Cada vez que un político reclama que una situación no debe ser politizada, inevitablemente está mintiendo, porque ese hecho, en sí mismo, ya implica una toma de postura política.
Politizar, en el diccionario de la política mexicana, quiere decir «que no se inmiscuyan mis adversarios o mis opositores, incluso, ni siquiera los ciudadanos, en las decisiones que debo tomar o en los pendientes que debo resolver.»
Así era el viejo PRI, así nos fue con él. La política era el monopolio de los políticos profesionales, todos del PRI, y la sociedad una menor de edad.
Hoy, de nuevo, los políticos en este país quieren resolver los problemas como si fueran pulcros científicos de laboratorio, con la asepsia de las soluciones que buenamente se les ocurren, pero sin la intervención de la realidad. El problema es que, como científicos, son malos: y como políticos, son peores.
Los Congresos hacen leyes que rara vez parten de análisis concienzudos de la realidad sobre la que se pretende intervenir, en cambio, es más fácil que simplemente se repartan concesiones entre las diferentes franquicias políticas: «si te apruebo esto, me regresas aquello.»
El colmo de esa manera de normar al país se ve en el gigantesco tianguis en el que se han convertido las discusiones anuales del presupuesto federal, que por efectos de la centralización es a la vez el presupuesto de las 32 entidades federativas y de los más de tres mil municipios.
Uno tras otro, los gobernadores pasan por las horcas caudinas de la comisión de presupuesto para regatear respaldo a sus proyectos. A última fechas hasta los alcaldes acuden a esta pepena, sobre todo aquellos que son de oposición en su estado y no se consideran representados por sus gobernadores.
La gran pregunta es si las inversiones que se cabildean mediante esta magna muestra de clientelismo político y de primitivismo gerencial, pueden ir construyendo el país moderno que prefiguran las campañas publicitarias «totalmente palacio» con las que Enrique Peña Nieto nos quiere convencer de las bondades de su paquete de reformas.
Ante un manejo de las potestades legislativas realizadas bajo ese rasero, las protestas incendiarias de la CNTE parecen no desentonar. Como diría un clásico del Bajío: «está el chango pa´la cadena».
Ni una ni otra conducta, pero tampoco el oropel de la mercadotecnia de horario triple A, nos ponen al día como nación ni como sistema político. Evidentemente el debate por la educación del futuro, como lo será el de la transformación del sector energético y los ajustes fiscales, son profundamente políticos, por más que se quiera echar mano sólo de argumentos técnicos para evadir el tema central: ¿quiénes se benefician más con los cambios que se pretenden?
Una evolución política racional y elemental tendría que dejar en claro cuánto aporta cada uno de los diversos sectores de la sociedad en una ruta de cambio, pero también cuánto puede obtener. ¿Es necesario que los maestros dejen de ser alfiles de un juego político y se dediquen sólo a enseñar? Muy bien, pero que lo hagan todos: los del sureste, los del centro y los del norte; los de las izquierdas, los del PRI, los del PAN y los del PANAL. ¿Puede la ley llegar hasta allí? ¿Es necesario un sindicato nacional de maestros, con una burocracia centralizada y financieramente poderosa? ¿Si la educación se ha federalizado, porqué no lo hace también la estructura gremial?
¿A quién benefició la politización del gremio de los maestros, su organización vertical «para votar y no para enseñar»? Fue sobre todo al estado priista, que hoy parece reeditarse en muchos de sus aspectos. Se encarceló a Elba Esther Gordillo, pero no para democratizar al sindicato magisterial, sino para volverlo a la senda del oficialismo con el mismo sistema de incentivos perversos a los nuevos líderes, a cambio de disciplina y verticalidad.
Probablemente los maestros de la CNTE sean, en efecto, una minoría que se encuentra secuestrando decisiones importantes para todos. Lo grave es que también en el pacto por México y en las Cámaras hay minorías queriendo vendernos su versión de las cosas como beneficios generales.
Necesitamos mejor educación, sin duda, pero también mejor democracia, más horizontalidad en las decisiones, beneficios más homogéneos. ¿Ya se nos olvidó la otra gran ola reformista del México moderno? Salinas de Gortari cambio paradigmas ofreciendo grandes beneficios que no llegaron. En cambio, allí se inició la etapa más aguda de concentración de la riqueza y de empobrecimiento masivo en el país.
Como nada de esto se pone sobre la mesa y sólo persisten las negociaciones que intercambian acuerdos por prebendas, los problemas de fondo permanecen intocados y la salida obvia y casi silogística es el regreso a la protesta como chantaje, la guerra entre grupos minoritarios y la ausencia en el debate de las grandes mayorías, más silenciosas que nunca y, más que nunca, rehenes de intereses que sólo las contemplan como peones en su juego.
Por cierto, como se parecen los nuevos intelectuales orgánicos de la modernización a ultranza, a los viejos pilares del régimen priista, con su coro de llamados a «ejercer la autoridad del Estado y hacer prevalecer el respeto a la legalidad»¨. Hay quien incluso ha dicho, desde la sacrosanta academia, que el estado «tiene miedo a reprimir por el trauma del 68 y el 71». Si esa no es la más rancia apología del autoritarismo represor, no se que lo sea.
Lo lamentable es que no proviene de la Concanaco o la CNOP del diazordacismo, sino de la pluma de posgraduados en algunas de las mejores universidades del mundo.