Arnoldo Cuellar

Código Penal: fracaso, irracionalidad, regresión

In Botepronto, Zona Franca on mayo 26, 2016 at 3:20 am

Culpan a la ley y a la crisis ética de la sociedad, pero la reforma no habla ni por equivocación del fracaso de las políticas estatales: “todos, menos yo”, es el argumento de nuestros gobernantes.

El día de hoy veremos como se consuma una de las reformas legales más irracionales de los últimos tiempos en Guanajuato, además en uno de los ámbitos más delicados de la vida en sociedad: la sanción de acciones violatorias de la ley.

Impulsados por una justificada preocupación de la opinión pública ante el crecimiento del fenómeno delictivo en Guanajuato, una parte del cual obedece a la impunidad sistemática que se refleja en la negligente tarea de prevención, por una parte; y en la evidente falta de confianza hacia la autoridad que deriva del escaso porcentaje de denuncias, el estamento gobernante en Guanajuato decidió lo que se antoja una fuga precipitada hacia el vacío.

Las reformas, adiciones y derogaciones al Código Penal de Guanajuato que ya fueron aprobadas de forma exprés en comisiones ayer mismo y hoy serán ratificadas por el pleno, parten de consideraciones de una vaguedad abismal como esta:

“…el afán resarcitorio dejó de considerar el efecto que el delito causa también en la sociedad, sobre todo, cuando las circunstancias que en ella prevalecen son las de una desbordada inseguridad, producida por fenómenos multifactoriales, entre los que destacan la falta de respeto a principios éticos que antaño sustentaban las relaciones interpersonales, así como el desdén por contenciones en la comisión misma de los hechos delictivos, pues una gran parte de los que ahora se producen evidencian violencia desmedida, brutalidad sorprendente y hasta saña inexplicable.” (Exposición de motivos de la Iniciativa de reformas, adiciones y derogaciones al Código Penal del Estado de Guanajuato. P.3)

Es decir, de acuerdo a este planteamiento que firman el gobernador del Estado, los integrantes de la Junta de Gobierno del Congreso y todos los miembros del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el único factor digno de mención en la situación de “desbordada inseguridad” que vivimos es el que atañe a la crisis ética de la sociedad, pero nada dicen, en cambio, de la crisis que también viven los órganos de gobierno.

Así, ante las críticas ciudadanas de que las autoridades policiales, judiciales y ministeriales no hacen su tarea, ni aún a costa de las millonarias inversiones que han realizado, bajo el signo de la opacidad por cierto, la respuesta es que las leyes no funcionan y que los individuos no respetan los principios éticos. La argumentación de estos políticos podría resumirse en una frase: “todos menos yo”.

Sin embargo, la reforma propuesta, que consiste sobre todo en ir a contrasentido de los cambios impulsados por el nuevo sistema penal acusatorio y adversarial para privilegiar las penas corporales en lugar del resarcimiento del daño y la solución del conflicto, tiene una debilidad: al final del día, su cumplimiento depende de los mismos agentes que han estado fallando hasta ahora: los cuerpos policiacos preventivos y reactivos y los agentes del ministerio público.

Es más, la tesis subyacente en la reforma, de que los delincuentes han encontrado en los mecanismos de resarcimiento del daño una vía expedita para evitar la cárcel y volver a delinquir, puede resultar absolutamente falaz, pues de tener estadísticas, las que por cierto no se incorporan al análisis de la iniciativa, se vería que son mínimos los casos donde los delincuentes llegan siquiera a ser sometidos a proceso.

Una estadística seria de denuncias y procesos, mostraría que la impunidad no se finca mayoritariamente en quienes pisan la prisión y la abandonan por los instrumentos de conciliación o reparación del daño, sino que se encuentra sobre todo en la cantidad de casos no resueltos y en la cifra negra de infracciones que no se denuncian.

Aumentar el número de denuncias o propiciar que los procesos se inicien oficiosamente, solo sobrecargará al aparato de investigación que ya se encuentra rebasado en este momento y el cual no se contempla reforzar.

Si la reforma funciona para convencer a los ciudadanos de denunciar todas las faltas de que son objeto (robos sin importar su cuantía), lo único que veremos aumentar no serán los detenidos en las cárceles, sino los expedientes abiertos y estancados en el proceso de investigación.

Llama la atención poderosamente ver a todas las fuerzas políticas y avezados juristas rubricando una reforma que incrementa penas y cancela o dificulta beneficios a los inculpados como forma de disuadir a la comisión de delitos, cuando la mayor parte de las teorías criminalistas opinan en contrario.

Preocupa que la reacción ante la legítima inquietud de la sociedad por el aumento de la incidencia delictiva, sea una reforma punitiva elaborada sobre las rodillas y operada sin debate público.

Un gobierno que opta por el incremento de los instrumentos legales de represión frente al fracaso de sus políticas públicas, va en un sentido contrario al del progreso democrático.

Que eso busque al gobernante Partido Acción nacional después de que no se ha dignado explicar a la sociedad de que han servido los miles de millones gastados en su programa de vigilancia tecnológica “Escudo”, puede ser explicable aunque no justificable.

Pero que en ello le acompañen todos los partidos de oposición de Guanajuato, resulta francamente alarmante. Y eso es lo que veremos hoy en el Congreso del Estado.

  1. Que el Gobernador quiera “justificarse” con esta reforma es entendible, que los partidos políticos de “oposición” lo apoyen también lo es, hasta cierto punto; pero que el titular de la Procuraduría de DDHH, Gustavo Rodríguez Junquera, avale y celebre esta reforma tan retrógrada e inconstitucional es inconcebible.

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