La decisión del gobernador Miguel Márquez para impulsar la candidatura del magistrado Miguel Valadez Reyes como el próximo presidente del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad, no está siendo instrumentada con la atingencia y la pulcritud que serían indispensables.

La reconstrucción de diversas versiones, todas incompletas, permite tener una idea de lo que pasa tras bambalinas en la sucesión del Poder Judicial de Guanajuato, con su carga de falta de autonomía y subordinación al Ejecutivo.

La semana pasada, Márquez, manteniendo la tradición de intervencionismo desde la gubernatura, convocó a su despacho a Alfonso Fragoso, presidente saliente del Tribunal, para notificarle que no consideraba conveniente respaldar ninguna de las dos candidaturas que venían polarizando a los magistrados. A la reunión se incorporó el Secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López.

Ni José Luis Aranda, el original candidato del propio Fragoso; ni Claudia Barrera, la magistrada que recibió impulsos empresariales externos, le parecían al gobernador prospectos idóneos para el momento que se vive en el Tribunal de Guanajuato.

Tanto el titular del Poder Judicial, como el secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, encontraron atendibles los argumentos y evitaron replicar al gobernador quien, acto seguido, habló de Miguel Valadez Reyes, el veterano magistrado recientemente ratificado y ya con una presidencia del Tribunal a cuestas en la década pasada, como el hombre para salvar la coyuntura.

Lo delicado del tema es que nadie se comprometió a realizar operación política y de persuasión para “bajar” a los dos principales protagonistas de las precampañas que, esta vez, fueron abiertas como nunca.

Sin embargo, desde el entorno del magistrado Fragoso la noticia se filtró a los medios de comunicación. La información de la decisión a favor de Valadez estaba en letra impresa el viernes, a escasas horas de que se conociera la determinación de Márquez y de la que sólo sabía un pequeño círculo.

Esa circunstancia complicó la primera gira de Valadez Reyes por las salas de varios magistrados este lunes, para solicitar su respaldo y externarles, muy en su estilo, que él no estaba buscando nada y que su postulación la pedían así desde altas esferas.

Prácticamente, el maestro Valadez dejó la impresión de que le está haciendo un favor al Poder Judicial y a las instituciones del estado, sacrificándose más allá de sus planes y deseos.

Entre las varias respuestas que cosechó el jurista, la más frecuente fue que hubiera sido una buena medida no haberse enterado por los periódicos de la decisión del gobernador para favorecer su postulación.

A la magistrada Claudia Barrera, la única que había tenido la deferencia de Miguel Márquez de ser escuchada para plantear su proyecto, la noticia se la dio una de sus compañeras, que a su vez la supo del presidente del Tribunal. De carácter fuerte, como se le conoce, la primera impresión de quienes la escucharon, fue que no deponía su intención de presentar su candidatura ante el Pleno.

Todo indica que una respuesta similar le planteó José Luis Aranda al propio Miguel Valadez.

Cabe reflexionar que el Pleno de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia no constituye, ni de lejos, un espacio de rebeldía o de autodeterminación. La independencia, que debe reconocerse en los aspectos jurisdiccionales, nunca se ha extendido a ámbito de la política, pues la mayor parte de los togados de Guanajuato, más allá de su pertenencia a una u otra corriente, reconocen la autoridad moral del gobernador.

Sin embargo, la actual sucesión parece haber sido accidentada como pocas. Un factor enormemente disruptivo lo fue la imprudente intervención del empresario irapuatense Rafael Barba Vargas, en pro de la magistrada Barrera. Otro factor de tensión ha venido de la expuesta fricción entre el grupo compacto de Márquez y el senador Fernando Torres Graciano, a quien se le reconoce como el impulsor de Aranda.

Esos antecedentes obligaban a una operación quirúrgica para tratar de aterrizar las aspiraciones de los dos principales candidatos, sin innecesarias humillaciones. La operación de tierra se hacía necesaria y debió ocurrir con anticipación a que el gobernador le comunicara sus intenciones al presidente Fragoso.

No fue así. Enrique Ayala, el coordinador de políticas públicas de Márquez y principal autor del proyecto Valadez, abandonó la operación para concentrarse en la negociación del presupuesto con el Congreso. Antonio Salvador García, el secretario de Gobierno, se replegó después  de que cambió su original apoyo a José Luis Aranda por el emergente Valadez.

La única operación quedó a cargo de Fragoso, quien no tiene ascendiente sobre Claudia Barrera porque nunca compartió sus aspiraciones y más bien las vio con recelo; mientras que con Aranda no pudo quedar más que como desertor de la causa. Lo que empeoró las cosas fue que desde su oficina se filtrara la información a la prensa, antes incluso de informar a los magistrados interesados.

Por si algo faltara, la retórica envenenada de Valadez, que para justificar su aparición después de haber dicho decenas de veces que no le interesaba repetir en el cargo, ahora habla de que él no la busco, sino que a él lo buscaron, está cayendo de peso entre los hiperrevolucionados magistrados, muchos de los cuales piensan que no necesitan a alguien que les vaya a hacer el favor de sacrificarse.

Ocurre, además, que el Poder Judicial no es el mismo que presidió Valadez Reyes en la primera mitad de la década pasada. Con un presupuesto diez veces mayor que entonces, una planta laboral reforzada, nuevas funciones jurisdiccionales y un proceso de reconversión procesal de gran calado, no se aprecia que la parsimonia de Valadez y su escasa vocación administrativa, puedan ser compensadas por su solidez jurídica.

El propio magistrado, quien también ha sido Procurador de Justicia, ha dejado sentir que si los consensos no le favorecen, no insistirá. La posición no ayuda mucho para que se pacifiquen los restantes interesados e, incluso, surjan otros nuevos.

Si alguien creía que las palabras mayores pronunciadas la semana pasada por el gobernador Miguel Márquez para definir la suerte del Poder Judicial eran suficientes y definitorias, probablemente se lleve más de una sorpresa.