La alternancia política guanajuatense, a principios de los años 90 del siglo pasado, ocurrió forzada por la percepción de un fraude electoral que nunca pudo ser probado.
Vicente Fox, antes de ser el personaje tragicómico que es en la actualidad, entró con paso firme en la historia moderna de México como un luchador por la democracia, en contra de la maquinaria priista, fraudulenta, arbitraria y corrupta, representada en ese momento por Ramón Aguirre Velazquez.
Carlos Medina llegó a gobernador beneficiado por esa pugna y gracias a su panismo moderado. Más allá del cómodo interinato medinista que llegó a superar la mitad del sexenio, la confluencia de un PRI que se quería modernizador, como el de Carlos Salinas; y un PAN negociador, construyeron uno de los primeros organismos electorales autónomos del país: el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
El IEEG se conformó desde sus inicios con representantes ciudadanos que no laboraban de tiempo completo, aunque percibían sueldo como si lo hicieran y que provenían de la vida civil.
Designados por un mecanismo mixto que le da injerencia al gobernador y a las fracciones partidistas en el Congreso, gracias a reformas sufridas en el camino, lenta pero consistentemente el viejo espíritu de ciudadanización del arbitraje electoral ha venido cediendo su espacio al reparto de cuotas de poder entre los actores políticos del estado.
Del IEEG que presidieron el empresario Hugo Villalobos o el profesionista José Ángel Córdova (antes de su etapa como panista), poco queda. Sobre todo en el sexenio que está por concluir las designaciones de consejeros ciudadanos han caído cada vez más en el ámbito de la injerencia desde esferas políticas y partidistas dentro de un órgano que ha perdido aceleradamente su carácter ciudadano.
El último consejero que le tocó proponer al gobernador Juan Manuel Oliva fue una exhibición de frivolidad. Sin mayores antecedentes como conocedor de la materia electoral, el contador público Víctor Domínguez fue propuesto al Congreso y cabildeado para recibir la aprobación de la mayoría panista, solo por tratarse de un amigo personal de la familia Oliva.
Se trata sin duda de un puesto apetecible. Los consejeros tienen salarios equiparables a los de los funcionarios del gobierno estatal en sus altos niveles, es decir más de 70 mil pesos para un consejero y casi 100 mil pesos para el presidente; el encargo dura cuatro años y se puede reelegir por un periodo similar.
Cabe precisar que se trata de una “dieta de asistencia”, donde la responsabilidad en los años no electorales consiste básicamente en asistir a una reunión por mes, lo que permite que cada consejero lleve a cabo sus actividades profesionales normales. Es, por decirlo sin subterfugios, una espléndida beca.
Aunque uno de los requisitos para ser parte del consejo es el de no haber tenido militancia partidista activa y pública, el hecho de deberle el nombramiento al mandatario estatal, el sí abiertamente partidista; o a alguno de los grupos parlamentario del Congreso, sin duda que crea vinculaciones.
Para no ir más lejos, tenemos en puerta la designación de un nuevo consejero que ocupará el lugar de José María Aizpuru, quien no será ratificado tras habérsele fincado varios procedimientos de fiscalización en su desempeño como director del propio IEEG.
La oportunidad de proponer la terna corresponde al grupo parlamentario priista en el Congreso, quien la integró con tres abogados: Santiago López Acosta, Eduardo Aboytes y Armando Trueba Uzeta, con la idea de impulsar a este último.
López Acosta, académico universitario y experto en derecho electoral. fue eliminado ya por sus nexos con el PRD al que ha asesorado en el pasado reciente.
La mayoría panista ha frenado la votación entre los dos prospectos que subsisten, sin duda a causa de las evidentes vinculaciones de Trueba Uzeta, el prospecto que los priistas quisieran ver electo, con el PRI y con el ex candidato a la gubernatura Juan Ignacio Torres Landa, a través de su esposa, la dirigente de ese partido en Irapuato Arcelia González.
Resulta por demás ingenuo pretender que Trueba Uzeta será un consejero químicamente puro. Su suegro es el histórico priista José Aben Amar González Herrera, uno de los principales consejeros de Torres Landa en la pasada campaña electoral.
Incluso, en su último desempeño profesional, como director jurídico de la Contraloría Municipal de Irapuato, el abogado Armando Trueba fue impulsado de manera decidida por su cónyuge, a través de los regidores de la fracción priista en ese municipio.
¿En verdad hace falta militancia ortodoxa en un partido cuando se tienen tantos nexos personales y familiares? La propuesta del PRI, como antes la de Oliva, cumple la letra de la ley, una ley por cierto con demasiados tintes de ambigüedad y subjetividad, pero incumple profundamente el espíritu de ciudadanización del órgano electoral que permitió salvar la crisis política de hace dos décadas.
PAN y PRI, las dos principales fuerzas políticas de Guanajuato, siguen mostrando una enorme falta de talento y sensibilidad para conducir la transición democrática en la que seguimos inmersos, pero ahora con un tufo de marcha en reversa.
Mientras los cargos de responsabilidad y el compromiso con los ciudadanos y con el cumplimiento de la ley, siga sustituido por la lógica pedestre del botín personal y partidista, la transición seguirá empantanada. Y la democracia plena, pospuesta.
Twitter: Arnoldo60
