Muy poco podrá avanzar el presidente Felipe Calderón en su cruzada para convencer a la sociedad de que su esfuerzo en contra del crimen organizado, que se ha convertido en una guerra sin cuartel, es legítimo y que no existen otras opciones, mientras a su alrededor la clase política, sobre todo la de su propio partido, navegue en la incongruencia y sabotee ese esfuerzo por mezquindades personales.
Es por ejemplo, lo que pasa en León, donde el equipo de Zona Franca documentó la participación de un hermano del senador Luis Alberto Villarreal García en el arranque e instalación de un casino en León, Grand Casino, a inicios de este año, que opera bajo un permiso obtenido a través de por lo menos dos intermediarios y que, además, ha hecho uso del mexicanísimo tráfico de influencias para regularizar sus autorizaciones a nivel municipal.
Como señalan los documentos en poder de ZF, disponibles en la Web, Ricardo Villarreal García junto con su primo Víctor Adrián Anguiano Villarreal y el empresario queretano Samuel Lejtik Vargas, constituyeron la empresa Grupo Win México, S. A. de C. V., que adquirió la autorización para operar un casino en León, a un costo de 2.5 millones de dólares, a Jaguar Entertainment S. A. de C. V., una empresa propiedad de Talía del Carmen Vázquez Alatorre, una michoacana militante del PRD y quien ha sido candidata a diputada plurinominal y también suplente.
Sin embargo, Vázquez Alatorre no cuenta con permisos para casinos, sino que a su vez tiene un contrato con otra empresa, Juegos de Entretenimiento y Video de Monterrey, S. A. de C. V., la cual a través de un simple contrato de asociación en participación, cuya única finalidad es evitar el registro público, y amparada en un criterio administrativo de una oficina menor de Segob, “no requiere permiso expedido por la Secretaría de Gobernación para instalar y operar sus centros de entretenimiento en territorio nacional”.
Ese criterio vale, para el caso del Grand Casino, 2.5 millones de dólares. Adicionalmente, el contratante se obliga a invertir 16 millones de pesos en instalar y equipar un casino de lujo, de los cuales se le reconoce un valor de tres millones a la obtención “del acuerdo político municipal para operar video juegos de habilidad y destreza.”
Como no hay ningún trámite en municipio alguno del país que merezca ese concepto, mucho menos que valga esa cantidad, es de presumirse que dicha cláusula, puesta en blanco sobre negro en un documento firmado que no estaba destinado a la publicidad, es una de las alusiones más claras al tráfico de influencia e incluso a la abierta corrupción de que tengamos noticia en los últimos años.
Y en todo eso participaron militantes del PAN, Ricardo también lo es; su hermano Luis Alberto que no sólo es senador de la República, sino que es uno de los políticos más cercanos al presidente del PAN, Gustavo Madero, y que además se ha ostentado en Guanajuato como un adalid del calderonismo.
Por otra parte, el permiso municipal que era menester obtener, para “honrar” el reconocimiento de esos tres millones de pesos, dependía de otro persona igualmente ligado al grupo calderonista de Guanajuato, el alcalde leonés Ricardo Sheffield Padilla.
Será el sereno, pero al día de hoy está lista y planchada la aprobación de los permisos municipales para el Grand Casino, donde ya ha desaparecido Ricardo Villarreal de su consejo de administración, dejando como presidente y administrador único de la sociedad a su primo Víctor Adrián Anguiano Villarreal, quien a sus escasos 31 años de edad y sin experiencia empresarial previa, es el grave depositario de un compromiso millonario en dólares y dueño aparente del casino más lujoso de Guanajuato.
Con esos compañeros de partido, con legisladores y alcaldes como Villareal y Sheffield, quienes querían redimir al PAN de los pecados de Juan Manuel Oliva hasta hace no mucho, el presidente Calderón tiene mucho por limpiar en su propia casa, para poder tener posibilidades de éxito en la cruzada que inició y que hasta ahora no acaban de hacer suya el resto de los mexicanos.
Botepronto
Las historias circulares que ponen en evidencia a los actores políticos son la sal de una actividad que por lo demás nos depara demasiados sinsabores.
Este martes el regidor priista de León Salvador Ramírez Argote procedió a inconformarse con el proceso para renovar los consejos políticos estatal y municipales del partido tricolor, metiéndole ruido a un proceso que hasta ahora iba sobre ruedas.
Hasta allí normal. Chavita, como le conocen sus amigos, argumentó sobre la ilegalidad de las convocatorias, de la integración de los órganos que actuarán como árbitros en cada caso, así como de que se cobren las cuotas atrasadas de quienes aspiren al consejo.
Por si algo faltara, Ramírez Argote también demanda que se le reconozca su carácter de dirigente de la fantasmal Unidad Revolucionaria, el membrete que parece tenerlo como militante único, además de líder.
Ante esta situación, no faltaron los que trajeron a colación el papel de Chavita como secretario de la Comisión de Justicia Partidaria, en las épocas de Miguel Ángel Chico y Bárbara Botello dirigentes, cuando ante inconformidades parecidas respondía desechándolas por default.
Ya sonaba extraña tanta unanimidad o, quizá, indiferencia. Detrás del regidor la cúpula priista de José Luis González Uribe adivina la presencia de la secretaria adjunta Bárbara Botello, quien no obstante su cargo partidista sigue jugando a la guerra de guerrillas. A ver cómo les va.
