Senadores priistas Chico y Sánchez se oponen a ley 3 de 3, con el resto de su bancada; se ve que no serían una solución para los abusos que critican de palabra en Guanajuato.
Se ha extendido el silogismo, sobre todo en redes sociales, de que los políticos no quieren combatir la corrupción, por el sencillo hecho de que ellos mismos son la corrupción.
Ayer, en el Senado de la República, con una maquinación donde ya no se sabe quienes están del lado de la sociedad y quienes en contra, pues todos contribuyeron de una u otra manera a sabotear la iniciativa original de la ley 3 de 3, que planteaba máxima publicidad al detalle de los bienes y compromisos de quienes aspiran a ocupar cargos de elección y funcionarios de alto nivel.
Unos, con cinismo, rasuraron la propuesta legal hasta dejarla irreconocible: una simulación más de las muchas que los gobiernos, priistas y panistas, han ido agregando a la parafernalia de una inútil rendición de cuentas que solo gasta recursos del erario y que no detecta una malversación ni por equivocación.
El PRI se guardó la aprobación de la nueva ley de responsabilidades hasta después de las elecciones, pues presumían un castigo del electorado ante la maniobra que seguramente tenían prevista con toda antelación. No hizo falta, el castigo ocurrió con ley o sin ella y ahora, en la amargura de la derrota, parece que ya no les importa exhibir un cinismo apabullante.
Los senadores priistas de Guanajuato, Gerardo Sánchez y Miguel Ángel Chico, votaron con el resto de su bancada. En el primero era lo esperable, dada la fortuna que ha acumulado en los últimos años con el expediente de “bajar” recursos federales para fundaciones venales y programas culturales inexistentes.
Chico, que busca un resquicio donde colarse a una complicada candidatura a gobernador, ante la hegemonía de su colega en las estructuras priistas locales, pudo haberse distinguido con un voto a favor de la transparencia, que igual no hubiera cambiado nada, pero que le hubiera hecho quedar del lado de la sociedad, incluso de forma negociada con su dirigencia o en plena rebeldía en el peor de los casos.
No fue así, los priistas de Guanajuato que pretenden condenar los excesos del PAN solo de palabra, tienen su propia milpa para cuidar en el terreno de las ganancias ilegales que permite el laxo marco legal para vigilarlos.
Tres senadores panistas votaron a favor de la máxima publicidad de la información sobre la situación patrimonial de los servidores públicos: Pilar Ortega, Juan Carlos Romero y Fernando Torres, quedando en el bando minoritario.
La congruencia los obliga ahora a asumir el compromiso en lo personal y hacer pública su declaración 3 de 3, independientemente de que no sea una obligación. De acogerse a la no obligatoriedad de la medida, estarán mostrando que su voto solo fue una simulación y que les viene bien lo que pasó más allá de que los costos los hayan pagado otros legisladores.
La impresión que sigue quedando es la de que la clase política en su conjunto, con su incapacidad para escuchar a la sociedad y su sensibilidad adormecida por los privilegios que les otorga el poder, constituyen el meollo del problema en materia de despojo y apropiación de los bienes públicos.
No han articulado una propuesta viable en el pasado, como evidencia gobiernos de todos los niveles en la actualidad. Ahora, frente a una ola de indignación social, de nuevo eligen la simulación. ¿Creerán que engañan a alguien?
