Arnoldo Cuellar

La justicia soy yo

In Análisis Político, POPLab on agosto 9, 2021 at 10:13 pm
Imagen original: Milenio/Intervención: Juanjo L. Plascencia

En una cómoda entrevista para dar salida a cuestionamientos que se han prolongado por meses, el fiscal del estado Carlos Zamarripa le dijo al director de Milenio León que hay una «campaña de desprestigio» contra la institución que encabeza, para señalar en seguida: «yo no sé quién tenga interés de que dejemos de combatir al crimen, me parece que solamente serían los criminales.» 

En este razonamiento del hombre más poderoso de Guanajuato, la crítica a su trabajo, que proviene no solo de periodistas o políticos (baste ver las redes sociales cuando da mensajes), tendría el interés perverso de sabotear su trabajo y abonar al clima de inseguridad en Guanajuato.

No es extraño, al contrario, es muy común en la mentalidad autoritaria convertir a los críticos en enemigos no del personaje, sino de su alta misión. 

Para empezar, Carlos Zamarripa asume que está teniendo un alto desempeño en la tarea de combatir la impunidad y sancionar el creciente fenómeno delictivo de la entidad. La premisa es falsa y esa mentira es la que ha despertado una gran inconformidad hacia el trabajo de los mandos de la seguridad en Guanajuato.

A lo largo de los últimos doce años la inseguridad, la violencia y los delitos han crecido de forma incontenible en Guanajuato.

Primero fue el robo de combustible que pasó de 0 a 100 en unos cuantos años sin que nadie lo combatiera ni advirtiera a la sociedad de los peligros que conllevaba. Siguieron los asesinatos vinculados a la lucha por las ganancias de ese negocio fabuloso, después vinieron las extorsiones, el cobro de piso y, ahora, el tráfico de drogas y el creciente consumo entre los guanajuatenses, sobre todo los más jóvenes.

Mientras eso pasaba, ¿dónde estaban el fiscal Carlos Zamarripa, los últimos doce años, y el secretario de seguridad Alvar Cabeza de Vaca, los últimos 9 años? Probablemente comiendo en los mejores restaurantes con los empresarios a los que distinguen con su amistad.

Las críticas al fiscal y al secretario comenzaron a subir de tono en la opinión pública a lo largo de los últimos 4 años, cuando a los delitos de corte económico se sumó la violencia sangrienta, las ejecuciones, las masacres.

¿Alguien se opuso a que ambos funcionarios realizaran su trabajo, alguien los ató de manos, los frenaron los políticos de los que dependían? 

Parece que no. Les fue concedido todo lo que pidieron: 3 mil millones de pesos de fibra óptica, cámaras y arcos carreteros; un edificio inteligente para sus juguetes tecnológicos; un búnker con helipuerto, auditorio y amenidades diversas; centro de control de confianza; mejores sueldos para las policías y grupos de élite; laboratorios de vanguardia; helicópteros y drones.

Ha habido dinero público, aportaciones empresariales y cuantiosos donativos norteamericanos, a través de la Iniciativa Mérida.

Sin embargo, la incidencia delictiva no cede, la violencia tiñe las calles, los periódicos hacen malabares con el conteo de muertos al mismo tiempo que tratan de justificar al fiscal y al secretario.

Y frente a ese estado de cosas, donde resulta evidente que el estado de Guanajuato no se encuentra bien, que su paz está perdida y que sus dirigentes no se hacen cargo de reconocerlo y de trazar un plan para enfrentarlo, Zamarripa no encuentra más enemigo para fustigar que la crítica a su desempeño, la que él llama «campaña de desprestigio».

El argumento sería risible si no fueran de por medio tantas cosas. ¿Qué podemos pensar sobre el argumento del fiscal? ¿Estará más preocupado de aquí en adelante por contrarrestar a sus críticos que por mejorar su desempeño? ¿Volverá una cuestión de guerra la defensa de su imagen?

Está claro que la fama de Zamarripa, como la del gobierno que lo respalda, no está en cuestión por los señalamientos desde la sociedad, sino por su falta de resultados. Sería relativamente fácil enfocar el problema: la fiscalía y el gobierno del que forma parte elevarían considerablemente sus bonos si lograran un programa eficiente de combate a la inseguridad, un camino para dar tranquilidad a la sociedad.

Si Zamarripa lograse abatir los niveles de violencia mediante la captura de los delincuentes que se han robado la paz de nuestra sociedad, hasta su inverosímil periodo de ejercicio del poder pasaría a segundo término. Pero no ha sido así y a la ineficacia se suman no solo la desproporcionada continuidad, sino la insultante soberbia.

Carlos Zamarripa no debe equivocarse: ni él es la justicia, ni sus críticos son el problema.

Ocurre más bien lo contrario: su deficiente actuación es el problema, la crítica es apenas una mínima reacción social frente a una incompetencia que se niega a reconocerse y que por ello no puede enderezarse. 

Y mientras siga así, la justicia y la paz estarán lejos de nosotros. Por eso habrá que seguir trabajando horas extras.

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