A diferencia de sus antecesores, aquí si marcando un deslinde, el nuevo gobierno de Guanajuato no parece tener prisa en posicionar ni una imagen ni un discurso.
Las propuestas que más han permeado en el ánimo de la opinión publicada, que no es lo mismo que la opinión pública, de parte de Miguel Márquez, han sido las de la transparencia y la honestidad, temas ambos que se antojan más reactivos que propositivos y más instrumentales que esenciales.
Son reactivos porque surgieron como deslinde, a raíz del incremento a las críticas del despilfarro y las prácticas poco ortodoxas en el gobierno de Juan Manuel Oliva, y no por una idea original o como parte de un proyecto de renovación.
Son instrumentales porque la honestidad y la transparencia deberían estar en el cimiento de todo gobierno, pero sirviendo de base a una propuesta programática eficiente para atender los reclamos sociales.
Sin embargo, cuando están a punto de cumplirse los primeros treinta días de gobierno, no ha sido posible conocer otro mensaje de posicionamiento que avance a partir de la propuesta de rectitud y ética en el desempeño de la función pública.
Miguel Márquez afirmó en su toma de posesión que el primero de sus decretos sería la constitución del Instituto del Migrante, lo que daba a entender un cierto sentido de urgencia, además del simbolismo. Eso aún no se ha producido, pero en cambio sí se generaron una serie de reacciones encontradas sobre la titularidad del migrante que deberá de presidir el consejo del nuevo organismo.
Las cosas van de tal manera tranquilas que el nuevo gobierno aún ni siquiera despliega su propuesta de imagen. Con un exceso de imaginación, el nuevo equipo adoptó la abreviatura gto, instaurada por la consultora que asesoró el tramo final de Juan Manuel Oliva, Danilo Black, como logo de la nueva administración, apenas con un maquillaje de colores.
Más que a posicionamiento de una sigla, algo que hacen ciudades como Nueva York (NY) con mucho éxito, a lo que huele esta decisión es a la comodidad de los contratistas, que al parecer fueron ratificados.
La prisa está tan ausente que a cuatro semanas de la toma de posesión de Márquez, las docenas de espectaculares propiedad del gobierno estatal continúan exhibiendo la campaña de agradecimiento desplegada por Héctor López Santillana al terminar su interinato.
En cuanto al activismo de los funcionarios del gabinete, se observa una dinámica dispareja. Así, mientras el propio López Santillana mantiene el más bajo perfil de su carrera gubernamental, quizá por prudencia, en su retorno a Desarrollo Económico; Éctor Jaime Ramírez Barba aparece como el niño del bautizo, el novio de la boda y el festejante de los quince años, en cuanta reunió se le atraviesa en el estado.
Javier Usabiaga,que tiene una bomba de tiempo en las manos con la herencia de Chema Anaya en la SDA, ha elegido la discreción; mientras Arturo Durán da de que hablar desde el primer momento hurgando en las leyendas urbanas sobre la corrupción de Genaro Carreño, en la SOP.
Mientras Carlos Zamarripa continúa haciendo su trabajo al mismo ritmo en la PGJE, el nuevo secretario de Gobierno, Antonio Salvador García se muestra titubeante en el reconocimiento del terreno que le toca arar y ya recibe los primeros embates desde la oposición priista en el Congreso.
Al gobernador Márquez se le nota sobre todo la falta de una mano derecha o, si se quiere, de un media cuchara que contribuya a equilibrar las disparidades de su equipo y a paliar las curvas de aprendizaje.
Los titubeos, que ya se vieron en un tema como el de la información sobre las liquidaciones de los funcionarios despedidos, se nota en otros aspectos, como el de las reconsideraciones sobre algunos cuadros de la anterior administración que en un primer momento fueron cesados y hoy se piensa seriamente en recontratarlos.
Es el caso del ex titular de educación, Alberto Diosdado Diosdado, quien ha solicitado ser reincorporado “aunque sea de subsecretario”, lo que aparentemente se está pensando por su no inclusión en las listas de liquidados.
En un nivel menor, por ejemplo, la ex secretaria particular de Miguel Salim en el ISSEG, Libia Denisse García Muñoz Ledo, fue liquidada hace un par de semanas del extraño cargo (por lo menos en términos sintácticos) de “coordinadora de desarrollo a servicios a derechohabientes”; sin embargo, esta misma semana fue ya recontratada, después de una llamada de alto nivel, en el redundante cargo de directora administradora de Plaza Pozuelos.
Cabe señalar que el perfil de Libia García, abogada de profesión, tiene poco que ver con las características que debería tener el gerente de una plaza comercial que además funciona con fuertes pérdidas, en detrimento del patrimonio del fondo de pensiones.
En la reconsideración quizá tenga que ver, en cambio, el hecho de que la abogada García es una conspicua militante panista e integrante del consejo de ese partido en León, algo que seguramente importa más que el perfil profesional, como ya debe haber aprendido el nuevo y flamante director de ISSEG, el financiero Héctor Salgado Banda.
Así, corroídos por la terquedad de la realidad, en apenas treinta días y en medio de titubeos y devaneos, empiezan a diluirse algunos de los tronantes posicionamientos del gobernador Márquez al asumir el cargo. Esperemos programa.
@Arnoldo60
