Ni Janet Napolitano ni el proyecto Escudo, que costará la impensable cantidad de dos mil millones de pesos, parecen ser la solución para la ola delincuencial que recorre las ciudades de Guanajuato y de la que ya ha sido víctima también el propio gobierno.
Hace poco más de una semana fue el robo de la nómina en la Expo Bicentenario, un lugar que cuenta con docenas de guardias de seguridad privados.
Este mismo viernes por la madrugada, la afrenta de la inseguridad que lacera a los ciudadanos de todo el estado con delitos del orden común, llegó a las mismísimas instalaciones del gobierno que quiere invertir una millonada en impedir que entren delincuentes al estado, pero que no ha propuesto nada para combatir a los que ya se encuentran aquí.
Las secretarías de Obra Pública y de Transparencia fueron vulneradas por un grupo de tres individuos armados que sometió al personal de seguridad y campeó a sus anchas por los inmuebles donde se guardan importantes expedientes de temas sensibles.
Computadoras y documentos fueron el objetivo de unos ladrones nada convencionales, que dejaron en su huida televisores y otros aparatos eléctricos.
Ahora los altos funcionarios del nuevo gobierno ya saben lo que sienten las familias de muchos barrios capitalinos que ven violada su intimidad y afectadas sus pertenencias por bandas que se comportan con impunidad absoluta.
Mientras eso pasa, Miguel Márquez y Luis Gutiérrez, gobernador del Estado y alcalde de Guanajuato, mantienen un pulso por el compromiso de anteriores administraciones para apoyar un reforzamiento de la policía capitalina.
Lamentablemente, los requerimientos de la realidad parecen no querer esperar a que los políticos diriman sus diferencias y aterricen sus planes maravillosos en el papel.
Esperemos que la burocracia, tan insensible de ordinario a los padecimientos de los mortales comunes, le ponga más velocidad a las soluciones ahora que ellos también ingresan a la categoría de víctimas.
