Van dos investigaciones internas de la Secretaría de la Gestión Pública, encabezada por Luis Ernesto Ayala, que tienen marcadas coincidencias: se centran en personajes cercanos al gobernador Juan Manuel Oliva y, antes de resolverse, son filtradas a medios de comunicación.
Más que una intensa campaña contra la deshonestidad pareciera una estrategia de posicionamiento político y, cómo no, una demolición calculada del todavía mandatario quien ha visto como se unen sus más feroces críticos con sus propios colaboradores.
No es algo nuevo en la recta final de un gobierno, donde los profesionales del deslinde preparan con frialdad el cambio de estafeta. Sin embargo, llama la atención lo anticipado del fenómeno en esta ocasión.
Probablemente algunos de los señalamientos de las auditorías sean precisos: desfalcos y hurtos de equipo, favoritismo, nepotismo; empero, al apuntar de manera escandalosa a funcionarios allegados a Oliva, incluso familiares, pintan un halo de corrupción sobre toda la administración que opaca cualquier otro logro, como el éxito nacional de la Expo Bicentenario.
¿A quién conviene una situación así? Desde luego, a los opositores a Oliva en el PAN, pero también a quienes en su propio equipo no comparten las soluciones para resolver la sucesión. La oposición partidista, aunque pueda estar de plácemes, no parece contar con los instrumentos para capitalizar el desprestigio y permanece como espectadora del fratricidio panista.
Una hipótesis se cierne en el aire y es por demás preocupante para la estabilidad del gobierno de Juan Manuel Oliva: la conspiración provendría del ala dura del Yunque, encabezada por Gerardo Mosqueda en la imaginaria, pero concretada al interior por personajes como Juan Carlos López, quien no termina de digerir su desplazamiento de Desarrollo Social para hacerle lugar a Miguel Márquez.
La ofensiva arrancó con la filtración del estudio de imagen que se habría mandado hacer Oliva a través de una empresa que le fue recomendada por Raúl Monjaraz, el ex coordinador de asesores también cesado y miembro conspicuo del Yunque.
En la divulgación de la auditoría al DIF, el segundo golpe político a Oliva, habría colaborado gustosamente quien tenía la responsabilidad de la confidencialidad de la investigación: Luis Ernesto Ayala, un yunquista descafeinado que esperaría beneficiarse del descontrol en la sucesión olivista.
Finalmente, la materialización de las filtraciones habría corrido a cargo del presidente del PAN de León y director del ISSEG, Miguel Salim, necesitado de mostrar su lealtad al Yunque y a quien obsesiona la posibilidad de un pacto entre Oliva y Ricardo Sheffield para vulnerar al Grupo de la Loma a cambio de la candidatura al Senado en 2012.
Llama la atención en el vigilante Ayala que, mientras aprieta tuercas a los olivistas de primera línea, le da una extraordinaria manga ancha a Salim, quien le roba cada vez más tiempo a la delicada misión de preservar y acrecentar los fondos de pensiones del estado, para dirigir al PAN de León y profundizar su pleito con Sheffield.
De no dar un manotazo en la mesa y recuperar el control político del equipo de gobierno, Oliva no deberá esperar a que su administración concluya para vivir su infierno personal. Ocurrirá ya y sus verdugos serán los hombres que él mismo encumbró.
