Hemos visto en estos días como buena parte de los poderes públicos, en los tres niveles de gobierno, sufren una reorganización forzada a causa de las renuncias de funcionarios que han decidido que el encargo que les hicieron los ciudadanos, en algunos casos; o que aceptaron por invitación de un jefe político, no amerita el cumplimiento hasta el final del periodo y que es más valioso para ellos ir en busca de otra responsabilidad, también de elección.
Se trata de un ejercicio de libre albedrío al que difícilmente se puede encontrar una limitante por coerción legal. Al final del día, las clases políticas se conforman así, reproduciéndose en el seno de los mismos aparatos burocráticos.
Sin embargo, todo, como en la vida, debería de tener límites: uno de ellos podría ser el decoro personal, la ética pública y el profesionalismo de los políticos que apenas están conformando un entramado institucional de carácter democrático, después de dos siglos de vida independiente.
Si revisamos la historia del país, los interludios en los que se han registrado elecciones libres, transiciones pacíficas entre diferentes grupos políticos y respeto a la voluntad popular, son más una excepción que una práctica.
Tan sólo entre la dictadura porfirista y la dictablanda priista, se ocupa la mitad de la historia soberana de la nación mexicana: 100 años en que la democracia, como se entiende de manera contemporánea, brilló por su ausencia, por más que se simularan episodios electorales y frágiles concesiones a la oposición.
En los otros cien años abundan las dictaduras menos longevas, los golpes de estado, las invasiones extranjeras y los periodos revolucionarios. Cualquier observador acucioso de la historia de México caerá en la cuenta que no contamos con una tradición de ejercicio y respeto democrático.
La clase política que alcanzó el mayor profesionalismo en la vida independiente de nuestra nación fue, sin comparaciones, la vinculada al nacionalismo revolucionario, particularmente en la etapa priista, la más prolongada de todas y la que subsiste hasta nuestros días.
Sin embargo, el hecho de que se haya conformado una burocracia profesional, incluso altamente competitiva, particularmente en áreas como la diplomática, la hacendaria, la judicial, no le otorgó a ese régimen una credencial de modernidad, sobre todo, por la ausencia de un ingrediente de la mayor importancia en la gestión moderna de los estados soberanos: el compromiso con una cultura democrática, de participación ciudadana y de respeto al pluralismo.
Más grave aún fue el hecho de que la cultura autoritaria del priismo, antídoto del crecimiento democrático de la sociedad, fue inoculada en algún momento a la corriente panista que logró dar cuerpo a una incipiente alternancia en el poder, en el año dos mil.
El panismo que gobierna el país, y a Guanajuato, más allá de su discurso no ha mostrado el respeto a la autonomía social como uno de sus valores principales: Vicente Fox intervino de manera descarada en los procesos electorales del 2006 para perjudicar a sus oposiciones priista y perredista; Felipe Calderón ha usado la información privilegiada del estado para destruir opositores políticos y no para hacer justicia a secas, como ocurrió en el caso de Humberto Moreira, quien muy bien podría haber sido sujeto a proceso por sus innumerables atropellos constitucionales desde que era gobernador y no sólo hasta que fue dirigente de un partido.
En Guanajuato se vive, como en ningún otro lugar, una simbiosis entre la administración pública y la política electoral a favor del PAN. Juan Manuel Oliva tiene fama de operador político no tanto por sus habilidades personales, como por su absoluta falta de escrúpulos para poner el peso del Estado a favor de su propia opción política, justo como lo hacían sus antecesores priistas.
En síntesis, vemos que la alternancia en el poder ha abonado muy poco a la conformación de una cultura democrática en México, quizá sólo la conciencia amplia en algunas capas de población de que es posible expulsar de cualquier cargo a una fuerza política que se vuelve indeseable, lo que constituye apenas un pálido equilibrio ante la vulnerabilidad de los sectores mayoritarios a ser manipulados electoralmente mediante los programas gubernamentales de ayuda social.
Y lo más grave de todo es el cinismo que ha invadido a toda la clase política, sin excepción de partidos, para dar una lucha desnuda por el poder usando todos los recursos a su alcance, buscando burlar la ley a cada paso, encontrándole salidas incluso a las cada vez mayores restricciones que por un lado se autoimponen desde las Cámaras en un acto de simulación que lo único que ha logrado es encarecer el control electoral y aumentar la burocracia que lo ejerce.
La clase política mexicana ha encontrado su razón de ser en la perpetuación de sus privilegios y no en la conducción de la nación, la cual sufre un secuestro flagrante. Así nos encuentra este arranque de temporada electoral.
