El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, lanzado contra las cuerdas por una opinión pública nacional  e internacional que le quitó todo el crédito a su intento de modernización del país ante la incapacidad para garantizar derechos elementales de justicia y seguridad a su población, ha propuesto un pacto contra la violencia.

¿Podrá funcionar? El pactismo celebrado para realizar las reformas estructurales en la economía, las telecomunicaciones y el sector energético, se celebró entre el gobierno y las cúpulas de los partidos políticos representados en el Congreso.

Sin embargo, en el tema de la violencia, los partidos se encuentran implicados y son corresponsables de lo que pasa en las entidades que gobiernan. ¿Cómo podrán firmar un pacto contra la violencia quienes la han tolerado, prohijado y hasta utilizado para allegarse recursos materiales y ventajas políticas?

Para no ir más lejos, en Guanajuato vimos como el propio partido del Presidente, el PRI, se aglutinó en torno al alcalde del municipio de Silao para defenderlo de una investigación ministerial por la golpiza  contra una periodista, aparentemente ordenada por su director de seguridad pública, actualmente prófugo de la justicia.

Antes vimos como ese mismo PRI protegió de una investigación judicial al alcalde de San Felipe, acusado de ordenar el secuestro de dos ciudadanos, uno de los cuales resultó herido de bala por el propio director de seguridad, ya despedido, de ese municipio.

¿Podrá firmar con plena legitimidad ese pacto el dirigente nacional del PRD, el guanajuatense Carlos Navarrete, después de haber antepuesto cálculos políticos y electorales a la simple y llana investigación de los hechos de Ayotzinapa, a fin de sostener en el cargo al gobernador Ángel Aguirre?

Todo indica que el Presidente Peña está recurriendo a una receta ya superada para enfrentar una circunstancia radicalmente distinta a aquella en la que inició su mandato.

Cuando el mandatario ofrece, como una de sus premisas para sustentar este nuevo pacto, el argumento de que la seguridad compete a todos y no solo al gobierno federal, parece estar adelantando una excusa, una justificación o un alegato de impotencia.

Probablemente, cuando regresaron al poder, la intención de Enrique Peña Nieto y su grupo compacto, era la de reeditar el manejo del presidencialismo mexicano del siglo XX, que otorgaba hegemonía al presidente sobre los restantes niveles de gobierno e, incluso, sobre los dos poderes restantes.

Esa intención solo se ha podido concretar a medias y, de aquí en delante, ya no parece funcional.

En la gestión de Peña Nieto han caído dos gobernadores. Uno del PRI, en Michoacán, insostenible por razones de salud pública y personal, pero para lograrlo se creó la figura de un vierrey, el comisionado federal, que se ha convertido en el verdadero poder político de esa entidad, por encima del mandatario formalmente electo para concluir el periodo.

El otro, el de Guerrero, debió esperar a acuerdos entre las corrientes del PRD, sin que el Presidente pudiera moverse a la velocidad del antiguo presidencialismo, lo que le obligó a asumir parte de los costos del conflicto.

El antiguo presidencialismo ya no existe, aunque lo añoren los priistas. Sin embargo, tampoco funcionan los mecanismos constitucionales que podrían dar salidas legales a la inoperancia del poder. El Senado renunció a decretar la desaparición de Poderes en Guerrero, con lo que cedió el espacio de control a las componendas al interior de un partido político, como si el PRD no fuera el partido que gobernó Guerrero y falló, sino el dueño del estado.

Sobre bases tan endebles, es seguro que el Pacto al que llama Peña Nieto, que por cierto se firmará de manera apresurada antes de que salga en viaje internacional a China, no funcionará.

Se ofrece, además, que se convocará a la sociedad civil. Habrá que ver a cuál: a la que llena las antesalas de los políticos y ha generado una simbiosios con ellos; o a la que se manifiesta en las calles y en las universidades.

La primera no le serviría de nada. La otra no le toleraría que solo estuviera simulando.

Ya no queda duda: en México hacen falta odres nuevos para el vino nuevo.