Algunos ciudadanos y muchos analistas políticos no entienden el actuar del alcalde Ricardo Sheffield. Eso, sin embargo, ya forma parte de la normalidad con la que se vive la gestión pública en el municipio de León.
Más delicadas se vuelven las cosas cuando quienes no entienden son los directamente responsables de llevar a cabo acciones en contra de determinados flagelos sociales, como lo es la criminalidad, máxime cuando su presencia es solicitada por el municipio.
Hace unos días, el alcalde de la ciudad más importante de Guanajuato en cuanto a población y producto interno bruto, anunció con grandes fanfarrias la constitución de un cuerpo de élite de la policía municipal, la unidad especial táctica, con 60 elementos de los que se presumido su capacitación, mejor que la de los cuerpos de élite de Estados Unidos.
Sin embargo, pocos días después, el propio munícipe que presumía la conformación de su superpolicía, se reunía con mandos del Ejército Mexicano, de las procuradurías estatal y general de la república y de las secretarías de seguridad de Guanajuato y nacional, para pedir apoyo a un operativo especial en contra de las pandillas que asolan numerosas colonias populares en León.
Se tiene el antecedente de que el pandillerismo ha pasado de ser una expresión de inconformidad juvenil a una forma de delincuencia, por la elevación de la violencia y la utilización de armas cada vez más sofisticadas.
Hasta ahí no parece haber nada de malo, la coordinación interinstitucional ha mostrado ser la mejor manera de encarar problemas complejos como lo es el de la delincuencia organizada, a la cual alimentan fenómenos como el del pandillerismo, como se ha mostrado en otros escenarios de la República.
Lo delicado viene después. En la reunión táctica convocada por el alcalde de León se acordó realizar un operativo que arrancaría el siguiente fin de semana, coincidiendo con el auge de la actividad pandilleril en las colonias, tal y como se tiene registrado por las áreas de inteligencia de la policía municipal.
Como parte de los acuerdos se estableció la necesidad de mantener bajo la mayor discreción posible la logística de los operativos, a fin de no poner sobre aviso a quienes manejan la violencia de las pandillas como una forma de encubrir otro tipo de fenómenos delictivos.
Sin embargo, no pudo ser así. Rompiendo los acuerdos de la reunión, el alcalde Ricardo Sheffield salió a los medios de comunicación a hacer público el anuncio de que el Ejército entraría a León a patrullar en las colonias conflictivas. Incluso, el edil mencionó que se instrumentaría el uso de “policías encubiertos” en las colonias conflictivas.
El anuncio provocó un gran desconcierto en las instituciones que acudieron a la reunión. ¿Cómo se puede llevar a cabo un operativo exitoso si este se anuncia en los periódicos con anticipación?
Los participantes en la reunión con el alcalde Sheffield han venido cruzando telefonazos entre sí e incluso hay la posibilidad de que el arranque de los operativos de vigilancia se posponga.
Nadie entiende porque, tras haberlo acordado, el presidente municipal rompió el protocolo y buscó ganarse portadas de los medios, cuando se supone que el fin que se persigue es más importante que el lucimiento personal.
Se trata de un misterio que difícilmente podrá ser dilucidado. Ricardo Sheffield ya ni siquiera está buscando un cargo de elección popular, como para que valiera la pena el exabrupto propagandístico.
Lo cierto es que, visto lo acontecido, el alcalde parece no hacerse cargo de que el problema delincuencial de León es suficientemente grave como para merecer una estrategia seria de colaboración con las instancias federales y estatales, más allá del lucimiento personal. Grave asunto, si los hay.
Botepronto
Quizás uno de los mayores problemas con los que se enfrentará el director del ISSEG y precandidato a la alcaldía de León por el PAN, Miguel Ángel Salim Alle, para convalidar el estrambótico proyecto de hacer una torre Trump en el corazón del Coecillo, en León, es la sospecha de que se trata sólo de una iniciativa para favorecer la inminente aventura política de este funcionario.
La sospecha se incrementa por el hecho de que el constructor favorecido para elaborar el proyecto ejecutivo del Conjunto Estrella, coronado por un edificio de 23 pisos con una zona comercial adjunta, todo a un costo de 466 millones de pesos, no es otro que el empresario José Luis Infante Apolinar, a través de Oikos, un despacho filial de ECO, el mismo consorcio que construyó el centro de distribución del ISSEG en el Puerto Interior y el edificio del comité municipal del PAN en León.
El innecesario desplante que significa la proyección de una obra faraónica que involucra el ocho por ciento del fondo de pensiones de Guanajuato, un porcentaje nada desdeñable aunque se menciona con una ligereza preocupante, cuando la administración Salim se encuentra a punto de terminar su encargo por razones electorales, se complica más por la presencia del constructor favorito de la actual administración del ISSEG.
Si Miguel Salim piensa que puede hacer crecer su candidatura corriendo este tipo de riesgos, puede estar cometiendo el más grande de los errores, justo cuando la administración de su actual jefe, Juan Manuel Oliva, no requiere de más escándalos; y cuando la consolidación del candidato que dice apoyar, Miguel Márquez, tampoco necesita esta clase de revolventes.
