Arnoldo Cuellar

DÍAS DE GUARDAR Domingo 28 de noviembre de 2021

In Análisis Político, Días de Guardar, POPLab on noviembre 28, 2021 at 12:30 pm
Arte:@PincheEinnar

* Zamarripa resuelve políticamente el caso de Jorge Romero

* Alfaro y Gutiérrez, nuevo estilo que reta al machismo panista

* Vicente Esqueda, ombudsperson por compensación política

1.- Revictimización, el patrón de la fiscalía en la era Zamarripa

Otra vez, como ha sido recurrentes en los últimos años, la noticia política de la semana es Carlos Zamarripa Aguirre, el fiscal autónomo protegido por el PAN y blindado por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, quien mete las manos al fuego por él, pese a que en Guanajuato la impunidad no disminuye, los asesinatos bajan solo tangencialmente y el ministerio público es el reino de lo caprichoso e incierto.

Cuando la lumbre arreciaba en su arboladura por las críticas presidenciales y por el auge de la violencia, el fiscal de Guanajuato pareció usar políticamente la detención del diputado federal panista Jorge Romero Vázquez como el caso ideal para mostrar «imparcialidad».

Al ex líder juvenil y ex funcionario estatal panista se le vino el mundo encima cuando estaba a punto de tomar protesta y debutar en San Lázaro como legislador. Al enterarse de las acusaciones en su contra por violencia sexual contra una joven colaboradora de su equipo de campaña, ni Marko Cortés ni su tocayo Jorge Romero Herrera, cordinador de la bancada federal panista, quisieron saber del asunto y ordenaron al PAN Guanajuato que se presentara el suplente a tomar protesta.

La fiscalía de Guanajuato, como es casi normal, actuó con cierto dolo, al citar al diputado a una comparecencia de descargo y detenerlo en el acto para pedir cárcel preventiva. Todo indica que Zamarripa quería una acción espectacular y notas de portada, como finalmente fue.

Si tenía pruebas sólidas para fincar la acusación de violación espuria o no las tenía como lo reconoce ahora, ya es lo de menos. El fiscal de Guanajuato, totalmente fuera de control, decidió usar el caso para su beneficio personal y librar sus batallas de imagen, lo que deja claro que en Guanajuato se cuenta con una procuración de justicia no digamos politizada, sino personalizada en torno a un caudillo que pasa por encima de todas las instituciones, llámense Ministerio Público, procuraduría de derechos humanos o Poder Judicial.

Hoy, al parecer con sus objetivos logrados y más firme que nunca, con un gobernador que «mete las manos al fuego por él», Carlos Zamarripa ha decidido que puede ser clemente con el presunto violador, que puede abandonar a la víctima sin consecuencias y rehacer sus redes políticas en el PAN.

Como ha dicho la activista Verónica Cruz, quien ha sido una supervisora permanente de la fiscalía en esa materia y que ha tenido importantes logros venciendo resistencias iniciales para liberar a mujeres presas por abortar y lograr prisión para perpetradores de violencia contra mujeres, el sistema de procuración de justicia se está «enlodando» innecesariamente y retrocediendo mucho de lo que habían avanzado.

Eso no parece importarle a Carlos Zamarripa, quien fiel a su estilo de burócrata imperial, hace y deshace en base a sus muy personales coyunturas, como ya se vio en el crecimiento del cartel de Santa Rosa de Lima bajo sus ojos y en la posterior guerra desatada contra sus huestes cuando se le convirtieron en un dolor de cabeza. O como cuando negaba cínicamente las desapariciones en Guanajuato y escondía bajo la alfombra todas las evidencias de las fosas hasta que las familias de los desaparecidos tomaron varillas y palas para ir a buscar por su cuenta.

Pese a contar con una procuración de justicia atada a los intereses de un solo individuo, que pacta con un partido político cada vez más inerme y sometido y que sigue acordadando con el ex gobernador Miguel Márquez, en Guanajuato ni la oposición ni los organismos de la sociedad civil, incluyendo los de profesionales del derecho, logran articular una oposición consistente a un estado de cosas que linda ya con el desastre.

Tenemos, en materia de justicia, lo que hemos permitido como sociedad desmovilizada y conformista. Nos lo comeremos con el pan de cada día.

2.- Machismo político se ve retado por la irrupción de las alcaldesas

Los cambios en política no obedecen a planes, sino a circunstancias. La llegada de dos alcaldesas a los principales municipios de Guanajuato, militantes del PAN, empieza a sacudir a este partido político en sus usos ancestrales y su nada oculta misoginia.

Tanto Alejandra Gutiérrez como Lorena Alfaro son políticas cuajadas en su paso por cargos administrativos y legislativos. Su experiencia rebasa a la de muchos de sus colegas varones, pero ha sido difícil que se los reconozcan.

Diego Sinhue Rodríguez decidió apostar por una apertura que le venía urgiendo a su partido para ponerlo mínimamente al día, tras las fuertes resistencias de un político patriarcal como su tutor Miguel Márquez.

Empero, la apuesta parecía ir por el lado de la cosmética política, con mujeres como mascarones de proa pero acotadas en sus decisiones y sus equipos por instrucciones a trasmano desde el centro de poder estatal, como fue el caso en las áreas de seguridad de ambos municipios.

Sin embargo, poco a poco las dos alcaldesas han empezado a mostrar que no están de adorno y que quieren marcar nuevos caminos en la tradicional política panista del estado.

Empezó más tempranamente Alejandra Gutiérrez, con sus claros desmarques a decisiones patrimonialistas de Héctor López Santillana, como fue la condonación de impuestos al club campestre y la venta del kínder al prestanombres de Gabriel Padilla, situaciones por demás indefendibles.

La decisión de la alcaldesa de León de recibir a las manifestantes de las organizaciones feministas esta semana, abriendo el salón de Cabildos y estableciendo un diálogo franco y respetuoso, establece una distancia fundamental con la cerrazón y el exclusivismo de Santillana que solo tenía tiempo para escuchar peticiones y hacer favores a empresarios.

Lorena Alfaro, por su parte, arregló también mediante el diálogo el descompuesto panorama que heredó en relación con la edificación de la nueva torre médica de Irapuato.

Después salió a hacer pública la sequía de recursos en la que recibió la tesorería municipal, lo que también significó un deslinde con Ricardo Ortiz, quien acusó el golpe públicamente.

La situación que se dibuja en la política estatal con el accionar de ambas presidentas municipales emieza a prender focos rojos en el cuarto de guerra estatal que encabeza Juan Carlos Alcántara.

Cuando la figura de Sinhue sigue son consolidarse y se tambalea en las encuestas el surgimiento de poderosas figuras femeninas que empeizan a hacer política por su cuenta y que han mostrado una decisión de volar solas, no parece la mejor noticia para la estrategia del hidalguense avecindado en Guanajuato.

Charly Alcántara sabe que la sucesión de Diego no está gobernada y que entre la intromisión constante de Miguel Márquez y la irrupción de nuevas figuras con mando territorial y mapas de relaciones que no se limitan al estado, puede crear la tormenta perfecta.

Serán tiempos de rechinar de dientes y crujir de huesos.

3.- Derechos humanos, premio panista, como suponíamos

Con transparencia digna de mejor causa, el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez, dejó claro en la entrevista que sostuvo con este medio la semana que pasó, el carácter de premio político de compensación que tuvo el nombramiento de Vicente Esqueda Méndez al frente de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato.

La necesidad de superar la política de tribus o facciones que se propuso el mandatario y que se reflejó en mantener la diputación federal de Fernando Torres Graciano o la local de Miguel Salim, tuvo otra de sus soluciones en la decisión de los diputados panistas de colocar a Esqueda al frente de la PRODHEG.

La situación es absolutamente contraria al espíritu que animó la creación de una oficina de defensor del pueblo en Guanajuato.

Allí se explica también la patente de corso que el propio Esqueda ha tenido para llenar de panistas la procuraduría como lo mostró ya una investigación de Poplab.

Se vive la peor época de la política de derechos humanos en Guanajuato, con un perfil no solo partidista sino sectario y se pone en evidencia la debacle moral del panismo que ya sin ninguna idea de gobienro humanista a lo único que aspira es a mantener las chambas, los sueldos elevados y las prebendas.

Lo más grave es que esto ocurre justo cuando la entidad se sumerge en una guerra entre bandas criminales, un desplome de la integridad de las instituciones de seguridad y procuración de justicia y el crecimiento de agresiones contra la población de toda índole.

Qué paradoja, cuando más se requiere una institución fuerte que salga a dar la cara por la sociedad, el gobierno panista decide convertir la política de protección a los derechos humanos en moneda de cambio para restablecer pactos partidistas.

Más grave es que nadie en el PAN tenga una observación sobre este deterioro.

¿Ya también para el PAN de Guanajuato la moral es solo un árbol que da moras?

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