Miguel Márquez Márquez, el precandidato panista al gobierno del estado al que más posibilidades le otorga la opinión pública por su pertenencia al grupo hegemónico en ese partido en la entidad, ha venido propugnando por la postulación de un candidato independiente, representante del sector privado, para contender por la alcaldía de Celaya, donde todos los indicios apuntan a un debacle política y electoral del oficialismo blanquiazul.
Esa tendencia, seguramente fortalecida tras los últimos acontecimientos que han relacionado a la delincuencia organizada con funcionarios y empleados municipales, no es compartida sin embargo por el gobernador Juan Manuel Oliva, quien sigue sosteniendo contra viento y marea su alianza con el grupo Yunque de Celaya, encabezado por José Rivera Carranza, esposo de la alcaldesa Rubí Laura López Silva.
Así se vio este sábado, cuando instruido por el mandatario, el secretario de Gobierno, Héctor López Santillana, acudió a Celaya para dar respaldo estatal a López Silva, ante el embate de los partidos de oposición en el Ayuntamiento y el sentir de diversos sectores del municipio que empujan decisiones de fondo, incluyendo una licencia de la munícipe.
No es esa la única evidencia de que los viejos pactos políticos entre Oliva y el grupo que domina al PAN celayense siguen vigentes. Debe recordarse tan sólo que Fernando Hurtado Cárdenas, integrante conspicuo de esa línea y actualmente el primero formado para la sucesión de Rubí Laura, fue el jefe de las redes olivistas durante la precampaña y la campaña constitucional del 2006.
Tan agradecido quedó el nuevo gobernador con su operador celayense que le entregó el manejo del Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo (Sefide), sin que el nuevo funcionario entendiera absolutamente nada de finanzas.
Las consecuencias no tardaron en producirse. De haber sido una opción crediticia estatal cuando la dirigió el actual subsecretario de finanzas, Enrique Castro Villalobos, en el sexenio de Juan Carlos Romero Hicks, el Sefide entró en barrena con Hurtado y finalmente debió ser reconvertido a una pequeña oficina dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, ante su falta de viabilidad.
Sin embargo, Hurtado Cárdenas no perdió la protección del gobernador, quien premió su fracaso elevándolo al rango de subsecretario. Ahí tiene ahora sus cuarteles de invierno el celayense, aislado del equipo del secretario Ramón Alfaro, esperando el momento de renunciar para ir a hacer precampaña a Celaya.
E independientemente de lo que puedan pensar los ciudadanos de Celaya, o liderazgos panistas como el de Miguel Márquez e, incluso, buena parte de los guanajuatenses, sobre la escasa posibilidad de éxito de la postulación a la alcaldía de otro integrante del grupo derechista de Celaya, desde el palacio de gobierno de Guanajuato aún se contempla esa alternativa.
Quizá se deba a la lealtad que el matrimonio formado por José Rivera Carranza y Rubí Laura López Silva le ha mostrado a Juan Manuel Oliva en las recientes batallas panistas; quizá sea el viejo compromiso con Fernando Hurtado: o, quizá solamente la lealtad a las viejas querencias yunquistas, lo cierto es que la candidatura del subsecretario de SDES sigue respaldada por el gobernador.
Esa situación quedó en evidencia estos días, cuando a Miguel Márquez le fue proporcionada una encuesta por funcionarios del gabinete estatal en la cual, increíblemente, se asegura que el PAN está arriba en las preferencias de los celayenses por un altísimo margen y que, además, el candidato que prefieren es a Hurtado Cárdenas.
Sobra decir que el precandidato a la gubernatura casi se cayó de su asiento cuando vio, no tanto las encuestas, como las intenciones de una maniobra que no sólo lo haría respaldar a un candidato que es seguro perdedor, sino que también lo pondría en entredicho con importantes grupos de presión en Celaya a los que les ha ofrecido su palabra de impulsar una candidatura ciudadana en el PAN.
Vistos estos antecedentes, no es nada remoto colegir que uno de los mayores obstáculos para el crecimiento de la candidatura de Miguel Márquez en el ánimo de la ciudadanía, no tanto de los panistas donde las lealtades y los compromisos están más amarrados, vendrá de parte de quien fue su jefe como gobernador y ha sido su mayor impulsor como precandidato, quien no parece resignarse al cierre de su ciclo como operador político legítimo.
Nadie duda que Juan Manuel Oliva pueda aún mover estructuras dentro del PAN, más en el CEN que aquí, así como dentro de su gobierno. Sin embargo, la motivación que encabeza sus afanes ya no puede separarse del intento por conservar poder y márgenes de maniobra política, algo que compite directamente con el crecimiento de Miguel Márquez.
Temas como el de Celaya se irán ampliando día tras día, ahora, en las precampañas formales a inicio de año y ya en la contienda constitucional. Por más que el temperamento del aspirante de Purísima del Rincón no sea proclive a los rompimientos bruscos ni a la confrontación, desde ahora puede vislumbrarse que la relación entre el actual gobernador y el hombre que tiene las mayores probabilidades de sucederlo, no terminará en un jardín de rosas.
Botepronto
Llegaron las elecciones de Michoacán y pasó lo que se esperaba: no hay triunfo contundente de ninguno de los candidatos; hay una elección a tres tercios donde todo parece indicar que PAN y PRI disputarán mano a mano hasta el final, mientras que el gobernante PRD se rezagará a un tercer lugar no lejano.
Lo patético viene de otra parte, no de la elección competida que en cualquier otra circunstancia significaría una fortaleza democrática: lo lamentable es la clase política: candidatos, líderes partidistas, cuartos de guerra y encuestadoras, que llevan la campaña hasta el grado mismo de querer torcer las cifras a su conveniencia, como si un golpe de mano o de anticipación pudiera cambiar el resultado final.
Democracia lamentable, parece la nuestra desde el 2006: árbitros erráticos y poco confiables; órganos electorales que se desfondan ante una elección cerrada; partidos gandallas a los que no les importa el respaldo ciudadano sino sólo el resultado electoral.
Bien sea Luisa María Calderón o bien Fausto Vallejo, el próximo responsable del gobierno de Michoacán tendrá enfrente una dura encomienda, no sólo por la amenaza de un factor como el crimen organizado en esa entidad, sino también por la escasa legitimidad con la que arribará al cargo: una votación inferior al 40 por ciento de los votos emitidos; dos fuerzas opositoras poderosas; un Congreso dividido y una dispersión política en los municipios.
¿A eso se quería llegar? ¿Esa será la fórmula para intentar hacer frente al enorme reto de la gobernabilidad y la gobernanza en Michoacán? ¿Eso quieren también para el país los miembros de la clase política?
¿A dónde vamos por las respuestas?
