Arnoldo Cuellar

Michoacán en Guanajuato

In Botepronto, Zona Franca on agosto 13, 2012 at 3:58 am

Los ataques a gasolineras e incendios de autos, ocurridos la noche del viernes pasado en cinco municipios de Guanajuato, ponen una vez más en evidencia, como si hiciera falta, que los grupos del crimen organizado que amenazan la estabilidad de la entidad se encuentran hace tiempo entre nosotros.

La reacción a un ataque federal en contra de grupos criminales vinculados a la familia michoacana, en el municipio de Apatzingán, provocó las represalias que se vivieron en la entidad vecina durante toda la tarde y por la noche en Guanajuato.

Hasta el momento, las investigaciones no detallan si los atentados en Moroleón, Yuriria, Salamanca, San Miguel Allende y Guanajuato capital, fueron realizados por uno o varios grupos de delincuentes; si estos se trasladaban de uno a otro sitio; o si operan en las mismas ciudades afectadas.

La hipótesis con la que los políticos y funcionarios de Guanajuato vienen actuando desde hace tiempo, explica que la criminalidad de alto impacto que acontece en el estado proviene de fuera de sus fronteras.

Por eso, algunos candidatos como los panistas Miguel Márquez y Miguel Salim, fueron enfáticos en la propuesta de “blindar” las fronteras de estado y de municipios mediante la utilización de arcos detectores y cámaras en las entradas y salidas de ambas demarcaciones.

Sin embargo, parece haber una falla de origen en esa concepción. Está claro que Guanajuato no puede escapar a las dinámicas regionales en las que se encuentra inmerso.

Allí está, por ejemplo, la penetración que ha sufrido las corporaciones de policía en varios municipios del estado, fenómeno que ha dado lugar a intervenciones de fuerzas estatales y del propio ejército en las direcciones de seguridad pública, así como a la detención de sus mandos.

Los atentados del fin de semana muestran que Guanajuato no va a ser ajeno a las complicaciones derivadas del combate regional a la delincuencia, ni tampoco a un eventual recrudecimiento de la violencia.

Hace falta, entonces, una labor de coordinación que ya no deberá ser solamente policiaca, sino también política, de las autoridades estatales, particularmente de las que tomarán posesión en poco menos de mes y medio, con las entidades vecinas.

Este fin de semana la violencia asoló no sólo al sur de la entidad, sino también a nuestros vecinos del norte: en San Luis Potosí fue asesinado el alcalde electo de Matehuala, el priista Edgar Morales Pérez.

En ese clima, resulta poco menos que imposible pensar que Guanajuato es una ínsula afortunada donde la violencia que viven otras entidades del país pasará de largo. No ha sido así, aunque hasta ahora hemos vivido sólo episodios de lo que en otras latitudes se ha vuelto cotidianidad.

Desde luego, no se trata de alarmar inútilmente, ni de caer en el catastrofismo, pero si debemos conminar al gobierno que se encuentra a punto de iniciar su mandato y donde su titular ya anunció la confirmación de uno de los responsables de la estrategia de seguridad, el procurador Carlos Zamarripa, a que tome en serio las advertencias que ya se presentan y se trabaje en ello con objetividad.

Así, aunque en las pasadas campañas políticas las diferencias entre PRI y PAN se acrecentaron y hasta se denunció la intromisión de grupos de operadores provenientes de otras entidades electorales en apoyo a los partidos locales, ya pasado ese episodio, la rispidez debe dejar paso a una nueva etapa.

El gobierno panista de Guanajuato estará ahora rodeado de gobiernos priistas, no sólo en las dos entidades mencionadas, sino también en Querétaro y Jalisco. Será necesario que Miguel Márquez eche mano de una nueva diplomacia, de la que por cierto carecía su antecesor, Juan Manuel Oliva, para tratar a sus vecinos y llegar a acuerdos con ellos.

La óptica debe cambiar radicalmente: las batallas electorales ya pasaron y ahora habrá que pensar en continuar la otra guerra, esa que sí ha producido bajas y que amenaza la existencia misma de nuestras bases de convivencia.

Ganar de nuevo la tranquilidad del país, una lucha en la que no puede sernos ajenos lo que pasa en todas las regiones de México, requerirá una gran responsabilidad de los políticos que obtuvieron el respaldo popular en las pasadas elecciones y, por encima de todo, una gran capacidad de encontrar coincidencias, tomar acuerdos y respetarlos.

Así que, en lugar de blindar fronteras y encerrarnos, algo imposible de ocurrir en una entidad que se precia de haber roto récords de captación de inversión extranjera, lo que sigue es abrirnos a la colaboración y crecer políticamente como parte de una federación, sin atavismos ideológicos.

A final de cuentas, Márquez no necesita hacer un gobierno panista, necesita hacer un gobierno eficiente y honesto, virtudes políticas que, como ya se vio, no son patrimonio de nadie, sino de quienes se empeñan en conseguirlas.

arnoldocuellar@zonafranca.mx

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Twitter: Arnoldo60

 

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