La proliferación de casinos en las mayores ciudades del país, tan sólo en el estado de Guanajuato funcionan 14, se ha convertido en un problema de control para la Secretaría de Gobernación que a una semana de la tragedia en Monterrey aún no sabe quienes son los empresarios que operaban el Casino Royale.
Juan Marcos Gutiérrez, subsecretario de Gobierno de la Segob, reconoció este miércoles que aún no identifican a quien fue el último operador o permisionario del Casino Royale: “no puedo dar una respuesta contundente”, fue su frase.
Es decir, la autoridad tiene graves problemas para controlar algo que es perfectamente controlable: la información sobre los transmisiones de las autorizaciones para operar casinos y centros de apuesta. Entonces, ¿qué esperanzas se pueden tener de que se pueda enfrentar con eficacia algo tan azaroso como la delincuencia organizada? Parece que estamos perdidos.
De acuerdo a esa confesión de impotencia de este funcionario, los detentadores de permisos para operar casinos no tienen ninguna obligación, ya no de recabar autorización, sino ni siquiera de informar a la instancia reguladora federal sobre los manejos que realizan con lo que en los hechos se convierte en una verdadera patente de corso.
Un ejemplo paradigmático de este fenomenal desorden lo es el Grand Casino de la ciudad de León, donde no acaba de quedar claro el origen del permiso para operar, ni siquiera a la propia presidencia municipal que ya había otorgado la autorización de uso de suelo como “Centro de Apuestas” y que ahora la someterá a revisión por la Contraloría Municipal, a cargo de J. Cruz Hernández Moreno.
Hasta noviembre de 2008, a unas semanas de abrir Grand Casino, el director de Verificación Normativa del municipio, Bruno Fajardo, mantuvo un intercambio de oficios con Guadalupe López Mares, la irapuatense a cargo de la Dirección de Juegos y Sorteos de Segob, quien no tenía noticia de una concesión de casino para Grupo Win, ni tampoco de un permiso autorizado para la dirección en la que esa empresa pensaba operar en León.
A la fecha, el municipio no ha exhibido un documento donde Grupo Win le informe sobre su permiso para casino. No lo hizo durante el largo trámite para obtener la licencia, primero como restaurante bar y, después de la aprobación del nuevo Código Urbano, como “centro de apuestas”.
Es más, como muestra la aclaración que ha exhibido la secretaria del Ayuntamiento, Mayra Enríquez, la autorización emitida por la directora de Desarrollo Urbano, Georgina Morfín, en mayo de este año, tiene una inconsistencia fundamental: todas las aprobaciones parciales cumplen el requisito de restaurante bar, pero la autorización final es por centro de apuestas. Esa situación ha motivado que se de parte a la contraloría municipal, como ya se dijo arriba.
La situación se volvió más delicada por la exhibición del contrato de asociación en participación suscrito por los accionistas originales de Grupo Win, Ricardo Villarreal, Samuel Lejtik y Víctor Anguiano Villarreal, donde se exhibe la existencia de un fondo de tres millones de pesos reconocidos a los accionistas, que tendría como destino la obtención de un “acuerdo político municipal”, eufemismo para referirse a una evidente mordida.
En la administración shefielista este dato ha levantado un verdadero tsunami. El alcalde asegura que de haber algo así ocurrió antes de su administración y le pone nombre y apellido: Miguel Ángel Salim.
El actual director del ISSEG no esperó mucho para reaccionar y este mismo jueves dio a conocer un duro comunicado donde acusa a Ricardo Sheffield de desconocer los mecanismos administrativos del municipio y le recuerda que en las fechas de la otorgación del primer permiso ya no se encontraba en la administración municipal.
El tema, como se ve, pasó a convertirse en parte de la guerra que se libra en el PAN de cara a la elección interna del próximo candidato a alcalde, algo que puede colocar en segundo término la original interrogante: ¿porqué se autorizó un centro de entretenimiento con apuestas sin que se tuviera a la vista la autorización de Gobernación?
Un gran implicado en esta circunstancia es el ex director de Urbanismo Municipal, Luis Alberto Portugal, quien en 2009 le otorgó a los empresarios Samuel Lejtik y Víctor Anguiano Villarreal un permiso de restaurante bar que incluía una apostilla para validar la existencia de juegos de azar, cuando eso no estaba regulado en la normatividad de ese momento.
Para mayor sospecha, Portugal apareció ya como ex funcionario como el gestor de Grupo Win, una situación que se vuelve por lo menos sospechosa.
Otra irregularidad evidente en la documentación que ahora ha liberado el municipio leonés, tratando de esclarecer el escandaloso asunto, es el hecho de que buena parte de los trámites previos a la apertura se hicieron a nombre de la empresa Jaguar Entertaiment, la misma que aparece firmando la asociación en participación que ahora el senador Luis Alberto Villarreal, hermano de uno de los accionistas originales y primo del actual socio mayoritario de Win, afirma que es “apócrifa”.
No debía ser tan apócrifa, cuando por lo menos tres trámites de solicitud de información para obtener el uso de suelo que permitiera operar al casino, fueron realizados formalmente por esa empresa que ahora se sabe es representada por la ex diputada perredista Talía del Carmen Vázquez Alatorre.
Con todo ese desorden, propiciado por la falta de control desde la Secretaría de Gobernación y ahondado por la falta de pulcritud del municipio para exigir la documentación que acredite el carácter de negocio de apuestas, queda claro porque es tan difícil saber quienes eran los dueños actuales del Casino Royale.
La única duda que persiste es la saber si ese desorden es involuntario o está cuidadosamente diseñado para permitir la secrecía, el favoritismo y, a final de cuentas, la impunidad.
Botepronto
La limpia en la paraestatal federal Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), iniciada en el Distrito Federal la semana pasada por parte de la Secretaría de la Función Pública, llegó este jueves a Guanajuato.
Anoche mismo renunció el director regional de Aserca, Jorge Félix Aizcorbe, quien manejaba la friolera de 3 mil millones de pesos en coberturas al precio de los granos en la entidad.
Y dónde están temblando en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de José María Anaya, donde también recientemente se dio una purga y fue despedido el todopoderoso asesor Carlos Orta, quien ronda por las salas del Tribunal de lo Contencioso, rumiando la posibilidad de pedir su reinstalación.
Sólo hay que recordar que Casa Noble, la paraestatal local formada en tiempos de Eduardo Nieto Almeyda como titular de SDA, se convirtió en un monstruo en los últimos tiempos manejando coberturas de la mano de Aserca, la mayoría de las cuales nunca llegaron a las manos de los productores.
Es otro tema que ya trae entre manos Luis Ernesto Ayala, para cuando le den permiso de actuar y aplicar la ley, si es que le dan.
Tanto Talia como Selene saben bien lo que han robado… pero todo en la vida se paga!!! o no??? Hoy tus delincuentes son tus amigos Talia mañana quien sabe…..