Pareciera ser una excelente noticia: un medio de comunicación publica una investigación profusa sobre la asignación de una compra gubernamental de equipo médico a un proveedor que había sido sancionada en el pasado; acto seguido, el propio gobernador del estado emite un úkase que cesa fulminantemente a dos funcionarios y expulsa del paraíso del padrón de proveedores a la pecadora empresa.
Habría que esperar, desde luego, que no se trate solamente de un acto principesco de excepción, sino de una nueva forma de hacer las cosas, de un cambio total en los usos y costumbres del gobierno, de una determinación que se convierta en ley.
¿Es esto posible?
En primer lugar se antoja difícil que todas las denuncias periodísticas, que por cierto en Guanajuato no son muchas ante la escasa vocación investigadora de la mayor parte de los medios, recibieran la misma atención prestada a la que hoy nos ocupa.
Por otra parte, sería contraproducente y lesivo del derecho de funcionarios y empresas que determinaciones tan fulminantes pudieran determinar el orden de las cosas. Tan peligroso como el hecho de que no se haga justicia, resulta también el método expeditivo: el fusílalo y después virigüas, no es precisamente un ideal normativo.
Es lo que pasa en el caso que nos ocupa. Miguel Márquez ha dicho que se tomó el asunto de manera personal y ordenó el cese de dos funcionarios que participaron en el comité de adquisiciones, Juan Gabriel Pérez Gómez y Manuel Rocha Martínez, ambos representantes de la secretaría de Salud.
Como no hay una investigación de por medio, no se sabe que fundamenta la responsabilidad de estos funcionarios y excluye, por ejemplo, la del presidente del comité de adquisiciones, el panista Ricardo Suárez Inda, lo que hace pensar que simplemente el hilo pudo haberse roto por lo más delgado.
Además, la empresa señalada en el reportaje periodístico, Mantenimiento Preventivo y Correctivo, S. A., fue dada de baja en el padrón de proveedores del Estado y se le rescindió el contrato que ganó ya en esta administración para proveer equipos por un costo de 780 mil pesos.
Llama la atención poderosamente la disparidad de criterios que evidencia la administración, pues no ha ocurrido lo mismo en esta licitación de 780 mil pesos que en la megacompra de medicamentos y material de curación del seguro popular, donde el monto alcanza un techo de 4 mil 200 millones de pesos, que equivale a 5 mil 384 veces el monto de la operación que ameritó la intervención directa del gobernador.
Márquez ha declarado en relación a Mantenimiento Preventivo y Correctivo, que no tolerará contrataciones de empresas con antecedentes negativos. Sin embargo, o fue el caso de Intercontinental de Medicamentos, S. A. de C. V., que tiene irregularidades en otros estados del país y fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública por incumplimiento con el Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual no sólo pasó a la etapa final de licitación multimillonaria que se declaró desierta en una primera instancia, sino que posteriormente fue defendida arduamente por un alto funcionario de la Secretaría de Finanzas.
En una entrevista con Zona Franca y otros medios de comunicación, el subsecretario de Administración de Finanzas, José Manuel Casanueva de Diego, explicó que las inhabilitaciones del pasado no interferían en el presente y que la empresa en cuestión tenía todo el derecho a participar, lo que además legalmente no se le podía negar.
(Partes de la entrevista se pueden seguir en este video: http://www.zonafranca.mx/video/interlinea-viernes-15-de-marzo-de-2012/)
El tema causa escozor, entre otras cosas por el monto y alcance de la licitación: un contrato bianual por un monto que representa un 8 por ciento del presupuesto anual del gobierno estatal, algo muy serio como para que pudiese ser asignado a una empresa con malos antecedentes. Ahora es Márquez quien viene a dar el argumento que hacía falta y voltea las tornas a su subordinado.
Sin embargo, la contradicción preocupa, pues hacer justicia expedita en asuntos de 780 mil pesos y dar manga ancha en los de 4 mil 200 millones de pesos se antoja una rueda de molino muy difícil de tragar para cualquiera con dos dedos de frente.
En todo caso lo que no está funcionando es la estandarización de los criterios, precisamente lo que ocurre cuando se toman decisiones voluntaristas y sobreactuadas. La norma es de carácter general y su aplicación debe dar certeza a la sociedad, esa es una definición básica de la filosofía del derecho.
En cambio, la actuación casuística de un personaje dotado de poder, es siempre una fuente de incertidumbre: ¿podrá el poderoso estar enterado de todo? ¿Su actuación suspende la de las instancias previstas por la ley? ¿Tendrá la sapiencia para decidir de forma correcta en todas las ocasiones?
En el caso que nos ocupa, la intervención de Márquez pone en evidencia por lo menos a dos dependencias: la propia Secretaría de Salud que después de todo lo que ha pasado en los últimos años y del paso de tres titulares, no logra regular sus propios procesos; en segundo lugar, a la flamante Secretaría de la Transparencia, que no logra ser transparente pero sí está a punto de volverse inexistente.
Por lo pronto, el gobernador Márquez da un manotazo en la mesa que le hace ganar unas ocho columnas que mucha falta le hacían, pero en el intento parece comprometer una de las intenciones manifiestas de su gestión: que el ejercicio de la honestidad y la lucha contra la corrupción sean una premisa estructural y cotidiana del actuar del gobierno y no una eventual llamarada pirotécnica en busca de reflectores.
@arnoldocuellaro
