Arnoldo Cuellar

Márquez en el lado oscuro

In Botepronto, Zona Franca on junio 13, 2016 at 3:24 am

El gobernador de Guanajuato se refugia en la formalidad legal y evade la moralidad que propone su propio código de valores, para justificar el lucro indebido del caso Toyota.

El Miguel Márquez Márquez que llegó a la recta final de la disputa por la candidatura del PAN a la gubernatura de Guanajuato, a principios de esta década, era un hombre profundamente afrentado por algunas de las prácticas con las que debía contemporizar en el gobierno de Juan Manuel Oliva.

Recuerdo conversaciones privadas, y sinceras a mi parecer, con un Márquez que se explayaba sobre los excesos de Gerardo Mosqueda, quien agotaba los viáticos de la Secretaría de Gobierno en un tren de parafernalia; se quejaba del descontrol de la obra pública por parte de Genaro Carreño y se quebraba la cabeza para encontrar salidas dignas en la fiscalización de las pequeñas tropelías descubiertas en el DIF de Martha Martínez de Oliva.

Miguel Márquez afirmó en varios tonos, incluso públicamente, que la Expo Guanajuato Bicentenario era un derroche innecesario. También se quejaba de las excesivas cantidades otorgadas a las empresas automotrices para conseguir que eligieran a Guanajuato como destino de su inversión.

Sin embargo, las inercias son difíciles de vencer y el poder es la verdadera prueba de fuego para cualquier convicción.

Por cierto, Miguel Márquez siempre ha puesto como garante de su honestidad en el gobierno, sus convicciones personales y los valores que profesa su familia. Algo que ni siquiera se le exige a un político, puesto que la mayor prueba de un comportamiento recto no lo es ni la historia ni la conducta pretérita, sino sencillamente el apego a la ley y, hoy en día, el compromiso con la transparencia.

Pues bien, el caso Toyota, explorado por medios de comunicación locales y nacionales, exhibe de forma documentada, por primera vez en este gobierno, una decisión carente de toda ética que se aprovecha de una política pública normalizada en Guanajuato, la de subsidiar a las grandes corporaciones para construir un “milagro económico”, para otorgar un lucro indebido a una sospechosa empresa privada.

No puedo imaginar que Márquez, por lo menos aquel de 2010 y 2011, pudiera justificar el “pago por encima de los avalúos” que benefició no a los ejidatarios poseedores ancestrales de esas tierras, sino a un grupo de inversionistas mezclado con exfuncionarios públicos que empleando información privilegiada ganó cientos de millones de pesos en unos cuantos meses.

Los ejidatarios vendieron barato y el gobierno pagó caro para que lucraran un grupo de particulares ¿le suena conocido? ¿Le parecerá al gobernador Miguel Márquez que se trata de una situación justa? ¿Es válido moralmente que el gobierno pague de más y que campesinos indefensos reciban precios irrisorios para que ganen unos cuantos?

Porque, además, ahí está existencia de nexos corporativos entre algunos de esos audaces empresarios y un grupo de inversionistas que ha sido cercano a Miguel Márquez desde los tiempos de su campaña, Losrram, los edificadores de un ambicioso polo turístico en Pozos, San Luis de la Paz.

¿Ignacio Soto Borja y Daniel Esquenazi, tolerarían que sus subordinados emprendieran una operación de esta naturaleza sin hacerlo del conocimiento del gobernador? ¿O Se trata de permitir un negocio para pagar ”favores de campaña” pasados o futuros?

¿Esa es la idea de un gobierno justo, ético y transparente del señor Miguel Márquez? ¿Es lo que quiere proponer si se lanza a la búsqueda de una candidatura presidencial?

Por lo visto hasta ahora, a Márquez le parece que sus funcionarios han hecho las cosas correctamente y ni siquiera ha planteado la lejana posibilidad de iniciar una investigación para tener la información de lo que pasó en Caleras de Ameche, a ciencia y paciencia de su gobierno: otra vez los más pobres pagaron el precio para que hicieran negocio los que tienen conexiones con los poderosos y eso bajo un gobierno que promueve los valores.

Lejos de eso, todas las acciones del gobierno vistas hasta ahora tienden al encubrimiento: reserva de la información hasta después de la conclusión del sexenio; defensa a ultranza del esquema de precios pagados a los intermediarios y un silencio cómplice sobre las operaciones previas de especulación que incluso recurrieron a las amenazas.

Las respuestas de Márquez hablan de una operación de defensa del esquema bajo el cual se expolió a campesinos, se benefició a intermediarios y se produjeron beneficios inmorales que bien pudiera prestarse a corrupción.

Es decir, Márquez ni siquiera tiene la salida de otros políticos que tratan de salvarse sacrificando a sus empleados, aquí él está dispuesto a dar la cara por todo lo que pasó, lo que pone las cosas en otro nivel. La impresión que deja es la de que toda la operación fue dirigida desde el más alto nivel del gobierno y que los funcionarios encargados solo cumplieron órdenes.

Por eso, subsiste la pregunta: ¿qué le pasó a Miguel Márquez, la joven promesa que iba a renovar al PAN y rescatarlo de las gastadas prácticas de opacidad y corrupción?

¿Será entonces verdad que el poder corrompe a cualquiera?

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