El país vive uno de sus momentos más convulsos. Ya no se trata de retórica, como lo muestran no solo los graves sucesos de pérdidas de vidas y el generalizado cuestionamiento de la legitimidad de los poderes públicos por parte de actores sociales políticamente activos, sino también la inesperada agudización de la conciencia crítica en las nuevas generaciones de jóvenes.

Ver marchas todos los días en ciudades como León, Irapuato o Guanajuato capital es un fenómeno totalmente inédito. las demandas son aún confusas y el discurso es incipiente, pero lo que es profundamente real y preocupante es el desencanto que empieza a asomar su rostro en quienes debieran ser portadores de esperanza y de renuevo.

Y es que no parece ser para menos. Las evidencias de la corrupción rampante en la clase política, sin distinción de partidos, no dejan lugar al optimismo: quienes son los encargados por la ley y los procesos democráticos de elección de administrar los recursos públicos y aplicar el marco normativo, se muestran como un hatajo de saqueadores.

La corrupción mantiene a los municipios en crisis de seguridad; al sistema de salud amenazado de quiebra, al igual que las pensiones de los trabajadores del sector pública; impide el crecimiento de la infraestructura en los servicios de calidad en la educación; castiga a las empresas con mordidas y trámites engorrosos; afecta la creación de empleos y se ensaña incluso con los amplísimos recursos destinados a las políticas contra la pobreza.

La corrupción es la gran responsable de la falta de oportunidades para miles de jóvenes, con la consecuente tentación de enrolarse en las filas del crimen, común u organizado.

La corrupción coadyuva a mantener estancado el mercado laboral, pues dinero que debería estar invertido en actividades productivas se va a los bolsillos de políticos y burócratas de toda laya. Así, quienes termina una carrera tienen como destino, en buena medida, el subempleo; cuando no el crudo desempleo.

¿Le extraña a alguien, con un mínimo sentido de la proporción de este desastre, porqué los jóvenes están saliendo a las calles a manifestarse? No parece que sea precisamente por gusto, sino por el hecho inocultable de que no les gusta el país que les estamos heredando y eso no parece tener remedio en el corto plazo, menos con la actitud que muestran ante ese panorama la mayor parte de los político.

Por esa causa ofende profundamente la actitud que no puede ser calificada sino de mezquina e inconsciente, de los nuevos consejeros electorales de Guanajuato entre los que se encuentran muy respetados académicos que probablemente en lo individual nunca hubieran optado por una actitud como esa, pero que ya en la decisión colectiva no parecen haber tenido la fuerza para oponerse a la decisión de algunos de proponer incremento a sus remuneraciones de un 46 por ciento.

¿Es malo el salario que tenían los anteriores consejeros ciudadanos, de 87 mil pesos mensuales antes de impuestos? ¿Alguno de los flamantes consejeros electorales ganaba más de eso en sus anteriores desempeños? Si es así, ¿porque se esmeraron tanto en llegar a ese cargo? ¿O ya tenían planeado que en cuanto se sentaran en la silla harían esta trastada?

Ofende imaginar qué están pensando quienes se han ostentado como miembros de la sociedad civil, profesionales de la materia electoral y aspirantes a ejercer un arbitraje ante los desgastados partidos políticos, cuando una de sus primeras preocupaciones al llegar al cargo es incrementar de manera desproporcionada sus ingresos.

Por ejemplo, ¿ya revisaron cuánto ganan los funcionarios y empleados de base del Instituto Electoral? ¿Les van a incrementar en la misma proporción de lo que consideran justo para sí mismos? ¿Creen que es la mejor manera de construir un buen clima laboral si solo se benefician ellos como jefes y descuidan a los subordinados?

Y frente a la ciudadanía, a la que dicen representar, ¿cómo quieren quedar? Cuando una de las mayores fuentes de deslegitimación de los funcionarios públicos y representantes populares es precisamente el abismo entre los ingresos de la mayor parte de la población y la clase gobernante, ¿donde quieren situarse los señores consejeros electorales?

Una de las razones de la reforma electoral que se está poniendo en práctica es la de la transparencia del financiamiento público destinado al gasto electoral, ello incluye el costo de los aparatos que conducen la elección. No se entiende, entonces, que en Guanajuato los consejeros hayan decidido olvidarse de sus obligaciones para incurrir en una falla fundamental: poner en el centro de la polémica su interés en algo que debería ser irrelevante: sus propios ingresos.

Porque si lo que les importa a estos consejeros, antes que nada, es su bolsillo ¿qué nos impide pensar que serán susceptibles a los embates de la corrupción, que campea por todas partes en el país?

Una jugada tan mezquina, tan deleznable, tan obtusa, no puede mas que generar preocupación. Ya lo decía hace unos días el presidente de Uruguay José Mujica, en entrevista con la periodista mexicana Carmen Aristegui: “a los que les gusta mucho la plata hay que correrlos de la política; son un peligro.”

Espero, sinceramente, que los ilustres académicos y ciudadanos que integran el Consejo del IEEG reconsideren la situación y opten, como dice el propio Mujica, “por vivir como vive la mayoría y no como vive la minoría.”

Y en ese sentido, 87 mil pesos son incluso ya mucho, como para que pretendan 127 mil al mes. Hasta deberían hacernos una rebaja, sobre todo tomando en cuenta que se reparten el trabajo entre siete. Si no es dable esperar sensatez y moderación de las personas ilustradas, ¿entonces de quién?