El abogado Diego Fernández de Cevallos ha sido una presencia determinante en la vida pública de país durante más de dos décadas. Ahí está, por ejemplo, su intervención en 1991 para culminar la ya casi olvidada “concertacesión” que derrumbó al candidato priista Ramón Aguirre de la gubernatura de Guanajuato para iniciar la era panista con el interino Carlos Medina Plascencia.
Siempre polémico, pero efectivo a más no poder, el litigante queretano transitó por el gobierno de Carlos Salinas como el político más influyente, sin perder su carácter de líder opositor. Culminó ese lance como un candidato presidencial de polendas que abandonó el escenario inopinadamente, después de haber mostrado que era capaz de ganar.
Ese episodio, lleno de claroscuros, concluyó con la designación del primer procurador de Justicia de oposición: su socio de despacho Antonio Lozano Gracia.
No ganó más el país con un procurador panista, pero sin duda inició una época próspera para los bufetes de abogados vinculados a Fernández de Cevallos, donde han tenido presencia algunos guanajuatenses que combinan el ejercicio de la jurisprudencia con la política: Salvador Rocha, en el PRI; Juan Miguel Alcántara, en el PAN.
Retirado de la política activa después de la llegada del PAN a la presidencia de la República con Vicente Fox, quien públicamente lo acusó de haber negociado con el PRI su derrota de 1994, Diego hizo otra de sus espectaculares reapariciones en el caso Ahumada, dentro del proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador, en la segunda mitad del sexenio foxista.
Fernández de Cevallos y Salinas de Gortari volvieron a aparecer juntos, como diez años atrás, en el vodevil de los videoescándalos del que fueron arquitectos. En el ínterin, el ex candidato presidencial panista continuó litigando y ganando casos millonarios en los tribunales, usando para ello tanto sus habilidades jurídicas, como su enorme capacidad de cabildeo.
Su nueva entrada en la escena pública, primero por la noticia de su secuestro y la secuela de siete meses de incertidumbre y rumores; y, ahora, por el desenlace de ese hecho y su presencia ante los medios con el mismo carácter histriónico y estentóreo, vuelve a hacer época.
Mostrando que no se encuentra afectado, que en realidad no es una víctima sino un luchador que sale adelante de otra prueba más fuerte que las enfrentadas en el pasado, Diego Fernández de Cevallos sigue enviando un mensaje equívoco a sus conciudadanos: el de la inexistencia de un estado de derecho y la prevalecencia de los más fuertes.
Así como este “duro de matar” ha hecho fortuna y ha tejido éxitos a su manera, combinando la maniobra política con los instrumentos legales; así, ahora sale adelante de un delito que no afecta sólo a los pudientes, sino que ya se ha generalizado y abaratado para afectar por igual a ricos y pobres y, lamentablemente, no siempre con finales felices como éste.
Diego Fernández no se escapó a la inseguridad que vivimos todos, pero su circunstancia ayudó a un desenlace que respetó su vida, aunque dañó su patrimonio. El alto impacto de su secuestro colocó en jaque al gobierno y dejó la negociación en manos de particulares, implicando una nueva sustracción al marco legal vigente.
El mal ejemplo cundirá y en el camino muchas vidas podrán perderse ante la proliferación de esta manera de hacer dinero fácil a costa de la privación de la libertad, pero por parte de bandas menos profesionales.
Con su actitud de desprecio al estado de derecho vigente y su apuesta por “el estilo personal”, tanto en su desempeño profesional como en sus momentos de crisis, líderes políticos como Salinas de Gortari y Fernández de Cevallos han conducido a este país a una regresión de décadas en su convivencia, en el que ha vuelto a ser una tierra de nadie donde la ley es letra muerta.
Las consecuencias del deterioro las sufrimos todos, pero las causas muchas veces ya no las vislumbramos. Y eso es algo que debe ser revisado.
