En Guanajuato, lo que empezó como la respuesta coyuntural de un candidato a críticas de grupos de presión, en torno a la presumible corrupción del gobierno de Juan Manuel Oliva, se ha convertido a la vuelta de los meses en el punto más relevante de la agenda que debe resolver el nuevo gobierno de Miguel Márquez si es que quiere hacerse con una reserva de credibilidad y un relativo margen de maniobra.
Si bien el discurso político manda mensajes a la opinión pública, las respuestas de esta, sobre todo a través de los medios de comunicación, también envían mensajes a los políticos.
Un hombre público puede tomar decisiones buscando que tengan su origen en demandas de los ciudadanos, planteadas abiertamente o detectadas mediante los mecanismos de medición de la opinión. También puede adelantar políticas que busquen manipular sentimientos de la opinión pública, tratando de calcular su efecto en la medida de lo posible. Finalmente, los responsables de conducir sociedades también pueden caer en la simple complacencia hacia los reclamos planteados por núcleos sociales significativos o de sectores de interés.
En realidad, gobernar siempre ha sido un sutil mezcla de todas esas posibilidades: la sociedad que lo origina acota al político, pero también este puede lograr avances paulatinos encontrando puntos de confluencia entre el legítimo interés social, los reclamos de grupos de presión y su propia agenda.
Ante la presencia de grupos de interés a los que les importa más el ajuste de cuentas con el pasado que la mejora de las prácticas gubernamentales en el presente y el porvenir, el discurso anticorrupción empieza a verse enfrentado a una prueba mayúscula: la necesidad de probar sus dichos en la práctica, es decir, de cobrar una cabeza de peso que muestre su decisión.
Así le ocurrió a Carlos Medina Plascencia, tras su llegada al interinato en 1991 para suceder al gobierno priista de Rafael Corrales Ayala. La campaña de Vicente Fox se había sustentado en críticas acerbas a la corrupción de ese gobierno y la única forma de ser congruente y justificar la cesión del gobierno al PAN era mostrar decisión política para castigar a los responsables.
Se designó un fiscal anticorrupción, que fue Felipe Polo, quien a la postre entregó elementos suficientes para detener y trasladar a Guanajuato al recientemente fallecido Raúl Almada Gaxiola, el hombre fuerte del corralismo.
Almada, junto con algunos de sus colaboradores, pasó alrededor de un año detenido y fue liberado a la postre. La mayor parte de las acusaciones no fueron probadas y lo que se logró acreditar no alcanzaba para un castigo de peso. En realidad se trató de un ajuste de cuentas político, originado en la quiebra histórica del priismo y el ascenso del panismo.
¿Podría ocurrir algo igual hoy en día? Se antoja difícil, en primer lugar porque no hay un relevo de partidos y porque, pese a todo los intentos de deslinde, Miguel Márquez tiene su origen en el gobierno al que se busca señalar.
Un ejemplo basta: la reciente acusación pública de que el Puerto Interior realizó una asociación con una empresa privada para comercializar sus terrenos, ocurrió en mayo de 2007. En esa fecha, el Secretario de la Gestión Pública de Guanajuato se llamaba… Miguel Márquez Márquez.
Sin embargo, el cruce entre el discurso anticorrupción del nuevo gobierno y su eco en los grupos de interés en la sociedad sigue creciendo de tono.
¿Cuál será la salida? Es todo un acertijo.
