Arnoldo Cuellar

El gabinete de Oliva vive su propia guerra

In Análisis Político, Zona Franca on octubre 31, 2011 at 4:00 am

La principal crisis que enfrenta Juan Manuel Oliva en este momento es la de lealtades. Esa circunstancia marcará buena parte de sus decisiones en los próximos días y seguramente, junto con el activismo electoral, será uno de los factores que imperen hasta el fin de su mandato.

Por eso ha crecido el peso de la opinión de personajes como Román Cifuentes, Juan Carlos López y Alberto Diosdado, quienes junto con Alejandra Reynoso constituyen el nuevo cuarto de guerra del mandatario.

Allí fue donde se decidió la reacción a la jugada política que pretendía hacer Luis Ernesto Ayala, anunciando su salida como una renuncia intempestiva que quedara a la libre interpretación, como finalmente pasó: en el ánimo público, el ex secretario de la Gestión Pública se va por que no recibió apoyo en la lucha contra la corrupción dentro del gobierno.

Queda claro que Oliva no corrió a Ayala, pues es el más perjudicado por la renuncia y se vio obligado a un control de daños insuficiente por intempestivo. Fue Ayala quien se separó de manera unilateral y puso sobre el tapete un escenario de ruptura.

Como si hiciera falta, el resultado evidenció a los nuevos asesores del gobernador, quienes sólo atinaron a armar un intento de minimización de la renuncia forzando las salidas de dos piezas prescindibles y desgastadas del gabinete: José María Anaya, un secretario de desarrollo agropecuario que había dejado de ser funcional hace tiempo, incluso como operador electoral; y Pedro Luis López de Alba, quien vivía horas extras desde la salida del Conacyt de su protector, Juan Carlos Romero Hicks.

Chema Anaya, conciente de su situación, había planteado su renuncia para fines de noviembre, con el pretexto de buscar la alcaldía de Cortazar, pero en realidad cercado por el propio Luis Ernesto Ayala con las auditorias a los fideicomisos de apoyo al campo, como Casa Noble, donde hay cantidades millonarias de recursos aplicados sin comprobación.

Pero la salida de Luis Ernesto, en sí misma un pulso de fuerzas nada cordial, se enredó más con la (in)oportuna recomendación de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos, a cargo de Gustavo Rodríguez Junquera, para que el funcionario emitiera una disculpa y, además, recibiera una sanción del gobernador, por haber exhibido como corruptos a funcionarios de la secretaría de salud a los que apenas se les iba a fincar una denuncia ante la justicia.

Son inevitables las especulaciones sobre causa y efecto en este caso. Si la recomendación motivó la renuncia, hablaría de una gran soberbia de Luis Ernesto Ayala; en cambio, si la anunciada renuncia propició la negociación de la recomendación, sería peor, pues pondría en evidencia una subordinación del Ombudsman al Poder Ejecutivo.

Para despejar esta duda haría falta una explicación de los hechos de parte de todos los involucrados, algo que por supuesto no ocurrirá. En ambos casos, empero, el resultado es el mismo: la separación de Ayala marca un rompimiento político del empresario y su grupo, con el gobernador, lo que viene a sumarse al clima de descomposición que enfrenta el grupo gobernante en la entidad.

Por lo pronto, habrá dos damnificados por estos hechos: uno de ellos, el secretario de Gobierno, Héctor López Santillana, cuya tradicional independencia de criterio con respecto al olivismo más cerrado, ahora será vista bajo la lupa de la sospecha. Además, este  funcionario también tiene cuitas con la revisión de dos grandes temas: la adquisición de los terrenos para la fallida refinería y la liberación de derechos del tren interurbano.

Una primera señal de lo que se avecina fue la declaración de esta semana de Genaro Carreño, el amonestado titular de Obra Pública que, sin venir a cuento, decretó la muerte del proyecto de tren interurbano en una entrevista banquetera, poniendo sobre la mesa la inutilidad de la inversión enterrada allí durante la gestión de López Santillana en Desarrollo Económico.

El otro es el director del ISSEG, Miguel Ángel Salim, que deberá afrontar su próxima separación del cargo y el arranque de su precampaña por la candidatura a la alcaldía de León, bajo la amenaza de fuego ya no tan amigo desde el entorno inmediato de Oliva, particularmente de Román Cifuentes, el cuñado de su contrincante, Mayra Enríquez Vanderkam.

A diferencia de lo que ocurrió cuando Oliva se deshizo de Gerardo Mosqueda, donde otros funcionarios identificados con el Yunque, como Alberto Diosdado y Juan Carlos López lograron empoderarse explotando los sentimientos encontrados del gobernador ante una crisis que involucraba su propia historia personal, esta vez no se verá la misma reacción.

Sobre todo por el hecho de que tanto López Santillana como Salim se han alejado de la esfera de decisiones de Oliva, limitándose cada uno de ellos a sus tareas, sus proyectos y a no despertar mayores inquinas, sobre todo el segundo, después de la batalla por el comité estatal.

En cambio, el poder y la influencia de Cifuentes se ha incrementado exponencialmente y se ve difícil de desplazar en lo que falta del gobierno.

Así, a lo que ya era la batalla por el PAN y por las candidaturas, ahora habrá que sumar una nueva guerra de trincheras donde los misiles serán las acusaciones por corrupción y malos manejos, algo que no dañará únicamente a los grupos en litigio, sino a la administración en su conjunto.

Frente al crecimiento de estos conflictos, se antoja una distracción excesiva el sostenido activismo preelectoral del gobernador. La tranquilidad de su futuro, ya se ve, está hoy en otra parte.

Botepronto

El frente juvenil del PRI es sólo el pretexto. Lo de fondo es la lucha entre el intento de Francisco Arroyo para mantener el control de la estructura priista en el estado y la guerrilla de Bárbara Botello y Miguel Ángel Chico, con la complicidad de Gerardo Sánchez y Guillermo Ruiz de Teresa, de descarrilar la precandidatura del senador. Ese es el PRI que sueña con recobrar el poder.

Las intrigas locales podrían ser lo de menos, pues tienen así más de una década. Lo interesante es el involucramiento de los jugadores nacionales. ¿Humberto Moreira y Emilio Gamboa le juegan contras a Manlio Fabio Beltrones?

Del primero se entendería, el líder de los priistas en el Senado suena como el relevo más factible del enriquecido ex gobernador. Pero, ¿qué hay con el dirigente cenopista: llegó a su fin la vieja complicidad que los hizo sobrevivir a tantas tormentas?

Probablemente es otra vez la maldición de capitalizar el triunfo antes de lograrlo: los priistas ya se sacan los dientes ante el botín del año próximo. ¿Otro ejemplo? La venganza de Carlos Salinas contra Ernesto Zedillo en la reapertura del caso Acteal, empleando como ariete a Emilio Chuayffet.

Por lo pronto, la secretaria general del PRI, Cristina Díaz, recibió a Botello en México y le dio un amplio crédito en el tema de la disputa por el juvenil. La solución propuesta por la supuesta encargada de los estados de oposición que sólo opera aquí, fue una lotería: cinco nombres puestos en dos sobres, los de Arroyo y los suyos. El nombre coincidente quedaría.

La respuesta del usuario del Panchobús mostró más colmillo: “es un asunto de los jóvenes, no de los adultos, que lo solucionen ellos.” En paralelo, Jorge Luis Martínez Nava, el dirigente electo y cuestionado por la legalidad de la convocatoria que originó el proceso, reunió a 35 líderes municipales y 300 jóvenes en el comité estatal del PRI.

Las preguntas que surgen son: ¿escalará el conflicto? Y de ser así, ¿lo comprará el recién nombrado secretario regional Ismael Hernández Deras, para verse enredado en las mismas minucias que hicieron naufragar al delegado Francisco Santillán? Finalmente, ¿tendrán remedio los priistas de Guanajuato?

arnoldocuellar@zonafranca.mx

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