Es un extraño patrón: Bárbara Botello ha roto lanzas contra Ricardo Sheffield en varias ocasiones. Sin embargo, hay algunos temas en los que ha mantenido un paralelismo con el ex alcalde, uno de ellos es el renglón de la obra pública.

Dos consorcios empresariales, uno de ellos donde varias razones sociales corresponden a accionistas que son familiares entre sí, acaparan la mitad de las obras que el municipio ha contratado a lo largo de su primer año de ejercicio.

Esto ocurre en uno de los municipios con el padrón más fuerte de contratistas y donde se cuenta con una de las delegaciones de la Cámara de la Construcción de mayor representatividad.

No suena lógico, tampoco es lo deseable. Puede decirse que, en materia de obra pública, nada ha mejorado de la vilipendiada administración de Sheffield a la de Botello. Puede decirse que es una de las áreas donde, en efecto, el cambio no ha sido tranquilo, sino invisible.

Por si algo faltara, el personaje más conspicuo al frente de varias de estas compañías, está vinculado a la administración priista de la misma manera como lo estuvo a la panista. Se trata de Alfonso Barajas, el presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Cultural de León.

El otro empresario favorecido, José Luis Infante, paradójicamente es el constructor del nuevo edificio del PAN municipal, tan ostentoso como la debacle sufrida por este partido en la pasada elección.

Tras esta coincidencia fatal, lo que se adivina no es tanto un descuido, como una evidente complicidad. A menudo los constructores cosechan en obras lo que invierten en donativos a las campañas.

En ese sentido, la administración del cambio, encabezada por Bárbara Botello, parece repetir patrones que, a su vez, los panistas que gobernaron la ciudad durante tantos años retomaron de los viejos priistas.

La exhibición de esta forma de concebir la obra pública, no como un instrumento de bienestar social que debe ser realizado con probidad y eficiencia, aprovechando al máximo el escaso recurso público, no podía ser más oportuna para aquilatar las debilidades de la actual administración.

Sin con el escaso presupuesto que se ha manejado hasta el momento en León, de 259 millones de pesos, insuficiente a todas luces para atender mínimamente los requerimientos de la ciudad y los reclamos de sus habitantes, ocurren estos abusos y desviaciones, qué no podría pasar con la carretada de recursos que está solicitando Botello mediante un megaendeudamiento.

La alcaldesa ha salido a decir que no tiene ni la menor idea de lo que ocurre con esos 259 millones, algo preocupante para alguien tan obsesionado con el control. Lo más probable es que se trate de una respuesta para salir del paso, pues el tema ni siquiera le preocupó o le motivó a responder que buscaría explicaciones de sus funcionarios responsables del área.

Más bien, parece ser que la alcaldesa está perfectamente consciente de lo que está pasando y conoce al detalle las explicaciones de ese comportamiento en las contrataciones de obra del municipio.

Un descuido en la administración de los recursos municipales podría ser algo preocupante en vista de la pretensión de endeudar a la ciudad 20 años para realizar obras por mil 200 millones de pesos, es decir cuatro veces y media más que el gasto de este primer año.

Sin embargo, más delicado e inmensamente más alarmante sería comprobar que la falta de equidad y la sospecha de favoritismos asociada a intercambios de favores en la obra publica del municipio, pudiera extenderse a un volumen de recursos que comprometerá el destino de la ciudad por más de una generación

Es cierto, no hay porqué temerle a la adquisición de dinero a crédito, pero a lo que si hay que oponerse es a la posibilidad de que un adeudo que será pagado por todos los leoneses pudiese ser malgastado o usado bajo la menor sospecha de corrupción.

Seria una responsabilidad mayor de todos los que tienen que ver en el tema, de cualquier manera.

Tanto peca el que mata la vaca…