El estado de Guanajuato y, particularmente, la ciudad de León, empiezan a vivir fenómenos que sólo se conocían en otras latitudes y no en estas tierras que se precian de ser cuna de la libertad, hace doscientos años; y de la insurgencia democrática, hace veinte años.
Este inicio de semana fue secuestrada una buena parte de la edición de la revista Proceso que habitualmente circula en puestos de periódicos, tiendas de conveniencia y departamentales de la ciudad de León.
¿El único motivo posible? La aparición de una fotografía grupal en torno al Zar de los Casinos de Nuevo León, Juan José Rojas Cardona, donde aparecen desde personajes mayores del escenario nacional, como el cardenal Norberto Rivera Carrera y el obispo de Yucatán Emilio Berlié Belauzarán; pasando por panistas de pedigrí como Iván Garza Téllez, director del Registro Nacional de Miembros del PAN; hasta personajes menores, como nuestro popular David Aguilar Romero, (a) El Bubu, el vocero del municipio que gobierna Ricardo Sheffield Padilla.
No se explica la desaparición del Proceso en los estanquillos de León de no ser por esa aparición fugaz de un funcionario cuya doble filiación, empresarial y pública, lo ha colocado en el ojo del huracán desde hace un par de semanas.
Sin embargo, la verdadera relevancia pública de este tema no estriba en el flamante politólogo del ITAM cuyas aportaciones al funcionamiento del municipio son escasas salvo ésta de importar el secuestro de publicaciones incómodas tan habitual en otras entidades del país.
El tema de fondo sería lo que Aguilar Romero representa como síntoma: la posible vinculación de personajes como los hermanos Rojas Cardona de Monterrey, propietarios de doce casinos, restaurantes y agencias de publicidad e imagen, a quienes se atribuye el apoyo multimillonario a políticos de todos los partidos a fin de cuidar sus intereses
El verdadero punto a seguir es si la presencia de este personaje en las oficinas de comunicación de Ricardo Sheffield es síntoma de acuerdos entre los inversionistas regiomontanos y la administración que éste encabeza.
En días pasados, el alcalde Sheffield ha dado muestras claras de que Aguilar tiene todo su respaldo. Le ha permitido asistir a reuniones de estrategia preelectoral de Miguel Márquez Márquez, un candidato con el que el munícipe leonés no quiere ni aparecer en fotos, como ocurrió la semana pasada en la entrega de 105 colonias al municipio, donde la presencia del secretario de Desarrollo Social no ameritó su presencia, sino sólo la representación a través de Mayra Enríquez.
La crisis originada por la confusión en los permisos municipales del Casino Grand fue gestionada a través de un control de daños diseñado por Aguilar que incluyó filtraciones selectivas de documentos a algunos medios, al igual que la información de los despidos de 4 funcionarios, antes de que la Contraloría se enterara e iniciara sus procedimientos.
Aguilar ha tratado de hacer su propio control en una carta enviada a Zona Franca, que se publicó integra, donde nunca aclara su relación con Rojas Cardona y se limita a señalar que “vivo de mi trabajo”, mientras defiende su derecho a “expresar mis simpatías políticas con otras personas o militantes de mi partido”.
Antes, en una entrevista realizada por Gisela Chavolla también en Zona Franca, el funcionario reconoció que ha hecho “algunos trabajos de mediciones de opinión” para el Zar de los Casinos.
Los hechos quedan a flote: David Aguilar tiene todo el derecho del mundo a trabajar con quien lo contrate, así como Ricardo Sheffield a incorporar en su equipo a quien le venga en gana mientras tenga el perfil y le de resultados.
Pero también los ciudadanos merecen conocer quiénes son los funcionarios que dicen servirlos; así como tener la posibilidad de juzgar por sus propios medios y saber por sí mismos si la prioridad de los servidores públicos es el beneficio colectivo o los intereses privados.
Y lo que nadie merece es el establecimiento de prácticas antediluvianas como la de las “compras masivas” de publicaciones para intentar tapar el sol con un dedo. Con esas tácticas, Bubu Aguilar difícilmente prosperará en estas tierras como estratega en consultoría política.
Botepronto
Lejos de estar planchada, la integración del Consejo Político priista está generando fracturas en todos los frentes. La oferta del bloque aglutinado en torno al senador Francisco Arroyo y el presidente del partido, José Luis González Uribe, de reconocer cien espacios en el coseno a la alianza de Gerardo Sánchez, Miguel Chico y Bárbara Botello, no ha sido bien aceptada.
La presión del neobarbarismo por poco produce una fractura en el bloque hegemónico, cuando González Uribe casi accede a otorgarles cincuenta lugares más, lo cual fue frenado por el secretario de elecciones, Sergio Santibáñez, para más señas yerno del senador capitalino.
Tampoco estaban de acuerdo en esa concesión el dirigente del MT, Alejandro Arias y la Secretaria General, Yulma Rocha. La razón expuesta fue que la demanda se basaba en la presencia de membretes inexistentes como las recientemente creadas Unidad Revolucionaria y Chaviza Revolucionaria, membretes integrados para ese fin.
Por su parte, el alebrestado alcalde de Pueblo Nuevo, Leonardo Solórzano, tronó con todas las fracciones y presentará su propios planilla, aunque hasta anoche no encontraba suficientes militantes para completarla, ni con la ayuda de operadores panistas que le han estado respaldando, con el beneplácito de Juan Manuel Oliva que ve sus esfuerzos con simpatía.
Es el PRI, qué esperaban.
