Lo que nos faltaba por ver: en Guanajuato, un presidente municipal montó un operativo para impostarse como víctima de una extorsión, a fin de evitar el reclamo laboral de una funcionaria del DIF que exigía la devolución de un dinero ilegalmente descontado de su sueldo, para lo cual echó mano de la policía municipal y el aparato de propaganda y comunicación del municipio.

La situación, tan inédita como imaginativa, pone en evidencia la serie crisis de una clase política que gusta de pensarse como evolucionada frente a la de otras entidades del país.

Federico Velázquez, así se llama el audaz munícipe, pertenece al PRI y logró la recuperación del municipio de San Felipe Torres Mochas, en la zona noroeste de Guanajuato, después de varias administraciones panistas. Sin embargo, a un año y medio de su triunfo electoral enfrenta la posibilidad de un proceso judicial que puede culminar en su destitución.

Guanajuato avanzó a la alternancia desde hace más de dos décadas, aunque posteriormente se estacionó en una hegemonía panista muchas veces subsidiada desde el centro priista del país, como efecto de negociaciones nacionales que tomaron al estado como peón de un juego más amplio.

Y aunque el estado ha permanecido en manos del PAN, se han dado relevos de partidos en buena parte de los municipios, incluso León que en 2012 registró un triunfo priista tras 24 años de gobiernos panistas. Empero, este panorama no parece haber contribuido de manera decisiva a un crecimiento de la competitividad en la función pública.

Numerosas alcaldías de Guanajuato han vivido transiciones entre PAN y PRI e, incluso PRD y PVEM. Aunque es infrecuente que los que transiten no sean los partidos, sino los propios políticos que pasan con gran facilidad de unas siglas a otras cada vez que las cosas no les salen bien en sus partidos de origen.

La alternancia en el poder no ha generado, como podría esperarse, una mayor madurez de la oferta política. La competencia aparece en las elecciones, mientras en el resto del tiempo lo que prevalecen son las complicidades. Los cuadros de cada partido evitan hacer señalamientos contundentes sobre los excesos y las ilegalidades de sus adversarios, porque saben que tarde o temprano ellos podrían estar en la misma posición.

Continuas reformas administrativas han llevado a los regidores de los cabildos a tener sueldos que van de los 20 mil a los 40 mil pesos mensuales, en los diferentes municipios,  por desempeñar un cargo que no es de tiempo completo y que obligatoriamente solo implica presentarse a sesiones dos veces por mes. En muchas comunidades un cargo de esos permite un sueldo superior al de profesionistas exitosos y empresarios medianos.

Esta comodidad salarial hace que muchas veces los representantes edilicios se dediquen más a cuidar sus posiciones y la continuidad de sus carreras políticas, que la representación popular que ostentan.

Volviendo al caso de San Felipe Torres Mochas, la maquinación del alcalde, incluyó una lesión por disparo de uno de los acompañantes de Perla Silva, la empleada del DIF que fue acusada de extorsión por reclamar su liquidación y la devolución de los recortes salariales que le practicó por un año la esposa del alcalde, Teresa Ontiveros.

Por si fuera poco, la detención de Perla y tres personas más fue completamente ilegal ya que la policía municipal, bajo instrucciones de Federico Velázquez, los retuvo por 10 horas sin remitirlos a la autoridad ministerial. Aún cuando se hubiese probado alguna modalidad de extorsión, la retención habría sido violatoria del debido proceso y provocado la inmediata soltura de los detenidos.

Así que, a la prepotencia, el alcalde priista habría sumado una terrible ignorancia del marco legal y una torpeza supina para efectuar el operativo, pues el disparo, que se atribuye al propio director de seguridad municipal, Roberto González Ávila, fue un exceso al encontrarse desarmados los acompañantes de Perla.

La maniobra, como era de esperarse, resultó un fiasco desde su inicio. Perla Silva, quien fue por más de un año la secretaria particular de la presidenta del DIF, goza de la mejor reputación en la ciudad al igual que su familia. La versión de la extorsión se cayó en cuanto fue divulgada en boletines del municipio, la indignación se generalizó.

Las versiones de los recortes ilegales que Teresa Ontiveros realizaba en los sueldos de sus principales colaboradores se conocía desde hacía varios meses y había sido objeto de denuncias anónimas en diarios de la localidad, además de que hace varios meses se produjo un oficio del comité municipal del PRI solicitando a los regidores aclarar los rumores.

La intervención de la Procuraduría de Justicia del Estado, tras la tardanza en la entrega de los detenidos, fue solo para ordenar su liberación al no acreditarse los señalamientos del presidente municipal.

La situación ya originó una primera manifestación de medio millar de personas en una ciudad de poco más de 25 mil habitantes. La indignación de la comunidad obligó a intervenir al Partido Acción Nacional, principal oposición en el municipio, que una semana después de los hechos planteó el inicio de un procedimiento para investigar la responsabilidad del alcalde.

Sin embargo, más allá de lo que ocurra en un proceso donde lo más probable es que los partidos negocien cupularmente la suerte del alcalde, la situación que se antoja más delicada es la del perfil de los cuadros que están llegando a cargos de responsabilidad pública sin ningún tipo de formación.

Cuando vemos lo que ocurre hoy en Michoacán no es remoto imaginar que el deterioro inicial de una estructura política que terminó por colapsar frente al crimen organizado, primero; y después ante la organización autónoma y armada de ciudadanos, empezó por situaciones como estas que se viven hoy en Guanajuato: frivolidades, incapacidades y descuidos de las estructuras municipales toleradas por los poderes estatales.

Resulta muy difícil frenar el deterioro que vive la sociedad por fenómenos como el de la inseguridad, la impunidad, el crecimiento de la pobreza, el deterioro educativo y la falta de oportunidades, cuando los que ejercen el gobierno no están pensando en como administrar los recursos financieros y humanos a su cargo para atacar esos problemas, sino para satisfacer apetitos y ambiciones personales.

Esos son los primeros remiendos que se requeriría atender si se quiere frenar la ruptura del tejido social. En Guanajuato estaríamos a tiempo, si es que sus gobernantes se deciden a intervenir.

No obstante, el optimismo no da para mucho cuando se escuchan opiniones como la del gobernador panista Miguel Márquez, quien al ser interrogado sobre el posible abuso de poder en San Felipe, afirmó con displicencia: “es sólo un problema doméstico.”