Son ya varias las asignaturas pendientes en la Secretaría de Finanzas que causan problemas de imagen al gobierno de Miguel Márquez Márquez, quien eligió a su colaborador al frente de esa dependencia por dos circunstancias: su sólida imagen de honestidad y el consejo de Carlos Medina Plascencia.
Juan Ignacio Martín Solís parecía representar un sólido bastión de credibilidad ante el desdoro en el que incurrió el gobierno de Juan Manuel Oliva, el mismo que Márquez sufrió primero como contralor, después como secretario de Desarrollo Social y finalmente, como candidato.
Sin embargo, lo que tan correcto parecía en la teoría, en la práctica no está funcionando.
Primero fueron las ausencias de Juan Ignacio en cuestiones tan importantes como la asignación del proyecto Escudo y su anuncio público, donde la credibilidad del tesorero no abonó al dejar sólo con la encomienda al secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, con las consecuencias ya vistas.
Después, una nueva desaparición en el tema de la megalicitación de los medicamentos y materiales de curación del Seguro Popular, donde a la carga de organizar el concurso se le agregó la tarea de comunicación, recayendo ambas en el subsecretario de Administración, José Manuel Casanueva, quien a estas alturas ya parece completamente rebasado.
Después, ocurrió el tema de los megáfonos, donde una compra de menor cuantía se convirtió en un escándalo a investigar, al triplicarse el precio de un producto licitado por el área de Casanueva, lo que motivó una denuncia penal y una investigación de la Secretaría de la Transparencia.
Ahora, Juan Ignacio Martín ve estallar otra bomba en su propio patio de maniobras, la coordinación de asesores, donde cargos de 51 mil pesos mensuales son empleados para dar chamba a cuates y hacer favores a subordinados, aunque se pongan en duda lineamientos éticos externados por el propio gobernador Márquez.
En todo esto lo que aparece es una quiebra organizacional en el equipo de Martín Solís, quien no pudo designar a ninguno de sus dos subsecretarios.
Casanueva, el poderoso responsable de las compras gubernamentales, el mantenimiento de inmuebles, la nómina y los vehículos del gobierno, sobrevivió al desprestigio del olivismo por misteriosos caminos y se encuentra más fortalecido que nunca.
Mientras que el subsecretario de Finanzas, Gilberto Enríquez, fue rescatado por el propio Márquez de la Gestión Pública, donde antes lo acompañó como subsecretario, para incrustarlo en el equipo de Martín Solís.
Así, sin un equipo propio y llegado a una realidad muy distinta de la que manejó a mediados de los noventa, Martín Solís, contra lo que esperaba Márquez, no sólo no está convertido en su primera línea contra la maledicencia, sino que en las últimas semanas, él mismo la ha provocado.
Queda claro, como a menudo ha ocurrido a lo largo de los breves meses de este gobierno, que en la complejidad de la administración pública actual, la honestidad y la transparencia no son asuntos de voluntad, sino de método y de organización.
Al final del día, ni el gobernador Márquez, ni el secretario Martín parecen albergar nada más que buenas intenciones. Sin embargo, ante la evidente insuficiencia de sus esfuerzos, que no parecen ir más allá de lo declarativo, no parece inoportuno recordarles que de eso, precisamente, está empedrado el camino del infierno.
