Arnoldo Cuellar

Ambiciones políticas fracturan la seguridad pública

In Botepronto, Zona Franca on julio 22, 2013 at 3:59 am

En vista de muchas de las actitudes de quienes nos gobiernan, habría que preguntarse si en Guanajuato nos mantenemos como una entidad relativamente tranquila en materia de seguridad pública por pura suerte, incluso por cuestiones geoestratégicas, más que por el hecho de estar haciendo las cosas de manera diferente.

Las elementales fallas de coordinación, por ejemplo, entre la ciudad más grande de la entidad y el gobierno del estado, nos muestran que de haber un embate frontal de grupos de la delincuencia organizada, no tendríamos mucho con qué oponernos.

En Guanajuato jugamos con el hecho de ser una zona de paso y no la cuna de ningún grupo delincuencial autóctono. Hemos tenido embates de diversos cárteles, pero hasta ahora ninguno ha considerado necesario asentarse con firmeza, por suerte para nosotros.

Quizá por eso, los responsables máximos de nuestra vida pública pueden darse el lujo de ver el tema de la seguridad como una asignatura distante, periférica, casi una molestia comparada con las actividades que verdaderamente disfrutan: cortar listones, poner primeras piedras, inaugurar empresas de firmas de renombre mundial.

Si la seguridad importara de verdad, quizás Miguel Márquez no hubiera firmado con tanta prisa un contrato de 2 mil 700 millones de pesos para instalar un sofisticado sistema de vigilancia electrónica, del que ni siquiera sabemos sus verdaderos alcances, en los primeros seis meses de su gobierno.

Si la seguridad importara de verdad, quizá Bárbara Botello nunca hubiera contratado al primer funcionario que se le paró por enfrente para hacerlo secretario del área en León, sólo por el hecho de haber colaborado con un gobierno con el que, por cierto, ella nunca estuvo de acuerdo.

Si la seguridad importara de veras, no sería necesario que desde la sociedad se presionara a las diferentes instancias de gobierno “para que se coordinen”; tampoco habría que estar discutiendo si los exámenes de control de confianza son pertinentes o no; tampoco tendría ningún sentido establecer disputas sobre hechos inapelables como los índices delictivos.

Si la seguridad fuera una prioridad, como debería de serlo en un país y en un estado que ve como en los últimos años se ha esfumado la tranquilidad con la que se vivía, el intercambio de información, la coordinación y la medición de la inseguridad, tendrían que ser tareas cotidianas y sustantivas no un terreno para el debate político.

Hemos visto como los responsables políticos, llámense gobernador o alcaldes, prefieren no saber lo que está ocurriendo en los terrenos del combate a la delincuencia y la prevención del delito. Dejan esa tarea a sus procuradores y a sus secretarios de seguridad o a sus jefes de policía, sin involucrarse de forma directa en la tarea política y organizativa que significa garantizar la seguridad de quienes votaron por ellos.

La seguridad solo se vuelve prioritaria para un político cuando la falta de ella empieza a afectar los índices de popularidad y las calificaciones de un gobierno. Entonces ocurren las declaraciones grandilocuentes y las guillotinas políticas que, a menudo, no sirven ya para nada.

En Guanajuato hay una extendida ola de delincuencia común. Probablemente abone a ella la situación económica, como dice la alcaldesa de León Bárbara Botello, pero también y en buena medida abona la protección de policías corruptos a bandas organizadas de desvalijadores profesionales.

Sin embargo, ya no es lo único de que debamos preocuparnos. La ola de ejecuciones de estos días, que replica la que se realizó en febrero de este mismo año, cuando también se concentraron alrededor de una docena de muertes violentas, pone de manifiesto la existencia de células del crimen organizado en disputa por territorios.

Se trata de una amenaza corriente en la mayor parte de los estados que nos rodean y de la que de ninguna manera estamos exentos, por ello debemos estar preparados y la única manera de hacerlo es extremando la organización interna, la coordinación y la depuración de nuestros cuerpos policiacos, desde los niveles de mando hasta las fuerzas de tarea.

Para ello hace falta que las vanidades queden de lado en este delicado tema y que todos los funcionarios con responsabilidad ejecutiva en Guanajuato asuman que la tranquilidad de los guanajuatenses está por encima, tanto de sus coyunturales disputas, como de sus circunstanciales ambiciones.

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