El nuevo proceso de designación del Procurador de los Derechos Humanos en Guanajuato ha permitido constatar, por si hiciera falta, el desdén de gobiernos y partidos sobre el tema.

Cuando Miguel Márquez anunció que dejaría la tarea de integrar la terna para proponer al Congreso a los candidatos a Procurador de los Derechos Humanos al Secretario de Gobierno, Antonio Salvador García, muchos entendimos que el tema no le merecía la menor consideración.

Apenas se explica que la responsabilidad se le haya encargado al funcionario que ha navegado en la oscuridad los cuatro años del gobierno; que es ignorado por los integrantes del área de seguridad, Carlos Zamarripa y Álvar Cabeza de Vaca, a quienes teóricamente coordina; que es pasado por alto constantemente por el Secretario Particular, Ricardo Narváez, al grado de que acaba de infiltrarlo con su nuevo subsecretario del área política.

Que a Miguel Márquez los derechos humanos le parecen un estorbo, quedó suficientemente claro cuando en un arrebato de emoción llamó desde su alta investidura a castigar físicamente a los niños “para que no se desvíen”; las obligadas disculpas dadas 4 días después correspondieron a un control de daños racional obligado por la polémica desatada.

La decisión de entregar la gestión del procedimiento de selección de candidatos a uno de los funcionarios que menos resultados ha mostrado y de quien ya nada esperan el resto de sus compañeros de gabinete, podía anticipan lo que ocurrió.

La terna entregada ayer, de forma tardía, al Congreso del Estado, está conformada con un gran desprecio por la cantidad de aspirantes con perfiles y trayectorias definidas que respondieron a la convocatoria.

Se aprecia como una terna de cuotas y de cuates, donde quedan representados los intereses del gobierno estatal, el PRI y el PRD. Sin embargo, esa lógica ahí acaba y terminarán designando a uno que muy probablemente será… el más cercano al gobierno.

Ese es, ni más ni menos, el actual subprocurador de Derechos Humanos en Irapuato, José Raúl Montero de Alba, discípulo absoluto de Gustavo Rodríguez Junquera con quien trabajó en México a las órdenes de Ramón Martín Huerta.

Esta opción le ofrece al gobierno de Miguel Márquez, en sus últimos dos años una cómoda continuidad, además de que ahorra la curva de aprendizaje. Si lo vemos bien, se trata de una “terna de uno”, donde dos de los integrantes tienen prácticamente cero posibilidades.

José Carlos Guerra Aguilera es bien visto por los diputados del PRD, sobre todo por su cercanía con personajes como Carlos Navarrete y Miguel Alonso Raya. Y aunque tiene trayectoria y antecedentes en el tema, su alejamiento de la vida pública por más de una década no lo hace una opción viable.

Eric Bolívar, irapuatense al parecer propuesto por la diputada priista Irma Leticia González, es el perfil más débil del grupo y su inclusión pude servir para complacer a la presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Congreso.

Queda claro que el sesudo trabajo de Antonio Salvador García y de su nuevo “brazo derecho”, Rolando Alcántar, fue más en el sentido de dejar fuera a perfiles solventes como los de los académicos Jesús Soriano y Germán Estrada y el consultor internacional José Manuel Ramos Robles, para construir una terna plagada de debilidades.

La exclusión de las tres mujeres inscritas deja claro que, a la par que los derechos humanos, la equidad de género también goza de una bajísima prioridad en este gobierno.

La primera convocatoria pública para que organizaciones de la sociedad civil postulen a los candidatos a ocupar la defensoría del pueblo en Guanajuato, va rumbo a convertirse en un verdadero desastre.

Las cosas están dadas de tal manera que el continuismo parece el peor de los males, aunque desde luego significará una línea igual a la seguida en los últimos 8 años, de total complacencia con las visiones gubernamentales y sanciones simplemente escenográficas.

Lo peor que puede pasar es la improvisación y hasta el retroceso, justo cuando se ha constituido una sociedad más demandante en la materia y cuando el tema de los derechos humanos es la piedra de toque de numerosas discusiones públicas, incluyendo las relacionadas con la política social, hoy por hoy el eje más importante del gobierno marquista, aunque en una vertiente que se ha decantado por la vulgaridad del madruguete electoral, una falta de lesa humanidad, por cierto.