* El control de Márquez sobre Diego es también económico

* La renuncia de las diputadas del PRI a la equidad de género

* Antes regalaban notarías ahora cargos de cronista municipal

1.- Las computadoras de Ditecma, el largo brazo de Miguel Márquez

El escándalo por la compra en vía rápida de 100 mil computadoras portátiles para el sistema educativo de Guanajuato, no amaina, pese al control ejercido por el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez en la mayoría de los medios y en las organizaciones del sector empresarial que han bajado como nunca su perfil crítico en Guanajuato.

En otras circunstancias sería una afrenta que el gobierno comprara a una empresa de escasa trayectoria, sospechosa de beneficios indebidos en la administración pasada y que solo es un intermediario para la importación de un lote de maquinas de importación desde China, donde habrá escasas posibilidades de controlar la calidad y de garantizar el producto.

A ese paso, Ditecma podría proveer todo, no solo tabletas y computadoras, habida cuenta de que solo es un broker dedicado a cazar oportunidades. Una “empresa” que tiene unas oficinas desatendidas en un bloque de departamentos, sin mayores activos, a la cual el gobierno le confía un pedido de 900 millones de pesos, huele indiscutiblemente mal.

No es lo único que preocupa en esta compra, pues el destino de las “laptops” tampoco parece muy conveniente para los objetivos de un buen gobierno. Pretextando argumentos de inclusión digital, el gobierno panista pretende repartir las computadoras durante el ciclo escolar del próximo año, justo en el momento que están por iniciarse las campañas políticas para la renovación de alcaldías y del Congreso local. ¿Casualidad? Todo indica que no. Dinero público destinado a impactar la decisión del sufragio.

Sin embargo, ni la posible corrupción por compra amañada ni el uso de recursos públicos para intervenir en la decisión del electorado, parecen los aspectos más preocupantes de esta cuantiosa inversión en tiempos de pandemia.

Lo más delicado es la permanencia del mismo proveedor que ya hizo negocios similares con el exgobernador Miguel Márquez Márquez, con la venta de tabletas digitales que también pretendían la inclusión digital y cuyos resultados nunca fueron evaluados, pero que a juzgar por las dificultades producidas durante la pandemia para las clases en línea, sirvieron de muy poco.

Mucho se ha hablado del maximato político que se ha constituido en Guanajuato, con un ex gobernador que es una presencia prominente en el nuevo gobierno, que mantiene a familiares en la administración y que logró que permaneciera más de la mitad de su gabinete, además de que la mayor parte de los alcaldes y diputados le deben el cargo.

El colmo de esa situación es que además de la hegemonía política, Márquez ejerza sobre Diego una hegemonía económica, lo cual cobra fuerza por el secretario de Finanzas designado por el nuevo gobernador, Héctor Salgado Banda, que es otro ex colaborador de su antecesor, con quien fue director del ISSEG, por influencia y recomendación del famoso compadre Rafael Barba Vargas.

Miguel Márquez, quien no tuvo empacho en despojarse de cualquier influencia de Juan Manuel Oliva, obligado al autoexilio desde la misma campaña, ahora mantiene un control de hierro sobre su delfín.

Habrá que recordar que Miguel Márquez intervino en la decisión del interinato de Héctor López Santillana en la primavera de 2012, al pedir licencia Oliva para asumir un cargo partidista en México. Su decisión de construir y empujar la candidatura de Sinhue lo consolida como un factor de poder extrasexenal, un fenómeno político nunca vivido en Guanajuato.

La anomalía política se ha normalizado y la aceptan con naturalidad medios, organismos intermedios y líderes de opinión, partidos “opositores”, para desdoro, desestabilización y deformación de las instituciones democráticas de Guanajuato.

Así, la entidad cuna de ilustres abogados, constitucionalistas y teóricos del estado, ve como la realidad regresa al fenómeno del “hombre fuerte”, algo que creíamos congelado en el pasado.

2.- La equidad de género, batalla que no admite retrocesos

En México la desigualdad de género en la vida pública es un fenómeno presente, apabullante. Apenas en 1955, cuarenta y cinco años después de la primera revolución social del siglo XX, las mujeres mexicanas pudieron votar por primera vez. Sin embargo, fue hasta 1979, cuatro sexenios después, que una mujer fue postulada para una elección de gobernador, en Colima.

El avance ha sido demasiado lento. El patriarcado tiene uno de sus escenarios más consolidados en el espacio político, casi igual que en el ámbito religioso en el caso de la fe católica, mayoritaria en nuestro país.

Y aunque en el resto de la sociedad las mujeres se hacen presentes cada vez con mayor fuerza, en el caso de la política aún vemos retrocesos.

La paridad de género lograda para los cargos de legisladores y de alcaldes ha sido manejada por los partidos, casi todos ellos en manos de dirigencias masculinas, como un obstáculo a sortear y no como una oportunidad para consolidar la igualdad.

Lo peor viene cuando las propias mujeres renuncian a sus derechos por esquemas de sometimiento del pasado más ignominioso.

Hace tres años varias aspirantes panistas a las candidaturas para las alcaldías fueron desplazadas de último minuto por conveniencias políticas. Una de ellas que hoy nuevamente se ha postulado para el mismo cargo, Alejandra Gutiérrez, se quejó de “violencia política de género”, aunque su denuncia solo quedó en el terreno mediático.

Ha sido necesaria la constante modificación de las normas de paridad para impedir que las dirigencias de los partidos releguen a las mujeres a los municipios que tienen perdidos o a los de menor tamaño.

Sin embargo, los mayores retrocesos provienen de la autorenuncia de las mujeres a ocupar los espacios que les corresponden por ley y por lo que mucho se ha pugnado en luchas difíciles a lo largo del tiempo.

Así ocurrió esta semana en la bancada del PRI en el Congreso local, cuando a un líder varón lo sustituyó otro del mismo género, en un grupo conformado por dos hombres y dos mujeres.

Lo peor no fue el acuerdo entre los dos diputados, sino la renuncia explícita de las legisladoras Celeste Gómez y María Guadalupe Guerrero a ejercer su derecho a ocupar el espacio de liderazgo por el pueril argumento de “la falta de experiencia”.

Desde luego, el PRI no es precisamente un partido que haya hecho vanguardia en la batalla por la igualdad a lo largo de su historia. Lo admirable es que sigan sin aprender.

3.- Cronista vitalicio de León, un amigo del gobernador Sinhue

El periodista Luis Alegre Vega aprovechó su cercanía personal con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para conseguir un trabajo de por vida nada desdeñable: el puesto de cronista vitalicio de León, la mayor del estado, con un salario de 65 mil pesos mensuales, pese a no contar con estudios profesionales de historiador y con el único antecedente de devaneos periodísticos sobre episodios y lugares de la mayor ciudad del estado.

De no haber sido por la circunstancia de la amistad con el mandatario, del que fungió como asesor en redes sociales durante su campaña, con un generoso contrato de 1.2 millones de pesos por tuitear y postear, se antoja muy complicado que su bagaje profesional le hubiera dado el plus para aspirar al cargo vitalicio, donde tendría que pesar fundamentalmente una sólida obra publicada sobre el tema histórico.

A Alegre le bastaron algunos artículos periodísticos y un libro oportunamente publicado en estos mismos días por parte del Instituto Cultural de León, sobre la época virreinal de la ciudad titulado con nitidez: “Piezas Sueltas”.

Esa pedacera y la voluntad del gobernador fueron suficientes para la mayoría panista del ayuntamiento de León y hasta los regidores de oposición, cuyos partidos fueron cultivados por Alegre en su etapa de editor de revistas de actualidad política.

Resalta el voto de la primer síndico Leticia Villegas Nava por otro de los aspirantes, Gustavo Hernández Robledo; y la abstención del regidor Salvador Sánchez Romero, quien argumentó conflicto de interés.

Las obligaciones del cronista están plasmadas en la Ley Orgánica Municipal y en el reglamento del municipio y no son menores. Además, el cargo es removible si así lo decide el ayuntamiento por causa justificada.

La presencia de un cronista con las características públicas de Alegre, quien los últimos años ha sido asesor y consejero de políticos como Ricardo Sheffield y Bárbara Botello, hará más que visible el cargo y el cumplimiento de sus funciones. Estaremos atentos.