Nadie puede negar el aplomo del delegado hidalguense de la SCT.
El ex alcalde de Tepeapulco, Leoncio Pineda Godos, asegura sin rubor alguno que los constructores guanajuatenses, entre ellos algunos de presencia nacional, no reúnen los requisitos para concursar en las obras de mantenimineto carretero que lleva a cabo esa dependencia en la entidad y que el año pasado fueron asignadas mayoritariamente a empresas foráneas y, principalmente, hidalguenses.
También asegura que las empresas guanajuatenses no se presentan a concursar en las licitaciones publicas de la SCT.
Así que, en palabras de Pineda Godos, los guanajuatenses no quieren o no pueden realizar obras federales dentro del presupuesto de conservación de carreteras de la dependencia, que ascendió en 2013 a la nada despreciable suma de 300 millones de pesos.
No se entiende, entonces, que el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción en Guanajuato, Alfonso Ortega Ortiz de Montellano, haya alzado la voz, con mucho comedimiento aún, para denunciar la situación y reclamar más espacio para los empresaros locales.
Leoncio, acostumbrado a los tratos rudos de su estado y no a las sutilezas del Altiplano, ya les mandó decir que no le preocupan sus inconformidades.
Mientras tanto se multiplican historias de terror entre contratistas locales acerca del trato que les dispensan los colaboradores de Pineda Godos, quien ha creado una doble estructura en el Centro SCT, una con el esquema de burócratas normales y otra paralela que ni siquiera cobra en la dependencia pero que es la responsable de supervisar y atender a las empresas foráneas.
Un constructor de Irapuato, de quien omito su nombre, me comentó hace poco: “siempre hemos sabido que hay que dar comisión por las obras, pero con este cuate las cosas se han puesto imposibles.”
La suposición es que el establecimiento de altas cuotas de “diezmo”, ese tema del que nadie quiere hablar públicamente pero que todos aceptan en privado, es la forma de excluir a los constructores locales para poder asignar las obras a los foráneos, sobre todo a los hidalguenses.
La tranquilidad con la que Leoncio Pineda asume el asunto habla mucho de lo seguro que se encuentra: tiene un alto respaldo político para hacer lo que está haciendo.
Su biografía no habla de una gran cercanía con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pues solo participó en cargos de tercer nivel en su administración. Sin embargo, de su pertenencia a ese equipo, no hay duda.
El desparpajo de Leoncio se da después de que dos delegados federales fueron removidos por asuntos de corrupción: Octavio Mijangos Borja, de Conagua; y Lorenzo Chávez Zavala, de Infonavit.
Así que los constructores locales, que por otra parte no son ningunas blancas palomas, ya conocen las opciones: bien se fajan los pantalones y hacen pública su inconformidad; bien le entran al “moche” con las condiciones de Leoncio; o, de plano, se dedican a otra cosa.
