Arnoldo Cuellar

Poder Judicial, jugar con fuego

In Botepronto on noviembre 19, 2013 at 3:30 am

En tiempos en que el estado mexicano se ve amenazado por la emergencia de poderes fácticos que le obligan a ceder soberanía, bien en la economía o en competencias estratégicas, como las telecomunicaciones; bien de forma territorial, merced al surgimiento de grupos armados criminales o civiles que tratan de defenderse de estos, resulta particularmente preocupante el sabotaje a la institucionalidad desde dentro, como parece ocurrir en el Poder Judicial de Guanajuato.

No es asunto menor que en Guanajuato se de un debate en estos momentos, tan soterrado como intenso, por la soberanía del poder Judicial del Estado, puesto en entredicho por la insistente versión de que un empresario irapuatense, vinculado al gobernador del Estado por un compadrazgo, tiene candidato, mejor dicho candidata, a ocupar la presidencia de ese poder.

Resultaba ya preocupante la fragilidad que una y otra vez ha mostrado la autonomía del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, donde hace falta el beneplácito del gobernador, en términos de realpolitik, para que los magistrados se decidan en favor o en contra de uno de sus pares.

Pero a ese defecto de nuestra división de Poderes, se le añade esta vez un bochornoso agravante: no es el gobernador, ni siquiera, quien está interesado en intervenir en la sucesión de la Judicatura, sino un ciudadano particular, sin cargo público, lo que le hace eludir responsabilidades.

Cabe puntualizar  que el nombre del empresario Rafael Barba Vargas, quien apareció en la campaña como recaudador de fondos y ha seguido con una omnipresencia en el primer año del gobierno, fue incorporado en la sucesión del STJE por la propia magistrada Claudia Barrera, quien habría externado comentarios a sus homólogos de la tarea que venía realizando para obtener el respaldo del gobernador Márquez, a través de su compadre.

Entre los magistrados del Poder Judicial, donde hay veteranos de mil batallas, como el ex presidente del mismo, Miguel Valadez, no parece haber ningún prurito por la intervención del jefe del Ejecutivo, pero no ocurrió lo mismo con la participación de alguien por completo ajeno a la tarea de gobierno. Allí fue donde se desataron los demonios.

La cereza del pastel, en este complot que por primera vez en años saca el tema de la sucesión en el Poder Judicial de los cotilleos en los pasillos del palacio de Pozuelos, para producir un debate abierto en los medios de comunicación, es la realización de un juicio donde están involucrados dos familiares de Rafael Barba, que ha sido ampliamente documentado en Zona Franca.

La apelación por la inconformidad con la primera sentencia, cayó directamente a la sala de la magistrada Claudia Barrera, quien no sólo no se excusó, sino que desechó una solicitud de recusación, admitiéndola primero como parte del proceso y luego convirtiéndose en juez y parte del asunto, al informar al pleno que no se actualizaba ninguna de las causales para verse excluida del juicio.  Por cierto, y como si faltara, el fallo de la magistrada fue a favor del hermano y de la sobrina de Rafael Barba.

La confusión es tal que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Alfonso Fragoso, ha salido a declarar que la recusación está fuera de tiempo, algo que sin duda quedó rebasado cuando la propia magistrada la aceptó.

Lo que se quiere evitar, a toda costa, es que el tema pueda llegar al Pleno y se convierta en una batalla entre magistrados que, usando de pretexto el caso de la familia Barba, en realidad lo que estén disputando sea la próxima presidencia.

Sin duda son malos tiempos aquellos en los que las altas instituciones del Estado andan enredadas en chismes de tan baja estofa. Por si algo faltara, los actuales son momentos delicados por el delicado tema de la transición al nuevo sistema de oralidad judicial.

Bueno sería que el Poder Judicial en su órgano máximo se preocupara por fortalecer su autonomía, su independencia y su capacidad de autodeterminación. Si la tradición de tener el visto bueno del gobernador prevalece por costumbre, por lo menos que no se admitan las groseras influencias de comerciantes de favores.

Los magistrados le harían un favor al estado, al órgano del que forman parte y a sí mismos si se deciden a actuar con decoro y dignidad. De lo contrario, de prestarse a bajas maniobras, serán responsables de haber contribuido al deterioro de uno de los más importantes bastiones del estado de derecho, faltando al juramente que hicieron, a la confianza que les depositaron sus conciudadanos y al deber de luchar contra el creciente descrédito de muchas de nuestras instituciones públicas.

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