El gobernador Miguel Márquez ha mostrado carácter y decisión para afrontar varios de los conflictos surgidos en su primer año como gobernador. Sin embargo, también queda claro que muchas de esas intervenciones del mandatario han debido ocurrir por la falla de sus colaboradores o por falta de previsión.

El desgaste puede llegar a ser excesivo, como ya se vio en las tomas de carreteras por productores de grano el pasado mes de octubre, cuando Márquez debió someterse a sesiones de más de cinco horas para resolver lo mismo que hubiera podido decidir su secretario de Desarrollo Agroalimentaria, de haber actuado a tiempo.

O como cuando Márquez debió afrontar el debate sobre la falta de políticas para frenar la violencia contra las mujeres, ante el repliegue de su gabinete de desarrollo social, pagando el costo con el deterioro de su imagen incluso a nivel nacional.

O cuando nadie en sus áreas de salud y finanzas es capaz de explicar de manera racional los mecanismos de compra y distribución de medicamentos del seguro popular, ante las denuncias de sobreprecio, deficiente distribución y mala calidad de los productos farmacéuticos adquiridos por el estado en contratos multimillonarios asignados de manera discrecional.

Lo mismo que ocurre en el abortado proyecto de Guanajuato Iluminado, donde el gobernador se replegó tras un activismo inusitado en el primer trimestre del año, al enfrentar la oposición de una docena de alcaldes priistas liderados por la leonesa Bárbara Botello.

Esas mismas circunstancias se han repetido ahora en la sucesión del Poder Judicial de Guanajuato, quizá el más subordinado al gobernador como jefe político.

El papel del gobernador del Estado como gran elector del presidente del Supremo Tribunal de Justicia constituye, por decir lo menos, uno de los usos y costumbres de la cortesanía política local que permanecieron intocados con en el paso de los gobiernos priistas a los panistas. Ya forma parte indisoluble del paisaje y a nadie parece espantarle, ni siquiera motiva señalamientos críticos en la opinión pública.

El hecho de que el gobernador, a través de su mayoría en el Congreso, haya conservado la posibilidad de nombrar y ratificar a los magistrados, independientemente de que a la mitad de ellos los puede incluso proponer directamente, ha hecho de la magistratura una entidad subordinada y disciplinada.

Sin embargo, las viejas formas de la política, como las estilaban los priistas y las imitaron  con éxito los panistas, obligaban a la simulación. El dedazo del gobernador para validar a un prospecto de presidente era un acto de suma discreción: el ejercicio de poder se sentía, pero no se veía ni dejaba huellas.

Eso fue lo que falló esta vez, quizá para bien, pues la desnudez del acto personalísimo de decidir un presidente que ni siquiera había manifestado su intención de serlo, como Miguel Valadez, en un Poder que debería ser autónomo, pone en el tapete de la discusión la pertinencia de ese modelo y su vigencia para el futuro.

Ahora bien, el gesto no deja de ser una afirmación y un acto de decisión política que, por lo pronto, frena las ambiciones de grupos de poder antagónicos, como los aglutinados en torno al senador Fernando Torres Graciano y al emergente y desbocado empresario irapuatense Rafael Barba Vargas, el incómodo compadre del gobernador Márquez.

Sin embargo, lo lamentable es que se haga a costa de la autonomía y la credibilidad de una institución fundamental para la calidad de la convivencia democrática en el estado, como lo es la que administra la justicia.

¿Era necesario llegar a este extremo? Probablemente no, si se hubiera actuado a tiempo, si se hubieran frenado ambiciones desbocadas de manera temprana y, sobre todo, si se hubiera actuado con el ánimo de respetar la mayoría de edad de los miembros de la judicatura, quienes dejaron mucho que desear al exhibir que para resolver su gobierno interno eran necesarias intromisiones externas y presiones, más que convencimiento.

¿Quiénes fallaron para hacer necesaria la intervención del gobernador, quien por lo menos debió agendar un par de reuniones, en la última semana, con magistrados inconformes, a fin de hacerles saber su decisión?

Un primer responsables es, a no dudarlo, el secretario de Gobierno, Antonio Salvador García, quien no obstante gozar de toda la confianza de su casi paisano el gobernador, sigue dejando mucho que desear cuando debe realizar operaciones de tierra.

El también ex magistrado es quien puso sobre la mesa el nombre de Miguel Valadez, tras consensuarlo con otros funcionarios del staff marquista. Sin embargo, después de vender la idea, no la trabajó, lo cual obligo a la intervención del gobernador con los magistrados, para sacar adelante la decisión.

Un segundo responsable lo es el presidente saliente del Tribunal, Alfonso Fragoso, quien al validar la propuesta de Antonio Salvador y acatar la decisión de Márquez tenía la obligación de hablar con sus compañeros magistrados, sobre todo los que mostraron intenciones de buscar la posición, para socializar la información y construir el consenso. Se sabe que lo hizo selectivamente, dejando fuera incluso a algunos de quienes aspiraban.

Como en el fútbol, el partido no se acaba hasta que se acaba y el presidente saliente es el líder formal del Pleno y el garante de que su propia sucesión se lleve a cabo sin sobresaltos. Así ocurrió cuando al propio Fragoso le fue entregada la estafeta por Raquel Barajas.

Por lo pronto, hay dos conclusiones que quedan planteadas con nitidez en el cúmulo de acontecimientos de las últimas semanas: la primera, y sin duda preocupante, es que el gobernador Márquez sigue sin poder conformar un equipo de operación política confiable, que lo cubra, que le de resultados y, sobre todo, que evite su sobreexposición.

La segunda situación evidenciada, no menos importante, es la inmadurez que muestra un Pleno del Poder Judicial confrontado en discordias infantiles; sujeto a ambiciones personalísimas; susceptible de coqueteos con grupos de presión; y que obliga a que le metan en cintura desde el Poder Ejecutivo.

Tomando en cuenta la alta responsabilidad de quienes tienen en sus manos la más alta responsabilidad, a nivel estatal,  en la delicada tarea de impartir justicia, esa es la peor de las noticias, sin duda alguna.