Arnoldo Cuellar

Seguridad en Guanajuato: la solución grandilocuente

In Botepronto, Zona Franca on noviembre 1, 2012 at 8:22 am

A poco menos de un mes de rendir protesta como gobernador de Guanajuato, el panista Miguel Márquez Márquez, realizó un viaje relámpago de dos días a la capital norteamericana, regresando con un trofeo que exhibió en medios de comunicación locales y nacionales: una foto con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Janet Napolitano.

De acuerdo a la información oficial difundida por el gobierno estatal, Márquez y los funcionarios responsables del tema de seguridad en su gabinete, informaron a Napolitano del proyecto de “blindaje” para que esta entidad permanezca al margen de las incursiones del crimen organizado que afectan a otras entidades del país.

Según esa misma versión, se habría solicitado la inclusión de Guanajuato en los protocolos de la Iniciativa Mérida, a fin de contar con recursos adicionales para establecer un plan de seguridad en Guanajuato que apuesta principalmente al uso de nuevas tecnologías de vigilancia.

Ya en la entidad, Márquez anunció esta misma semana el arranque del proyecto Escudo, mediante el cual se pretende blindar todos los puntos de acceso carretero al estado con arcos detectores dotados de tecnología sofisticada y un sistema de videovigilancia activo de forma permanente, a un costo aproximado de mil millones de pesos.

Las acciones anunciadas han recibido ya el respaldo de organizaciones de la sociedad, señaladamente las de filiación empresarial, cuyos integrantes han venido sufriendo el embate de delitos como el secuestro y la extorsión, sobre todo en la zona fronteriza con Michoacán.

Quedan, sin embargo, muchas dudas por resolver y la primera de ellas tiene que ver con el estilo de instrumentar una acción política que, si bien ha sido bienvenida, muestra la marca fatal de la permanente preocupación de los políticos de este país por su legitimación en los hechos.

Tanto en el viaje a Washington y su manejo informativo como en el anuncio del proyecto Escudo, se aprecia la intención de dar golpes espectaculares que posicionen a Márquez como un gobernador creíble.

Parece que no bastó haber ganado las elecciones por más de ocho puntos de ventaja y remontar la complicación del efecto Peña Nieto, sino que hace falta enhebrar un rosario de acciones con pretensiones de espectacularidad para acabar de sentar a Miguel Márquez en la silla de la gubernatura.

El problema es que los anuncios espectaculares pueden ser armas de doble filo si no van seguidos de acciones coherentes y de buenos resultados.

En este sentido, salta en estos mismos días, como un precedente ominoso, un escándalo relacionado con la última administración panista de León: la adquisición de un sofisticado (también) sistema de tecnología en seguridad mediante el cual se pretendía la instalación de videocámaras lectoras de placas, lectores de iris y geolocalizadores para las patrullas municipales, de los cuales la mayor parte están inservibles.

La situación se agrava porque el contrato fue realizado con una empresa, la razón social es Portoss, cuyos accionistas tienen vinculaciones políticas en el PAN, y nexos familiares con una regidora de la administración que realizó la compra.

Se trata de un plan similar, a nivel municipal, de lo que ahora se pretende a nivel estatal. Y aunque el antecedente puede no aplicar, lo que sí debe ser considerado es que del anunció a la instrumentación de un proyecto de estas dimensiones, puede haber un trecho considerable.

Como, además, en temas de seguridad pública aplica una total discrecionalidad amparada en el prurito de “la seguridad”, los contratos para este tipo de asignaciones permanecen en total opacidad y reservados por mucho tiempo.

Ya las señales enviadas por Miguel Márquez con su secreto viaje a Washington, del que sólo se supo hasta que fue destapado en medios, empiezan a minar otros compromisos hechos por el mandatario guanajuatense en sus primeros días de posicionamiento, como el de trabajar de forma totalmente transparente.

Nadie en su sano juicio puede estar en desacuerdo con que el estado invierta en seguridad y haga de esa política pública una de sus prioridades. Incluso, se podría aceptar el manejo de la reserva informativa en los aspectos más delicados de esos temas.

Sin embargo, sería profundamente agradecible que las decisiones sobre la aplicación de recursos para seguridad no fuesen utilizadas para ganar puntos mediáticos, por lo menos en tanto no arrojaran resultados. En eso si podría Márquez Márquez generar una diferencia con quienes lo antecedieron en el poder y, de paso, evitarse el riesgo de futuros descalabros.

arnoldocuellar@zonafranca.mx

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