Estamos viendo en Salamanca la ruta de un empecinamiento político que puede tener graves consecuencias, para sus protagonistas y para los ciudadanos.

Justino Arriaga Rojas era hasta fines del 2013 el menos conflictuado de los alcaldes del estado y representaba la muy necesaria posibilidad de una generación de recambio en el PAN.

Incluso situaciones que circulaban como rumores, a la postre consignadas en algunos medios, no parecían afectarle lo más mínimo: el ascendiente que ejercía el padre del alcalde, el ex munícipe Justino Arriaga Silva, parecía un asunto menor.

Cuando su vecino irapuatense Sixto Zetina, se enredó en un viaje a Europa mientras la ciudad se inundaba, las bromas entre panistas no se hicieron esperar: “es que no tiene quien lo asesore, como Justino”, se decía.

Esa imagen de solvencia política, que hoy se ha hecho trizas, comenzó a construir su propio cadalso en los últimos meses de 2013, cuando Arriaga Rojas, probablemente “asesorado” por Arriaga Silva, decidió aprovechar la necesidad de construir un complejo policial para hacer un buen negocio personal.

Las seis hectáreas del antiguo Country Club, propiedad de una inmobiliaria de la que son socios los integrantes de la familia Herrera Sánchez, de Irapuato, uno de cuyos miembros, Alejandro, es director regional de la OEM y editor del periódico de mayor circulación en Salamanca, dieron la oportunidad que se quiso ver perfecta.

Se ha relatado con detalles en varios medios de comunicación, en los Soles no por cierto, las debilidades de una operación de carácter público donde la mayor evidencia de irregularidad es el precio excesivo, casi con un cien por ciento de incremento sobre el valor real, con el cual fue adquirido y pagado el terreno.

Ese hecho ha sido impugnado y denunciado públicamente por los regidores priistas, particularmente por Alicia Muñoz Olivares, quien a consecuencia de ello ha recibido el embate de las columnas de los diarios de la OEM, lo que puso sobre la mesa la existencia de una complicidad, más allá de la simple operación comercial.

Ahora, la inconformidad se ha tornado ciudadana y un grupo que se siente afectado no solo por la ubicación del predio, a todas luces inadecuado para los fines del complejo que se quiere construir, sino también por la decisión de gastar de más los dineros públicos, ha presentado denuncias antes el órgano de Fiscalización Superior y la Contraloría Municipal.

Ambas denuncias argumentan el sobreprecio basadas en un avalúo de un perito independiente. Señalan además que no hubo autorización por parte del comité de adquisiciones del municipio para una compra fuera de subasta pública. Objetan el pago del Impuesto al Valor Agregado en la compraventa, por tratarse de un predio rústico y cuestionan la operación realizada ante un notario celayense, con tres funcionarios salmantinos: el alcalde, el entonces secretario de ayuntamiento y la Síndico, actuando fuera de la jurisdicción en la que ejercen autoridad.

Una posterior ampliación de denuncia ante el OFS detecto otra grave irregularidad: el predio sobre el que se realizaron avalúos para determinar el valor del terreno, era una propiedad inexistente, toda vez que el polígono se formó con la fusión y el posterior fraccionamiento de dos propiedades previas.

Esas operaciones se realizaron en fecha posterior a los avalúos y se formalizaron en la misma escritura de compraventa que, de forma absolutamente inadecuada para una operación que debe garantizar seguridad jurídica y transparencia por el uso de fondos públicos, llevó a cabo tres actos jurídicos en el mismo instrumento: fusión de dos predios con distintas cuentas catastrales y lotificación del terreno a vender al municipio.

Todo esto, realizado el día 20 de diciembre, el último hábil del 2013, en una actitud que denota prisa e intención de ocultamiento, ambas conductas absolutamente reprobables para una autoridad con obligaciones hacia sus representados.

Las cosas, sin embargo, no funcionaron. La compraventa del terreno del Country en casi 43 millones de pesos ha indignado a los salmantinos y agraviado a los vecinos del lugar.

Pero, además, soliviantó a la oposición en el Cabildo, salvo el regidor ecologista Bernardo Mercado, quien suele viajar a diferentes destinos y con variados pretextos, con gastos pagados por cuenta del municipio, lo que lo ha convertido en un leal apoyador de Justino Arriaga Rojas.

Esa situación ha obligado al alcalde, que se niega sistemáticamente a admitir que pudo haber cometido un grave error, a justificar la operación echando mano de nuevas maniobras, hechas a destiempo, que conducirán a un agravamiento de su circunstancia.

Por ejemplo, ya mandó hacer un nuevo avalúo, que le da prácticamente la cantidad exacta que pagó por el terreno, adjudicándolo a la Contraloría Municipal, para contestar a un queja anónima enviada por la Secretaría de la Transparencia del Estado.

La existencia de cuatro avalúos, que van desde los 24 millones de pesos hasta los 53 millones, en un arco de valores totalmente disparado, obligará a la realización de uno de corte oficial que el OFS podría encargar una instancia como el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, de la Secretaría de la Función Pública, para que resulte inapelable.

Sin embargo, como el edil salmantino trata de salir del problema en una fuga hacia delante, se encuentra remodelando a marchas forzadas el cascarón del Country Club para habilitar las instalaciones policiales que tanto ha presumido, con lo que vierte dinero bueno en el malo, esperando salir bien librado al enfrentar a los salmantinos y a las autoridades fiscalizadoras a hechos consumados.

En esa tarea y buscando salir de apuros coyunturales, Arriaga Rojas se comprometió con los padres de familia y directivos de las dos escuelas que rodean el lugar a limitar las maniobras policiales a horarios que no compliquen la entrada y salida de los niños, lo que resultará demagógico, pues la respuesta de las áreas de seguridad no puede tener horarios. Además de que el edil no puede garantizar lo que ocurra después de su mandato.

Así, al precio exorbitante, a los problemas legales derivados de las maniobras de ocultamiento y a la apertura de procesos fiscalizadores, las instalaciones del C4 y otras adyacentes del área de seguridad, en caso de que logre concretarse el cambio al terreno en cuestión, verán seriamente limitada su operatividad y pondrán en riesgo a terceros.

Todo lo que está pasando habla de una serie de fallos de planeación, de improvisaciones y de parches de procedimiento que no puede sino ser achacado a una causa primordial: la intención de aprovechar una necesidad del municipio para hacer un negocio con beneficios tanto al comprador como al vendedor, una situación que no puede recibir nada más que el repudio de la sociedad.

A la ciudad le dejará un problema de grandes dimensiones, pues de no pararse la obra del C4, las próximas adminstraciones gastarán muchos recursos para corregir las complicaicones que heredarán.

Justino Arriaga Silva, el ex alcalde y padre del actual presidente municipal, debería recordar como hace más de una década, el logró investigar y sancionar una operación de corte muy parecido a la actual, realizada por el ex alcalde priista Agustín Marmolejo, quien evitó la cárcel solo de milagro.

En política los errores parecen ser peores que los pecados y no prescriben tan fácilmente, menos ahora cuando el equilibrio político del estado tiene a restablecerse y el PAN parece perder la hegemonía absoluta de que gozó los últimos dos sexenios.

La desarticulada ofensiva de prensa con la que quieren capotear el temporal está muerta antes de nacer. Los Soles de Salamanca e Irapuato no sirven ya de nada por el involucramiento de su director, Alejandro Herrera, en el negocio y el riesgo que corre de manejar una línea editorial de beneficio personal y no de la organización a la que pertenece, algo que incluso podría costarle el puesto.

El echar mano de las complicidades que generan los convenios de publicidad generosos con otros medios, tampoco ha funcionado. De nada sirven las plumas cuando no hay estrategia.

Pero lo peor de todo quizá sea un asunto que no se sancionará en tribunales ni en órganos de control, sino en la conciencia individual y social: con la realización de operaciones tan dudosas y cuestionadas como la compra del Country Club, Justino Arriaga Rojas ha perdido la oportunidad de representar una esperanza de renovación para el PAN y ha abierto un tema que lo acompañará el resto de su vida.

Ni siquiera sus buenos contactos con el equipo de Madero le ayudarán, pues su vínculo directo es con los hermanos Villarreal, cuya imagen nacional y local está identificada con prácticas de corrupción.

Si a eso lo orillaron los malos consejos escuchados o sus propias decisiones, ya no parece tener importancia.

Justino padre hizo política en otras épocas y fue exitoso. El PAN gobernaba hegemónicamente Guanajuato y había ganado la presidencia de la República. La corrupción entre los panistas apenas aparecía y no era tema, frente a los excesos priistas que estaban llamados a relevar.

De lo que pareció no darse cuenta, como decía el trovador, fue de que los tiempos están cambiando.