En una nueva investigación en la que confluyen el portal multimedia Zona Franca, el noticiero radiofónico Así Sucede y la cadena de diarios de la Organización Editorial Mexicana en Guanajuato, vuelve a quedar de manifiesto, por si hiciera falta, la enorme laxitud legal, administrativa y ética con la que se manejó en tiempos recientes la institución que custodia el fondo de pensiones más importante de Guanajuato y uno de los más sólidos de México: el ISSEG.
A ciencia y paciencia del Consejo de Administración, que preside Gustavo Adolfo González Estrada; del propio gobernador Juan Manuel Oliva que fue omiso cuando Miguel Salim combinó un puesto de la máxima responsabilidad con la dirigencia municipal del PAN y con una precandidatura, hoy vienen a conocerse las consecuencias de indecisiones o ausencias, a todos los niveles de responsabilidad de la administración pública estatal.
Por cierto, ¿dónde estaban también los diputados de la mayoría y de la oposición cuando todas estas cosas pasaban? ¿A dónde se escondía o en qué se entretenía el Órgano Superior de Fiscalización?
Probablemente a Migue Salim hoy lo quieran hacer objeto de un linchamiento público, sin embargo, lo cierto es que son muchos sus cómplices por acción u omisión.
Por el Secretario de la Gestión Pública, el pasado y el actual, ni siquiera vale la pena preguntar. Sobre todo en el caso de Luis Ernesto Ayala, cuya indagación en la Secretaría de Salud terminó tan enredada que le ganó una recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos y generó, hoy sabemos, el aumento de los malos negocios en el ISSEG relacionados con el Seguro Popular.
Hace unos meses, este funcionario comentó en una mesa, no sin cierto desparpajo, que los rumores sobre la presunta inmoralidad de Salim como servidor público “eran cosa de siempre”.
Otro honorable comunicador gubernamental, un hombre honesto a toda prueba, me dijo en una ocasión: “Salim siempre cae parado.”
Ambas visiones generan una gran preocupación: ¿porqué personas honestas que tienen comportamientos intachables, más allá de los previsibles tropiezos a que está expuesto todo hombre o mujer que se desempeña en la arena pública, terminan seducidos por el aura del político que “es capaz de cualquier cosa”?
Más allá de la posibilidad de que los malos manejos que se detectan en la inversión de 300 millones de pesos en valores de riesgo de un banco francés, apreciables sobre todo en la muy previsible existencia de una comisión a un intermediario que a la vez era funcionario del ISSEG; más allá de la sospechosa asignación de compras multimillonarias a una empresa de reciente creación representada por dos evidentes prestanombres, lo cierto es que en el manejo de la institución de pensiones de Guanajuato se aprecia un profundo desaliño administrativo, disfrazado de audacia empresarial.
Sin embargo, todavía más preocupante que la falta de pericia, la inescrupulosidad o el dolo de un funcionario, resulta la inoperancia de órganos que deberían ser instrumentos de control. Si con medidas disuasivas y precautorias la corrupción persiste en innumerables ámbitos de la vida pública y privada, en arca abierta, ahora sí que hasta el más justo peca.
Juan Manuel Oliva no puede apostarle la suerte de su imagen ante la historia del futuro a golpes mediáticos cuasi providenciales como la visita del Sumo Pontífice Católico.
Lo que el mandatario que concluirá su mandato en septiembre próximo no haga por recomponer la escorada nave de su administración, no lo podrá hacer ni Dios Padre, aunque suene a blasfemia.