Transparencia y rendición de cuentas son conceptos que se fueron diluyendo, del inicio del gobierno de Márquez a nuestros días; por ello, el historial de Paulo Bañuelos Rosales no será impedimento para consumar su ascenso al gabinete.

Este domingo 25 de septiembre, aprovechando su in.tervención en la sesión de inicio del nuevo periodo del Congreso, que se convirtió a su vez en la inauguración política del nuevo y ostentoso palacio legislativo de Guanajuato, Miguel Márquez no quiso dejar pasar la oportunidad para un deslinde.

Ante las críticas provenientes de todos los ámbitos, incluso del mismo PAN, sobre la escasa pertinencia de un gasto como el realizado en una obra que solo da servicio a la misma burocracia estatal, el mandatario remarcó en su intervención que la esencia del Legislativo no está en su infraestructura física, “sino en el cumplimiento de sus funciones”.

Márquez se cura en salud y evita asumir el costo que le correspondería en el despilfarro que significó la tardad y onerosa construcción de una nueva sede para los 36 diputados de Guanajuato, pues fue gracias a un préstamo del Ejecutivo a la pasada Legislatura que el edificio pudo ser terminado, por lo menos a una etapa relativamente funcional.

Y hace bien, pues en su propio ámbito de responsabilidad ya tiene suficientes pendientes con la transparencia, como para asumir responsabilidades ajenas.

Márquez no ha querido abrir los expedientes de la contratación de Programa Escudo, asignado de forma discrecional en un contrato de arrendamiento por seis años a una empresa que ha mostrado su incompetencia fehaciente y suficientemente: Seguritech.

La asignación de los cuantiosos contratos para la compra de los medicamentos que se reparten en el Seguro Popular también ha sido asignada de forma directa, tras declarar desiertas las licitaciones convocadas. Tampoco hay explicaciones.

Miguel Márquez creo una Secretaría con el expreso nombre de Transparencia y Rendición de Cuentas, transformando la Secretaría de la Gestión Pública que él mismo encabezó y de la que conocía muy bien sus limitaciones, pues él mismo fue sujeto de bloqueos y restricciones para profundizar en investigaciones, en el sexenio de Juan Manuel Oliva.

Sin embargo, al colocar en el cargo a una mujer sin experiencia en el tema, pues su fortaleza era la recaudación fiscal; pero también sin trayectoria política que le perdiera un cierto margen de maniobra, Márquez se aseguró de cumplir de forma cosmética su promesa de mayor claridad en el manejo del gasto público, sin riesgo alguno para su administración.

Por ello, no extrañará que en estos días, el mandatario de Guanajuato concrete su decisión de nombrar a un operador de corte electoral, Paulo Bañuelos Rosales, como nuevo Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, pese a que dicho servidor público incurrió en graves irregularidades en una dependencia descentralizada del gobierno federal, el Banco de Crédito Rural del Centro.

Visto que la transparencia y la rendición de cuentas es un discurso políticamente correcto, peor no una actitud de vida, nada impedirá que Márquez coloque al exfuncionario responsable del programa social Zumar, como nuevo responsable de las políticas pública dirigidas al campo.

No lo han detenido esos antecedentes, suponiendo que los conoce, para designarlo antes en el programa de atención a Zonas Marginadas y en la propia subsecretaría de Desarrollo y Competitividad de SDAyR. La falta cometida por Bañuelos no debió ser menor, toda vez que le costó 8 años de inhabilitación y una sanción de más de 6 millones de pesos.

Hoy, el tema que más le preocupa al gobernador es el de la sucesión y el margen de operación con el que contará para orientarla a sus fines políticos y personales. La transparencia, la rendición de cuentas, el gobierno honesto, han sido eslóganes que se han decolorado con el tiempo y que ya están a punto de desaparecer.

Así es esto: es el poder y no hay quien se le resista.