Inseguridad, crisis salarial, aumento de la desigualdad, son algunos de los contrapuntos del endeble “milagro” guanajuatense; mal haría Márquez en desatenderlos por la ilusión de una aventura política que cada día se complica más.

En lugar de distraerse en el coqueteo insulso con el futurismo electoral, el gobernador Miguel Márquez haría bien en concentrarse en las luces de alarma que se presentan en el tablero político de Guanajuato.

Los temas de la inseguridad se encuentran al rojo vivo. No solo es la cuestión de los delitos patrimoniales, que ya motivaron una reforma exprés y populista que será insuficiente, de acuerdo a criterios de expertos.

También es la creciente violencia asociada a la actuación del crimen organizado, que ya tiene a la entidad en los primeros lugares nacionales de incidencia de homicidios dolosos durante los últimos dos años.

La seguridad no perdona ni a los huéspedes mas distinguidos de Guanajuato en los tiempos recientes: los ejecutivos de las empresas japonesas empiezan a ingresar a las estadísticas, como lo definió el alcalde celayense Ramón Lemus cuando comentó el robo a la universidad de la que fue directivo.

No sirven de nada las justificaciones oficiales y oficiosas que buscan minimizar las estadísticas oficiales o matizarlas. En los hechos, la percepción es que las cosas están empeorando y que hoy nuestras ciudades son más peligrosas que en el pasado reciente.

Muy poco explican los esfuerzos que pretenden compararnos con entidades en manos de bandas la delincuencia. Los ciudadanos de Guanajuato no tienen porqué estar pendientes de lo mal que se encuentra la situación en otras latitudes, para sentirse menos agobiados, lo que tienen es su realidad, a ella se atienen y están en su derecho de reclamar más trabajo de sus autoridades.

Otro tema que comienza a cobrar actualidad es el de los claroscuros contenidos en uno de los mayores orgullos del actual gobierno y la base de sus pretensiones políticas: la creación de empleo derivada de la inversión extranjera en Guanajuato va acompañada de salarios muy poco competitivos.

Esa situación, combinada con la conformación de un ejército de técnicos y de ingenieros capacitados en las nuevas universidades, abarata aún más la oferta de mano de obra y le da más ventajas a las armadoras y a su entorno proveedor.

A la larga, la industrialización subsidiada por aportes multimillonarios en terrenos, infraestructura y capacitación, no ha generado una mejoría en la calidad de vida de la población equiparable a la rentabilidad que obtienen las grandes empresas globales asentadas en los últimos años en la entidad.

Esa es una de las explicaciones del programa social emergente que ha preparado Miguel Márquez para cerrar su gestión, utilizando para ello deuda pública, es decir, recursos futuros. El Guanajuato industrializado ha generado una mayor desigualdad y hoy los polígonos de pobreza, como se les llama con eufemismo tecnocrático, son de una magnitud preocupante y gravitan sobre las principales ciudades del estado.

La política social del gobierno marquista no surge como una prioridad, sino como una reacción frente al fracaso de la utopía de que el crecimiento del PIB se reflejara en una disminución de la pobreza y la marginación, lo que más bien ha ido en sentido contrario.

Creer que un estado de creciente intranquilidad por el fenómeno delictivo, desatendido en lo esencial y al que solo se dan respuestas episódicas y coyunturales; además de un modelo de crecimiento que expande la desigualdad, pueden ser los pilares de una plataforma de campaña nacional, puede ser más grave que un error, puede ser una completa imprudencia.

Márquez pude aportar a su partido si se aplica en sus áreas de oportunidad en casa, que son muchas, más que en intentos desesperados por recuperar el tiempo perdido a causa de su propia indecisión en la aventura externa.

El riesgo de no hacerlo es el de colapsar por ambos flancos y esa es la antesala de la tragedia.