidades a varios funcionarios de la Secretaría de Salud y forzar la destitución del titular, Jorge Armando Aguirre.

Eso está a años luz en el panorama actual. Tinoco ni siquiera parece concluir los procesos y sus mayores logros se reducen a funcionarios de cuarto nivel en el estado y los municipios.

La misma situación se vive en el Congreso de Guanajuato, donde el coordinador de la anterior Legislatura, Juventino López Ayala, era un compadre, paisano y pariente político de Miguel Márquez, quien premió su lealtad y sus complicidades haciéndolo candidato a alcalde de Purísima del Rincón. ¿Fiscalización? ¿Con qué se come eso?

López Ayala incluso realizó la hazaña de concluir el oneroso Palacio Legislativo, a un costo cercano a los 800 millones de pesos, mediante un préstamo del Ejecutivo al Legislativo que, naturalmente, nunca se pagará. ¿Autonomía de Poderes? ¿En qué idioma estamos hablando?

A López Ayala lo sucede en la coordinación de la bancada panista Éctor Jaime Ramírez Barba, exfuncionario favorito de Márquez como secretario de Desarrollo Social, jefe de su campaña a gobernador y, por si algo faltara, aspirante a candidato. ¿Hay un esquema de mayor subordinación? Tomando en cuenta que Márquez es el gran elector en el PAN ¿un precandidato en su sano juicio podría confrontarlo? Ni pensarlo.

Por eso, las auditorías se definen “políticamente”, como ya lo reconoció en forma pública la presidenta de la Comisión de Hacienda Elvira Paniagua. Y así, la revisión al funcionamiento del programa Escudo, cuyos resultados están lejos de las promesas bajo las cuales se contrató y más lejos de su estratosférico costo, puede esperar dormido en un cajón hasta que lo decida… Éctor Jaime, probablemente después de acordarlo con los emisarios de Márquez al Congreso.

Así que, si el día de mañana, el gobernador Márquez llegara a sumarse a la lista de los mandatarios o ex mandatarios que son reclamados de actos ilegales mucho tendrá que reclamarle a quienes hoy deberían ser la primera línea de defensa de posibles irregularidades: Isabel Tinoco y Éctor Jaime Ramírez.

Naturalmente, la culpa no será solo de ellos, pues queda claro que el modelo de subordinación parte del propio Ejecutivo y de no aceptarlo estos funcionarios, probablemente no estarían allí.

Es la misma ceguera que hace algunos ayeres hundió al PRI: la de creer que las cosas seguirán iguales para siempre y la de negarse a ver los signos de cambio en el ambiente.

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