Mientras los partidos políticos se solazan en sus disputas internas, que parecen quitarles todo el tiempo; mientras el gobierno del estado busca solo administrar y elude hacer política, la crisis de gobernabilidad en Guanajuato parece instalada en varios gobiernos municipales.
La caída del alcalde panista de Doctor Mora, por conflictos insuperables de vanidades personales y diferencias políticas; la casi inminente responsabilización penal del alcalde priista de San Felipe, por abusos de poder y maquinaciones criminales contra una empleada municipal; el conflicto que llegó a los golpes entre el munícipe de Apaseo el Alto, de Movimiento Ciudadano, y su antecesor priista, no parecen temas menores, de ninguna manera.
Si a ello se le agrega la constante actitud de insubordinación que mantienen frente al gobierno estatal de Miguel Márquez los alcaldes panistas de Irapuato y Salamanca, Sixto Zetina y Justino Arriaga; así como el permanente reto y competencia política en la que se ha enfrascado la priista leonesa Bárbara Botello, el cuadro se complica aún más.
Y todavía falta. El alcalde más confiable y cercano para el gobernador Márquez, de los municipios de mayor población, el empresario apartidista Ismael Pérez Ordaz, de Celaya, se enredó de forma gratuita en una disputa política que rebasó el ámbito estatal, al compartir con su ayuntamiento las presiones a las que estuvo sujeto por el cobro de “moches” en la asignación de presupuestos federales, de parte de una empresa ligada a diputados del PAN.
En ese contexto, debe quedar clarísimo que es una simulación o, en todo caso, una evasión, pensar que lo que ocurre en los municipios con las administraciones locales, son simples “asuntos domésticos”, como lo refirió el gobernador Miguel Márquez este fin de semana en relación con lo ocurrido en San Felipe, donde el alcalde priista Federico Velázquez acusó en falso a una empleada del DIF que se inconformó con el recorte ilegal de su sueldo y la encarceló por sus pistolas.
Cumplir y hacer cumplir la ley no puede ser un asunto doméstico, sino que es una cuestión de alta política en toda la línea. En medio de la crisis de legalidad que vivimos, con impunidad en el castigo de los delitos, con actuación rampante del crimen organizado y desorganizado, con informalidad fiscal, con el acomodo de la ley a las necesidades de los gobernantes, el ir poniendo coto a tanto libertinaje debe ser una de las tareas centrales de nuestra vida pública.
Y así se viene haciendo, lamentablemente, solo desde sectores de la sociedad no que no tendrían porqué ser los primeros responsables en dar la cara ante una violación del marco normativo.
Toda proporción guardada, la manifestación cívica realizada en San Felipe este sábado tiene un paralelismo con el movimiento de las autodefensas michoacanas, que incluso lograron ya su reconocimiento de facto por el gobierno federal, no obstante haber violentado el marco legal. Se trata de una población que se moviliza para cuidar de sí misma ante la incapacidad de sus autoridades y, algo peor, su caída en actitudes delictivas.
La situación amerita y exige la actuación de los poderes estatales, a fin de hacer sentir que lo que ocurre en lugares como San Felipe, Apaseo el Alto o Doctor Mora, importa en Guanajuato, sobre todo a quienes pidieron el voto popular hace no mucho para hacerse cargo de los problemas de la entidad, no para eludirlos con pretextos jurisdiccionales.
Aunque en el caso de Doctor Mora finalmente se dio una intervención del Secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, esta fue tardía, cuando las cosas habían llegado a un conflicto irreparable y no quedó de otra que “convencer” al alcalde electo de que pidiera licencia.
Se pudo hacer porque era un panista y le fue aplicada presión desde el partido y el gobierno, pero esa fórmula puede no funcionar con un alcalde priista, como es el caso de San Felipe.
Lo que no funciona, está visto, son los mecanismos previstos por la ley, como ocurre con el desafuero. O, de plano, los políticos prefieren no echar mano de ellos y arreglarse en lo oscurito, donde los acuerdos se toman sobre la base de intercambios en ausencia de marcos normativos.
Por otra parte, las mesas partidistas para prever conflictos y tratar de generar gobernabilidad, como ese intento de establecer un Pacto por Guanajuato, hasta ahora se han visto más bien desairadas por el gobierno estatal y por el partido mayoritario en la entidad.
Sin embargo, frente a los signos de crisis que nos invaden, el tradicional regateo de los políticos para querer apropiarse de los logros y achacar a otros las responsabilidades, tendría que ser dejado de lado.
Un gobierno estatal más activo, más preocupado, menos evasivo: una oposición más coadyuvante y menos golpeadora; unas instituciones funcionales y atentas y menos lejanas de la realidad e inalcanzables de los mortales, hacen falta para paliar los atisbos de la tormenta que se avecina.
Tal vez sea mucho pedir. Nuestros políticos, de todos los signos, son demasiado afectos a la comodidad de pensar que “nada es para tanto” y que hay cosas “que se arreglan con el tiempo”. No es remoto que actitudes como esa sean las que se encuentren en la raíz de los conflictos que hoy vive Michoacán.
Así que más vale cambiar el paradigma, de una vez.
